FORMULA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOBBY (Boletín N° 6189-06).
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SANTIAGO, 18 de mayo de 2012

Nº 021-360/

Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL

PRESIDENTE

DE LA H.

CÁMARA DE

DIPUTADOS.
Tengo el honor de someter a vuestra consideración la indicación que más adelante se señala, que tiene por objeto sustituir el texto del proyecto de ley de la referencia.
I. FUNDAMENTOS

Chile ha experimentado en las últimas décadas progresos verdaderamente notables tanto en su situación económica y social como en la calidad de sus instituciones políticas. Pero en cada una de esas áreas queda todavía mucho por hacer para alcanzar los estándares propios de los países desarrollados y satisfacer, a la vez, de modo sustentable las aspiraciones legítimas de nuestra ciudadanía.
Así, entre otras cosas, realizamos una exitosa transición a la democracia, marcada por acuerdos amplios que han dado lugar a una paulatina pero constante mejora y hacen posible un prolongado período de estabilidad institucional.
Sin embargo, la reducción de la participación electoral, la baja confianza en las instituciones políticas que muestran los sondeos de opinión y la búsqueda de vías alternativas para canalizar las demandas sociales nos alertan con claridad acerca de la necesidad de seguir perfeccionando y profundizando nuestra democracia.
Es fundamental para un desarrollo sostenible que las instituciones políticas sean ampliamente apreciadas como los instrumentos apropiados para hacer converger visiones e intereses disímiles y a menudo contrapuestos, en políticas y normas encaminadas al bien común. Para conseguir aquello es necesario recuperar la confianza en tales instituciones, lo que, a su turno, se logra transitando simultáneamente por dos caminos: volver a nuestra democracia más participativa y más transparente.
El Gobierno de Chile ha enviado al Congreso Nacional, en el curso del actual período presidencial, más de una decena de proyectos de ley con tales propósitos. Entre los que buscan mejorar las actuales vías de participación o crear nuevas, destacan el que establece un sistema de inscripción electoral automática -ya convertido en ley-, el que perfecciona la regulación de los plebiscitos comunales, el que dispone la elección directa de los Consejeros Regionales y el que instaura un sistema de primarias organizadas y financiadas por el Estado para la selección de candidatos a cargos de elección popular. Entre los que buscan incrementar la transparencia en el ámbito estatal resalta especialmente el proyecto de ley sobre probidad pública.
Pero aún hay asignaturas pendientes y una de las más relevantes es conseguir transparencia en la práctica de la actividad del lobby y, más ampliamente, en la realización de gestiones que representen intereses particulares ante órganos del Estado.
Esto es de la máxima importancia. Las decisiones que adoptan los entes públicos no sólo admiten distintas valoraciones a partir de diferentes perspectivas políticas y filosóficas. También afectan intereses muchas veces contrapuestos de diversas personas, grupos y entidades. Todos ellos tienen derecho a que sus puntos de vista sean escuchados y tomados en cuenta en los procesos deliberativos respectivos. Las autoridades deben, por lo mismo, oírlos. Pero deben hacerlo siguiendo tres principios muy relevantes. Primero, que todos los afectados cuenten con igual oportunidad para dar a conocer sus opiniones. Segundo, que la autoridad, luego de sopesar todos los intereses en juego, decida de un modo justificado estrictamente en lo que aprecia como el bien común de la sociedad. Y para que esos principios se cumplan es necesario que la ciudadanía tenga a su disposición información sobre las gestiones que se realizan ante las autoridades públicas en representación de intereses particulares. Y, tercero, la transparencia en estas actividades también contribuye a que las autoridades competentes puedan adoptar mejor las decisiones correspondientes, ya que cuentan con mayor información, más completa y de todas las partes interesadas, contribuyendo también, de esta manera, a un mejor y eficiente ejercicio de la función pública. De ese modo, el proceso de adopción de las decisiones públicas podrá hacerse más transparente. Ese es precisamente el propósito de esta indicación sustitutiva y del proyecto de ley en que ella recae.
II. ANTECEDENTES

El Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional el 5 de noviembre de 2003, por primera vez, un proyecto de ley destinado a regular el lobby (boletín 3407-07), el que, luego de pasar por tres trámites constitucionales y un veto presidencial, detuvo finalmente su tramitación el 11 de septiembre de 2008.
Poco después, el 5 de noviembre de 2008, el Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto de ley (boletín 6189-06), que incorporaba observaciones que parlamentarios y especialistas habían hecho presentes durante la tramitación del anterior. Dicho proyecto de ley se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, a la espera del primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social de esa corporación.
Respecto de ese proyecto, cuya tramitación se encuentra paralizada desde julio de 2009, y teniendo en cuenta los puntos de consenso que existen en el articulado en actual tramitación, el Gobierno de Chile formula ahora la presente indicación sustitutiva.
Asimismo, se han presentado una serie de mociones sobre la materia que también han sido consideradas en esta indicación, entre ellas, las siguientes:
a) Modifica la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a fin de impedir y sancionar el acceso privilegiado de grupos de presión o de lobby a la autoridad, Boletín N° 3337-07, presentado por los diputados Rodrigo Alvarez Zenteno, Mario Bertolino Rendic, Marcela Cubillos Sigall, Pablo Galilea Carrillo, Cristián Leay Morán, Pablo Longueira Montes, Iván Moreira Barros, Carlos Recondo Lavanderos, Felipe Salaberry Soto y Mario Varela Herrera.
b) Regula el "lobby", en el contexto de la agenda de modernización del Estado, Boletín N° 3498-07. Esta moción la presentaron los diputados Marcela Cubillos Sigall, Marcelo Forni Lobos y Nicolás Monckeberg Díaz.
c) Reforma la Constitución Política de la República impidiendo la realización de "lobby" a favor de gobiernos extranjeros, Boletín N° 4621-07. Sus autores son los diputados Pablo Lorenzini Basso, Laura Soto González, Jorge Tarud Daccarett y Patricio Walker Prieto.
d) Establece como contravención al principio de probidad, la intervención o cabildeo ante jueces y funcionarios judiciales en favor de la postura del Fisco o de funcionarios o autoridades implicados en ilícitos, en juicios pendientes de fallo, Boletín N° 6291-06 , del senador Alejandro Navarro Brain.
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Ampliación del ámbito de aplicación
En virtud de esta indicación sustitutiva, aunque la definición de lobby se mantiene con muy pocas alteraciones, el ámbito de aplicación de la ley propuesta resulta ampliado de tres modos diferentes.
En primer lugar, se elimina la lista de entidades cuyas actividades no se consideraban lobby. Entre tales entidades figuraban las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, los sindicatos, las cooperativas, las iglesias y organizaciones religiosas, las comunidades y asociaciones indígenas, las asociaciones gremiales de pequeños empresarios, microempresarios y artesanos, los clubes deportivos, las asociaciones juveniles y las asociaciones culturales sin fines de lucro.
En segundo lugar, la ley no se restringe sólo al lobby, sino a toda gestión que represente intereses particulares ante las autoridades públicas que señala, definiéndose lo que se entiende por este tipo de gestiones. Por lo mismo, se propone cambiar el epígrafe de la ley por el de “Proyecto de ley de transparencia en la actividad del lobby y gestiones que representen intereses particulares”.
Por último, entre las actividades reguladas por la ley se incluyen aquéllas destinadas a que no se adopten las decisiones y actos señalados en el proyecto, es decir, el lobby y las gestiones que, en representación de intereses particulares, buscan la omisión de un acto o decisión y no sólo las que persiguen su dictación o adopción.
2. Lista de sujetos pasivos
Se efectúan algunos cambios en la lista de autoridades y funcionarios que pueden ser sujetos pasivos de lobby u otras gestiones que representen intereses particulares.
Así, se incorporan nuevas autoridades, tales como los directores regionales de los servicios; los encargados de las adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto; el Fiscal Nacional y Fiscales Regionales; entre otros.
Asimismo, respecto de la Administración Centralizada y Descentralizada, se establece que mediante resolución del jefe superior del servicio, anualmente se determinará a los jefes de gabinete y a las personas que, en razón de su función o cargo, tengan atribuciones relevantes, por la cual reciban una remuneración regular, que estarán sujetos a esta ley. Ello, independiente de su forma de contratación.
Por otra parte, respecto de los otros órganos e instituciones que están sujetos a esta ley, también se establece la posibilidad de establecer mediante resolución qué otras autoridades y funcionarios, serán considerados sujetos pasivos para efectos de esta ley cuando, en razón de su función o cargo y por tener atribuciones decisorias relevantes, es recomendable, para efectos de transparencia, someterlos a esta normativa.
3. Foco en las actividades de las autoridades y funcionarios
En esta indicación sustitutiva, el foco de atención se desplaza desde los lobbystas hacia las autoridades y funcionarios que pueden ser sujetos pasivos de lobby o de otras gestiones que representen intereses particulares.
Por lo anterior, se eliminan los registros de lobbystas, como también las obligaciones y prohibiciones de éstos.
Consistente con lo anterior, los instrumentos que se prefieren para conseguir la transparencia de las actividades que el proyecto regula son los registros públicos de agenda de los sujetos pasivos.
4. Registros públicos de agenda
En estos registros las autoridades y funcionarios que están en la lista de sujetos pasivos deberán estampar, por una parte, todas las audiencias y reuniones sostenidas con las personas que realicen lobby y gestionen intereses particulares, indicando especialmente el lugar, la fecha y la materia tratada. Y, por otra, los viajes realizados por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones, mencionando especialmente el destino del viaje, su objeto, el costo total y la persona jurídica o natural que lo financió.
Dichos registros se publican en el sitio web al que pertenece el sujeto pasivo respectivo, junto con la restante información que debe publicarse por transparencia activa, pero, además, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia pondrá a disposición del público toda esta información en un solo sitio web, de modo de asegurar un fácil y expedito acceso a la misma.
5. Sanciones
El proyecto, por último, prevé sanciones para las autoridades o funcionarios que no registren la información a que están obligados o que lo hagan de manera inexacta o falsa.
De este modo, se ofrece una solución sensata, justa y eficaz para incrementar la transparencia en la adopción de las decisiones de muchos entes públicos, permitiendo así a los ciudadanos cautelar que ellas tengan en cuenta todos los intereses involucrados y se orienten hacia el bien común de la sociedad.
En consecuencia, en uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación sustitutiva al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
1) Para reemplazar el epígrafe del proyecto de ley, por el siguiente ““PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL LOBBY Y GESTIONES QUE REPRESENTEN INTERESES PARTICULARES”.
2) Para sustituir íntegramente el texto del proyecto de ley, por el siguiente:
“TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°.- Esta ley regula la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia en las relaciones con el Estado y sus organismos.
Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
1) Lobby: aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, respecto de las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos de los órganos de la Administración del Estado o del Congreso Nacional, y de los demás organismos del Estado, que se indican en los artículos 3° y 4°.
2) Gestión de interés particular: aquella gestión o actividad ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, respecto de las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar sujetos pasivos de los órganos de la Administración del Estado o del Congreso Nacional, y de los demás organismos del Estado, que se indican en los artículos 3° y 4°.
3) Registros de agenda pública: registros de carácter público, en los cuales los sujetos pasivos deben registrar la información establecida en el artículo 8°.
4) Interés particular: cualquier propósito o beneficio, sean o no de carácter económico, de una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de una asociación o entidad determinada.
Artículo 3°.- Para efectos de esta ley son sujetos pasivos los ministros, subsecretarios, jefes de servicios, los directores regionales de los servicios públicos, los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los embajadores.
Asimismo, también estarán sujetos a las obligaciones que esta ley indique, los jefes de gabinete de las personas individualizadas en el inciso precedente, si tuvieren; así como las personas que, en razón de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes y reciban por ello regularmente una remuneración. Todos ellos cualquiera sea su forma de contratación. Anualmente, mediante resolución del jefe superior del servicio respectivo, se individualizará a las personas que se encuentren en esta calidad.
Artículo 4°.- Son también sujetos pasivos de esta ley, aquellas autoridades y funcionarios indicados a continuación:
1) En la Administración Regional y Comunal: los consejeros regionales, los alcaldes y los concejales.
2) En la Contraloría General de la República: el Contralor General y el Subcontralor.
3) En el Banco Central: el Presidente, el Vicepresidente y los consejeros.
4) En las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública: los Comandantes en Jefe, Directores Generales y Generales Directores, el Jefe y Subjefe del Estado Mayor Conjunto y los encargados de las adquisiciones. En este último caso, anualmente y mediante resolución del jefe superior de la institución respectiva, se individualizarán los funcionarios que ocupen dicho cargo.
5) En el Congreso Nacional: los diputados, senadores y los asesores permanentes de los parlamentarios. Estos últimos serán determinados anualmente mediante acuerdo de las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria.
6) En el Ministerio Público: El Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales.
7) Los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, del Consejo Directivo del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Consejo de Alta Dirección Pública, del Consejo Nacional de Televisión, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los integrantes de los Paneles de Expertos creados en la ley N° 19.940 y en la ley N° 20.378 y los integrantes del Panel Técnico creado por la ley N° 20.410; sólo en lo que respecta al ejercicio de sus funciones.
Las instituciones y órganos a los que pertenecen los sujetos pasivos indicados en este artículo, podrán establecer mediante resoluciones o acuerdos, según corresponda, que otros funcionarios sean considerados sujetos pasivos para efectos de esta ley, cuando en razón de su función o cargo y por tener atribuciones decisorias relevantes, es recomendable, para efectos de transparencia, someterlos a esta normativa. Dichas personas deberán ser individualizadas anualmente por resolución de la autoridad competente.
Artículo 5°.- Las actividades reguladas por esta ley son aquellas destinadas a obtener las siguientes decisiones:
1) La elaboración, dictación, modificación o derogación de actos administrativos, proyectos de ley y leyes, como también de las decisiones que adopten los organismos del Estado mencionados en el inciso primero del artículo 4°.
2) La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas las comisiones permanentes y especiales de cada una de sus Cámaras, así como de sus comisiones mixtas.
3) La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los órganos de la Administración del Estado o del Congreso Nacional y que sean necesarios para su funcionamiento.
Asimismo, se comprenden dentro de las actividades reguladas por esta ley aquéllas destinadas a que no se adopten las decisiones y actos señalados en los numerales precedentes.
Artículo 6°.- No obstante lo señalado en el artículo precedente, no están reguladas por esta ley:
1) Las manifestaciones realizadas con ocasión de una reunión o asamblea de carácter público.
2) Toda declaración o comunicación hecha por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones.
3) Toda petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de tramitación de un determinado procedimiento administrativo.
4) La información entregada a una autoridad pública, quien la ha solicitado expresamente para efectos de realizar una actividad o adoptar una decisión, dentro del ámbito de su competencia.
5) Las presentaciones hechas formalmente en el contexto de un procedimiento administrativo, por una persona, su cónyuge o pariente hasta el tercer grado por consanguinidad y segundo de afinidad en la línea recta y hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad en la colateral, con el fin de obtener beneficios de carácter social, como los previsionales, de salud o de empleo, siempre que no se solicite la adopción, modificación o derogación de normas legales o reglamentarias, ni el cambio de resultados de procesos administrativos o de selección.
6) Las asesorías contratadas por órganos públicos y parlamentarios, realizadas por profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga; así como las invitaciones que dichas instituciones extiendan a cualquier funcionario de un órgano del Estado.
7) Las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas ante una comisión del Congreso Nacional, sea ésta permanente, especial o mixta, así como la presencia y participación verbal o escrita en alguna de ellas de profesionales de las entidades señaladas en el número precedente, lo que, sin embargo, deberá ser registrado por dichas comisiones.
8) Las invitaciones por parte de funcionarios del Estado y de parlamentarios para participar en reuniones de carácter técnico a profesionales de las entidades señaladas en el número 6).

TITULO II
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Artículo 7°.- Créanse los siguientes registros de agenda pública en los que deberá publicarse la información señalada en el artículo 8°:
1) Los registros a cargo del órgano o servicio al que pertenece el respectivo sujeto pasivo indicado en el artículo 3° y en los numerales 1), 4) y 7) del artículo 4°.
2) Un registro a cargo de la Contraloría General de la República, en el que deberá registrarse la información relativa a los sujetos pasivos indicados en la letra 2) del artículo 4°.
3) Un registro a cargo del Banco Central, en el que deberán registrar la información los sujetos pasivos indicados en la letra 3) del artículo 4°.
4) Dos registros, cada uno a cargo de las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria en los que deberá registrarse la información por los sujetos pasivos señalados en la letra 5) del artículo 4°.
5) Un registro a cargo del Ministerio Público, en el que en el que deberá registrarse la información por los sujetos pasivos indicados en la letra 6) del artículo 4°.
Artículo 8°.- Los registros de agenda pública establecidos en el artículo anterior deberán consignar:
1) Las audiencias y reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5°.
En dichos registros se deberá indicar, en particular, la persona, organización o entidad con quien se sostuvo la audiencia o reunión, el lugar y fecha de su realización y la materia específica tratada.
2) Los viajes realizados por alguno de los sujetos pasivos establecidos en esta ley, en el ejercicio de sus funciones.
Deberá publicarse en dicho registro el destino del viaje, su objeto, el costo total y la persona jurídica o natural que lo financió.
Se exceptuará de esta obligación aquellas reuniones, audiencias y viajes cuando su publicidad comprometa el interés general de la Nación o la seguridad nacional. De éstos se rendirá cuenta anual, en forma reservada, a la Contraloría General de la República, directamente a través del Contralor General o de quien éste delegue.
Artículo 9°.- La información contenida en los registros a que se refiere el artículo 7° será publicada y actualizada, al menos una vez al mes, en los sitios electrónicos a que hace referencia el artículo 7° de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
Asimismo, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia pondrá a disposición del público estos registros, debiendo asegurar un fácil y expedito acceso a los mismos.
El reglamento y demás normativas a que hace referencia el artículo 10, establecerán los antecedentes requeridos para solicitar audiencias, la información y forma en que debe publicase, la fecha de actualización y los demás aspectos que sean necesarios para el funcionamiento y publicación de dichos registros.
Artículo 10.- El Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dictará el o los reglamentos de esta ley.
La normativa de los registros a cargo de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público será aprobada mediante resolución del Contralor General y del Fiscal Nacional del Ministerio Público, respectivamente, publicada en el Diario Oficial.
Aquélla que regule el registro a cargo del Banco Central de Chile será establecida mediante acuerdo de su Consejo publicado en el Diario Oficial.
Asimismo, las normas que regulen los registros del Congreso Nacional, serán, para cada Cámara, las que apruebe la Sala de cada una de ellas, a proposición de las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria, según corresponda.
Artículo 11.- Las autoridades y funcionarios señalados en los artículos 3° y 4° deberán mantener igualdad de trato respecto de las personas, organizaciones y entidades que soliciten audiencias sobre una misma materia.

TÍTULO III
DE LAS SANCIONES
Artículo 12.- La infracción a las normas de esta ley hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones que ésta determine. La responsabilidad administrativa se hará efectiva con sujeción a las normas de este Título y en lo no previsto por esta ley, se sujetará a las normas estatutarias que rijan al órgano del cual dependa el sujeto pasivo involucrado.
Párrafo 1º
De las sanciones aplicables a las
autoridades y funcionarios de la
Administración del Estado
Artículo 13.- En caso que el sujeto pasivo de aquéllos señalados en el artículo 3° y en los numerales 2), 4) y 7) del artículo 4° y los consejeros regionales señalados en el numeral 1) del artículo 4°, no informare o registrare lo señalado en el artículo 8° dentro del plazo dispuesto para ello, la Contraloría General de la República le comunicará dicha circunstancia y el obligado tendrá el plazo de veinte días para informar al respecto. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, siendo ésta apreciada en conciencia. La Contraloría mediante resolución fundada, propondrá, si corresponde, al jefe de servicio o a quien haga sus veces, la aplicación de una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. En caso que el sujeto pasivo sancionado sea el jefe de servicio o autoridad, la potestad sancionatoria residirá en aquella autoridad que tiene la potestad de nombramiento respectiva.
De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva hoja de vida funcionaria. Se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas en los sitios electrónicos del respectivo órgano o servicio, por un plazo de un mes desde que la resolución que establece la sanción esté firme.
La resolución que imponga la sanción estará sujeta al trámite de toma de razón. Dicha resolución será impugnable en la forma y plazo prescritos en el artículo 16.
Artículo 14.- La omisión inexcusable o inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa requerida por la ley y su reglamento en alguno de los registros establecidos en el artículo 7° respecto de las personas señaladas en el artículo anterior, se sancionará con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento señalado en dicho artículo, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que pudiere haber lugar, en su caso.
Artículo 15.- Los alcaldes y concejales que incurran en alguna de las infracciones establecidas en los artículos 13 y 14, serán sancionados por la Contraloría General de la República conforme a lo dispuesto en dichas normas.
La sanción que se aplique se notificará al alcalde o concejal y al secretario municipal respectivo, quien deberá ponerla en conocimiento del concejo municipal en la sesión más próxima. Asimismo, dicha sanción se deberá incluir en la cuenta pública a que hace referencia el artículo 67 de la ley N° 18.695 e incorporarse en el extracto de la misma, que debe ser difundida a la comunidad.
Artículo 16.- Las sanciones contempladas en los artículos 13, 14 y 15 serán reclamables ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quinto día de notificada la resolución que las aplique.
La Corte pedirá informe a la autoridad que dictó el acto o resolución recurrida, el que deberá ser evacuado dentro de los diez días siguientes a tal requerimiento. La Corte podrá pedir también, en esa misma resolución, informe a este respecto a la Contraloría General de la República. Para el conocimiento, vista y fallo de estas cuestiones se aplicarán las normas sobre las apelaciones de los incidentes en materia civil, con preferencia para su vista y fallo.
La interposición de esta reclamación suspenderá la aplicación de la sanción impuesta por la resolución recurrida.
Párrafo 2°
De las sanciones aplicables a otras autoridades
Artículo 17.- Las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria, conocerán y resolverán acerca de la aplicación de las sanciones a las que se refiere este artículo.
Si un parlamentario o asesor permanente de un parlamentario no informa o registra lo señalado en el artículo 8° dentro del plazo dispuesto para ello, la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda le aplicará una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de sus remuneraciones o dieta, cuando corresponda.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio por las comisiones señaladas en el inciso primero o por denuncia de cualquier interesado, lo cual será comunicado al afectado, quien tendrá derecho de contestar en el plazo de veinte días. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, siendo ésta apreciada en conciencia. La Comisión deberá dictar la resolución final dentro de los diez días siguientes a aquél en que se evacuó la última diligencia.
La omisión inexcusable o inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa en el registro, se sancionará con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, en su caso.
Se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas en el sitio electrónico de la respectiva Cámara, por un plazo de un mes desde que la resolución que establece la sanción esté firme.
Artículo 18.- Si alguna de las personas individualizadas en el numeral 3) del artículo 4°, no informa o registra de manera oportuna lo señalado en el artículo 8°, será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, la que será impuesta por el Consejo del Banco Central.
Para estos efectos, el ministro de fe del Banco deberá poner los antecedentes respectivos en conocimiento del Consejo, para que se inicie el pertinente procedimiento, comunicándose esta circunstancia al afectado, quien tendrá el derecho a contestar en el plazo de diez días hábiles, pudiendo establecerse, en caso de ser necesario, un período probatorio de ocho días, dentro del cual podrán presentarse todos los medios de prueba, la que se apreciará en conciencia. El Consejo deberá dictar la resolución final dentro de los diez días siguientes contados desde la última diligencia.
En todo caso, el afectado podrá reclamar de la multa que le imponga el Consejo conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, contenida en el artículo primero de la ley N° 18.840.
La omisión inexcusable o inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa en dichos registros, se sancionará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, contenida en el artículo primero de la ley N° 18.840, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, en su caso.
Se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas en el sitio electrónico del Banco Central, por un plazo de un mes desde que la resolución que establece la sanción esté firme.
Artículo 19.- Si alguna de las autoridades del Ministerio Público individualizado en el artículo 4°, numeral 6), no informa o registra de manera oportuna lo señalado en el artículo 8°, será sancionado con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, impuestas administrativamente por el Fiscal Nacional, en su caso.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio por el superior jerárquico que corresponda o por denuncia de cualquier interesado, comunicándose esta circunstancia al afectado, quien tendrá derecho de contestar en el plazo de veinte días. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, siendo ésta apreciada en conciencia. El superior jerárquico, deberá dictar la resolución final dentro de los diez días siguientes a aquél en que se evacuó la última diligencia. Si el que incumple o comete las infracciones referidas precedentemente, fuese el Fiscal Nacional, se estará a lo dispuesto en el artículo 59 de la ley N° 19.640.
La omisión inexcusable o inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa en dichos registros, se sancionará con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, en su caso.
Se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas en los sitios electrónicos de la respectiva Fiscalía, por un plazo de un mes desde que la resolución que establece la sanción esté firme.
Artículo 20.- Si durante el curso de la investigación o sumario administrativos, el investigador o fiscal, según corresponda, conoce de acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de delitos, estará obligado a hacer la denuncia respectiva al Ministerio Público.
Artículo 21.- Salvo que se contemplen procedimientos especiales, las sanciones contempladas en este párrafo serán reclamables ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quinto día de notificada la resolución que las aplique.
La Corte pedirá informe a la autoridad que dictó el acto o resolución recurrida, el que deberá ser evacuado dentro de los diez días siguientes a tal requerimiento. Para el conocimiento, vista y fallo de estas cuestiones se aplicarán las normas sobre las apelaciones de los incidentes en materia civil, con preferencia para su vista y fallo.
La interposición de esta reclamación suspenderá la aplicación de la sanción impuesta por la resolución recurrida.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°.- El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley durante el año de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de las instituciones respectivas, pudiendo al efecto realizarse transferencias y reasignaciones.
Artículo 2°.- Los reglamentos y normativas establecidas en esta ley deberán dictarse dentro del plazo de cuatro meses contados desde la publicación de la misma.
Esta ley comenzará a regir cuatro meses después de la publicación de dichos reglamentos y normativas.”
Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN
Ministro de Hacienda

CRISTIÁN LARROULET VIGNAU
Ministro
Secretario General de la Presidencia

TEODORO RIBERA NEUMANN
Ministro de Justicia

HONORABLE CÁMARA: EN MI CALIDAD DE DIPUTADO INFORMANTE DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MANDATADA POR LA SALA DE LA CORPORACION COMO COMISION INVESTIGADORA DE POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PREVISIONALES A EXONERADOS POLITICOS, ME HA CORRESPONDIDO EL PRIVILEGIO DE EXPONER ANTE ESTA SALA UN BREVE RESUMEN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR ELLA Y LAS CONCLUSIONES A LAS QUE ARRIBÓ PRODUCTO DE DICHO MANDATO. EL MISMO TUVO SU ORIGEN EN LA SOLICITUD FORMULADA POR CINCUENTA Y CUATRO SEÑORES DIPUTADOS Y QUE FUERA SANCIONADO FAVORABLEMENTE EN SESIÓN DE 06 DE OCTUBRE DE 2011, POR LA CUAL SE SOLICITABA QUE ESTA COMISION SE CONSTITUYERA EN COMISIÓN INVESTIGADORA, PARA INDAGAR ACERCA DE POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PREVISIONALES A EXONERADOS POLÍTICOS, POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, Y LAS EVENTUALES PARTICIPACIONES DE PARLAMENTARIOS, EX PARLAMENTARIOS, MINISTROS, SUBSECRETARIOS, FUNCIONARIOS PÚBLICOS, JEFES DE SERVICIO Y CUALQUIER OTRA AUTORIDAD PÚBLICA QUE DE ALGUNA MANERA HUBIERA PARTICIPADO EN DICHO PROCESO. A ESTE RESPECTO RESULTA UTIL DESTACAR QUE LA NORMATIVA QUE BENEFICIA A LOS EXONERADOS POLÍTICOS ESTÁ CONSTITUIDA FUNDAMENTALMENTE POR LAS LEYES N°S. 19.234, DE 1993, QUE ESTABLECIÓ BENEFICIOS PREVISIONALES PARA EXONERADOS POR MOTIVOS POLÍTICOS, QUE LUEGO FUERON PERFECCIONADOS POR LA LEY Nº 19.582, DE 1998. CON LAS ADECUACIONES INTRODUCIDAS POR EL ÚLTIMO CUERPO LEGAL, SE PERMITIÓ HACER MENOS RESTRICTIVA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN NORMATIVO QUE BENEFICIA A LOS EXONERADOS POLÍTICOS. PARA ELLO, SE AJUSTÓ EL TEXTO DE LA LEY Nº 19.234, DE 1993, A LOS FINES REPARATORIOS DE LA MISMA, CON EL OBJETO DE HACERLA MÁS EFECTIVA, EXTENDIENDO SUS BENEFICIOS Y FLEXIBILIZANDO EL ACCESO A LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS. LO ANTERIOR SIGNIFICÓ QUE EL UNIVERSO SE AMPLIÓ DE LA MISMA MANERA QUE LOS BENEFICIOS, POSIBILITANDO AL MISMO TIEMPO, QUE SE CURSARAN SOLICITUDES EFECTUADAS AL AMPARO DE LA LEY Nº 19.234, Y QUE SE ENCONTRARAN PENDIENTES POR LOS PROBLEMAS QUE PRESENTABA SU APLICACIÓN. POSTERIORMENTE, A RAÍZ DE UN PROYECTO DE ACUERDO DE ESTA CORPORACIÓN, DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2001, INSTANDO AL EJECUTIVO ENVIAR AL CONGRESO NACIONAL UN PROYECTO DE LEY DESTINADO A PERFECCIONAR LA LEY N° 19.234, SOBRE REPARACIONES A EXONERADOS POLÍTICOS, ESTABLECIENDO UN MAYOR PLAZO PARA EFECTUAR NUEVAS SOLICITUDES DE BENEFICIOS Y MEJORAR SU CONTENIDO Y ESTRUCTURA, SE DICTÓ LA LEY N° 19.881. EN LAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES CONTENIDAS EN EL INFORME, QUE MIS COLEGAS TIENEN EN SU PODER, SE CONSIGNAN DIVERSOS ASPECTOS QUE EXPLICAN LOS ALCANCES DE LAS SUCESIVAS LEYES DICTADAS, LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS PARA LOS EXONERADOS POLÍTICOS, EL PROCEDIMIENTO PARA SER DECLARADO COMO TAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN CALIFICADORA DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL EXONERADO POLÍTICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, A LOS QUE NO ME REFERIRE EN ESTA EXPOSICIÓN EN ARAS DEL TIEMPO. DURANTE SU TRABAJO LA COMISION CONTÓ CON LA ASISTENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, DON RODRIGO HINZPETER KIRBERG; EL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL INTERIOR, DON RODRIGO UBILLA MACKENNEY; EL SEÑOR RAÚL CELPA LÓPEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLÍTICOS DE CHILE; EL SEÑOR BERNARDO VARGAS FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DEL COMANDO DE EXONERADOS DE CHILE A.G.; EL SEÑOR RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA, CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y LA SEÑORA JULIA PANEZ PÉREZ, ABOGADA Y EX INTEGRANTE DE LA COMISIÓN CALIFICADORA DEL PROGRAMA DE EXONERADOS POLÍTICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, QUIENES ENTREGARON VALIOSOS TESTIMONIOS Y ANTECEDENTES QUE LA COMISION TUVO EN CONSIDERACION AL MOMENTO DE ADOPTAR SUS ACUERDOS. ES ASI COMO EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, DON RODRIGO HINZPETER, SEÑALÓ, EN SINTESIS, QUE EL SISTEMA QUE SE CREÓ AL AMPARO DE DICHA LEY, SE HA PRESTADO PARA ABUSOS, IRREGULARIDADES O FRAUDES AL FISCO, EL QUE HA DEBIDO SOPORTAR UNA CARGA FINANCIERA DE APROXIMADAMENTE 700 MILLONES DE DÓLARES CADA AÑO, QUE, A SU JUICIO, PODRÍA SER JUSTA SI TODOS LOS CASOS EN QUE SE OTORGARON BENEFICIOS NO CONTRIBUTIVOS FUERAN CORRECTOS, PERO DADO QUE EXISTEN ANTECEDENTES FUNDADOS DE QUE HAY PERSONAS QUE ESTARÍAN RECIBIENDO PRESTACIONES QUE NO CORRESPONDEN, LE PARECE EXCESIVAMENTE ALTO DICHO MONTO. HIZO PRESENTE, ASIMISMO, QUE EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE ESOS BENEFICIOS SE CALIFICARON COMO EMPRESAS INTERVENIDAS, YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS, ALGUNAS QUE NUNCA LO FUERON Y, POR LO TANTO, PERSONAS QUE NO TENÍAN EL DERECHO, OBTUVIERON DICHOS BENEFICIOS. AGREGÓ QUE TAMBIÉN SE HA ADVERTIDO COMO ALGUNOS SEÑORES PARLAMENTARIOS EXTENDIERON CERTIFICADOS RESPECTO DE LOS CUALES APARECE UNA RAZONABLE DUDA DE SI, EFECTIVAMENTE, ESTUVIERON EN CONDICIONES DE CONOCER LAS RAZONES DE LA EXONERACIÓN, TODA VEZ QUE DICHA CERTIFICACIÓN NO TIENE QUE VER ESTRICTAMENTE CON LO QUE LA LEY EXIGE, QUE ES LA RELACIÓN LABORAL Y LA FECHA EN QUE LA PERSONA HABRÍA SIDO EXONERADA. CONCLUYÓ SEÑALANDO QUE TODOS ESTOS ANTECEDENTES FUERON PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA, A TRAVÉS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN AGOSTO DE 2010 Y, TAMBIÉN, EN CONOCIMIENTO DE ESTA CORPORACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN NOVIEMBRE DE 2010. DEL MISMO MODO, EL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL INTERIOR, DON RODRIGO UBILLA MACKENNEY, REALIZÓ UNA PRESENTACIÓN QUE ABARCÓ, TAMBIÉN EN SÍNTESIS, DOS ELEMENTOS MATRICES. UNO CORRESPONDIÓ A UNA EXPLICACIÓN DE CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE EXONERADOS POLÍTICOS Y, EL OTRO, SE REFIRIÓ A LOS PRINCIPALES HALLAZGOS QUE SE HAN HECHO Y QUE DOCUMENTÓ CON ANTECEDENTES ORIGINALES DEL MISMO, RESPECTO DE LOS CUALES OMITIRÉ SU REFERENCIA EN ARAS DEL TIEMPO. CUANTITATIVAMENTE, AGREGÓ, AL 30 DE JUNIO DE 2010, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS ERAN 257.632; LOS CALIFICADOS, 157.624, Y LOS PENDIENTES, 100.008. LAS SOLICITUDES PENDIENTES TIENEN DISTINTA NATURALEZA, HAY PERSONAS QUE HABÍAN COMPLETADO SU CARPETA, PERO NO HABÍAN IDO A LA COMISIÓN O PERSONAS CON LA CARPETA INCOMPLETA. MANIFESTÓ, ADEMÁS, EL SEÑOR SUBSECRETARIO, QUE A PARTIR DE QUE LA PDI SOLICITA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE DOCUMENTACIÓN EN EL CASO DE LA QUERELLA DEL SEÑOR JULIO ALLENDES ALLENDES, Y PIDE FORMALMENTE QUE CERTIFIQUEN SI SELLOS, DOCUMENTOS Y RESOLUCIONES ERAN AUTÉNTICAS O NO DEL MINISTERIO, LOS QUE RESULTARON SER FALSOS, SE HIZO UNA PEQUEÑA SELECCIÓN AL AZAR DE ALREDEDOR DE 600 CARPETAS, CON EL OBJETO DE VERIFICAR SI HABÍA IRREGULARIDADES. DE ESA REVISIÓN PRELIMINAR Y LUEGO DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA, SE PRESENTARON LOS ANTECEDENTES A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN NOVIEMBRE DE 2010. LUEGO, SE AMPLIÓ ESTA REVISIÓN, LA PRIMERA FUE SOBRE 600 CASOS, LA SEGUNDA SOBRE 4.500 CASOS, CON LOS QUE SE PUDIERON IDENTIFICAR SITUACIONES DE DISTINTA NATURALEZA QUE SE HAN PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICA, DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, ALGUNOS CON CONSULTA A LA CONTRALORÍA Y ALGUNOS EN CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. AÑADIÓ QUE DICHAS SITUACIONES PUEDEN SITUARSE EN SIETE CATEGORÍAS DISTINTAS. LA PRIMERA, CORRESPONDE A EXONERADOS DE EMPRESAS NO CALIFICADAS, COMO EMPRESAS INTERVENIDAS, DONDE HAY CASOS DE PERSONAS QUE FUERON EXONERADAS, PERO ESA EMPRESA, DE ACUERDO A LO DICHO POR LA CONTRALORÍA, NUNCA FUE UNA EMPRESA INTERVENIDA; O PERSONAS EXONERADAS DE UNA EMPRESA INTERVENIDA, PERO EL PERÍODO EN QUE SE DECLARA LA EXONERACIÓN YA NO ERA UNA EMPRESA INTERVENIDA, LO QUE TAMBIÉN ESTÁ CLARAMENTE DOCUMENTADO POR RESOLUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. LA SEGUNDA CORRESPONDE A EXONERADOS CON ANTECEDENTES INSUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS EXIGENCIAS LEGALES, QUE SE DIVIDEN EN TRES CATEGORÍAS: PRIMERA, LOS CERTIFICADOS PARLAMENTARIOS; SEGUNDO, LOS CERTIFICADOS DE AUTORIDADES FUERA DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, Y, TERCERO, DECLARACIONES TESTIMONIALES COMO ÚNICO ANTECEDENTE PARA ACREDITAR CALIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO. LA TERCERA, SE REFIERE A DOCUMENTOS ALTERADOS Y FALSIFICADOS, QUE DIO ORIGEN A LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS EN LA QUERELLA DEL SEÑOR JULIO ALLENDES ALLENDES Y OTROS ANTECEDENTES MÁS. LA CUARTA, CORRESPONDE A CALIFICACIONES DE MENORES DE EDAD A LA FECHA DE LA EXONERACIÓN. LA QUINTA, A EXONERADOS COMO FUNCIONARIOS DE PARTIDOS O MOVIMIENTOS POLÍTICOS, DONDE EXISTEN RESOLUCIONES EN LA CONTRALORÍA QUE SON RELEVANTES PARA ENTENDER ESTA CONDICIÓN. LA SEXTA, SE REFIERE AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL DE CALIFICACIÓN DE EXONERADOS, EN TÉRMINOS DE LA GRAN CANTIDAD DE DEFINICIONES QUE SE TOMARON A UNA VELOCIDAD QUE HACE DIFÍCIL EL EVALUAR DE FORMA ACUCIOSA ESA CONDICIÓN. Y, LA SÉPTIMA, CORRESPONDE A FALTA DE RESPUESTA INSTITUCIONAL A LAS DENUNCIAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EN SEGUIDA, LA COMISIÓN RECIBIÓ AL SEÑOR RAÚL CELPA LÓPEZ, PRESIDENTE NACIONAL DE LA COMISIÓN UNITARIA DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLÍTICOS DE CHILE, QUIEN HIZO PRESENTE QUE DICHA ORGANIZACIÓN HA DENUNCIADO PERMANENTE Y SISTEMÁTICAMENTE LAS IRREGULARIDADES O FRAUDES COMETIDOS CONTRA TRES LEYES DE DERECHOS HUMANOS PROMULGADAS DESPUÉS DE 1990, LAS QUE CONSTAN EN EL DOCUMENTO DEL CUAL HIZO ENTREGA A LA COMISIÓN Y QUE QUEDÓ EN PODER DE LA SECRETARÍA DE ELLA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES PARLAMENTARIOS. POSTERIORMENTE, LA COMISIÓN RECIBIÓ AL SEÑOR BERNARDO VARGAS FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DEL COMANDO DE EXONERADOS DE CHILE A.G., QUIEN MANIFESTÓ QUE SU ORGANIZACIÓN HA SIDO LA RESPONSABLE DE FIRMAR LOS PROTOCOLOS QUE HAN DADO ORIGEN A TODAS LAS LEYES TENDIENTES A BENEFICIAR AL EXONERADO POLÍTICO, QUIENES SIENDO TRABAJADORES FUERON PERSEGUIDOS POR MOTIVOS POLÍTICOS DURANTE UN PERÍODO NEGRO DE NUESTRA HISTORIA, POR LO QUE ES MUY IMPORTANTE, PARA ELLOS, LA REIVINDICACIÓN QUE SE LES HA HECHO. REFIRIÉNDOSE A LAS EVENTUALES IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN Y ENTREGA DE BENEFICIOS, EXPRESO QUE SE DEBE RECORDAR QUE EN MUCHAS EMPRESAS AL MOMENTO DEL DESPIDO NO SE ENTREGARON FINIQUITOS NI LIBRETAS DEL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL, MUCHOS EXONERADOS TUVIERON QUE HUIR PARA NO SER DETENIDOS Y OTROS ROMPIERON TODA DOCUMENTACIÓN POR TEMOR A LOS ALLANAMIENTOS, LO QUE HA HECHO DIFÍCIL Y EXTENUANTE PARA MUCHOS EXONERADOS EL PODER ACREDITAR DICHA CALIDAD. POR ELLO, LA LEY PERMITIÓ LA CERTIFICACIÓN DE AUTORIDADES PARA TAL EFECTO. HIZO PRESENTE, ADEMÁS, QUE AL ASUMIR EL ACTUAL GOBIERNO EXISTÍAN 15.000 PERSONAS QUE YA HABÍAN SIDO CALIFICADAS COMO EXONERADOS POLÍTICOS A LOS CUALES SE LES PRETENDE CAMBIAR DICHA CALIFICACIÓN, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADOS DE ELLA. POSTERIORMENTE, LA COMISIÓN RECIBIÓ AL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, DON RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA, QUIEN HIZO ENTREGA DE 100 ARCHIVADORES QUE CONTIENEN 10.000 RESOLUCIONES QUE OTORGABAN BENEFICIOS A EXONERADOS QUE DICHO ORGANISMO DEVOLVIÓ SIN TOMAR RAZÓN DE ELLOS. DEL MISMO MODO, DEJÓ EN PODER DE ELLA EL POWER POINT EN EL QUE APOYÓ SU PRESENTACIÓN Y UN PENDRIVE DONDE SE ENCUENTRA TODA SU PRESENTACIÓN Y LOS DOCUMENTOS LINKEADOS EN LAS TRANSPARENCIAS, TODOS LOS CUALES QUEDARON EN PODER DE LA SECRETARÍA DE ELLA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES PARLAMENTARIOS. LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA SE CENTRÓ, RESUMIDAMENTE, EN LA HISTORIA DE LA LEY; LA NORMATIVA RELEVANTE AL CASO; LA CALIFICACIÓN DE EXONERADO POLÍTICO; ESTADÍSTICAS RELEVANTES EN EL PERÍODO DE EXAMINACIÓN, Y ALGUNAS CONCLUSIONES, A SU JUICIO, RELEVANTES AL TRABAJO DE LA COMISIÓN. REFIRIÉNDOSE AL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS POR PARLAMENTARIOS, SEÑALÓ QUE ESE ORGANISMO CONTRALOR DEBIÓ ABSTENERSE DE DAR CURSO A MUCHAS RESOLUCIONES QUE CONCEDÍAN BENEFICIOS A EXONERADOS PORQUE ELLOS SÓLO SE GENERABAN O DECÍAN RELACIÓN CON LA CONVICCIÓN POLÍTICA QUE PUDIERA FORMARSE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE QUE DICHA EXONERACIÓN OBEDECÍA A MOTIVACIONES POLÍTICAS, PERO QUE DE SUYO NO PRODUCE UNA CONVICCIÓN DE QUE EFECTIVAMENTE HABÍA QUE PAGAR O SE HUBIERA GENERADO UN DETERMINADO BENEFICIO DE CARÁCTER PREVISIONAL. TANTO ES ASÍ, AÑADIÓ, QUE MUCHOS DE LOS OFICIOS DEVOLUTORIOS, QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LA COMISIÓN, QUE SON PRODUCIDOS A PARTIR DE DECLARACIONES QUE SE OTORGARON TENIENDO COMO ANTECEDENTE CALIFICACIONES DE PARLAMENTARIOS, UNA VEZ QUE HAN ENTRADO A SU ORGANISMO PARA TOMA DE RAZÓN, RESPECTO DE ACTOS QUE ERAN AFECTOS A TOMA DE RAZÓN, LA CONTRALORÍA LOS HA DEVUELTO. NO OBSTANTE, HIZO PRESENTE EL SEÑOR CONTRALOR, QUE LO QUE SÍ PUDO SUCEDER ES QUE MUCHOS DE ESOS ACTOS, TRATÁNDOSE DE EMPRESAS PRIVADAS Y DEL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PREVISIONALES EN SECTORES PRIVADOS QUE ESTABAN EXENTOS DESDE 1996 DE TOMA DE RAZÓN, PUEDE QUE SE HAYAN CONSOLIDADO Y OTORGADO BENEFICIOS DONDE ESOS CERTIFICADOS SÍ FUERON RELEVANTES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA DECLARACIÓN, DE LA CALIFICACIÓN Y EN SEGUIDA DEL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO, PORQUE ELLO NO LO HAN EXAMINADO. HIZO PRESENTE, ASIMISMO QUE, A SU JUICIO, HAY IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO EN TODA LA ADMINISTRACIÓN, CON MATICES MÁS, MATICES, MENOS. Y LOS INFORMES DE AUDITORÍA TIENEN EL MÉRITO DE MOSTRAR QUE SON LOS AMBIENTES DE CONTROL INTERNO DONDE SE PRESENTAN LAS DEBILIDADES ESENCIALES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES, PARTICULARMENTE CUANDO SE TRATA DE INSTITUCIONES QUE ATIENDEN UNA CANTIDAD EXCESIVA E IMPORTANTE DE BENEFICIOS RESPECTO DE ORGANIZACIONES QUE NO ESTÁN HECHAS PARA ATENDER ESOS BENEFICIOS. TAL ES EL CASO, AÑADIÓ, DE UNA INSTITUCIÓN COMO EL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE NO TIENE MUSCULATURA PARA EL EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES. AGREGÓ QUE SE LE ASIGNÓ UNA FUNCIÓN EN LA LEY Nº 19.234, QUE FUE EXPANSIVA EN LAS DIFERENTES MODIFICACIONES LEGALES, PERO EL MINISTERIO NO TENÍA UNA ARQUITECTURA JURÍDICA DESTINADA PARA FUNCIONAR DE ESA FORMA. POR ESO ES QUE EL MINISTERIO CALIFICA Y ENVÍA RÁPIDAMENTE AL IPS LOS ANTECEDENTES PARA QUE ESE ORGANISMO HAGA TODA LA PARTE ADMINISTRATIVA. DE HECHO, PRÁCTICAMENTE EL IPS HACÍA LA DECLARACIÓN Y EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO, PORQUE ERA EL CONDUCTO NATURAL DEL GIRO QUE TIENE EL IPS, ANTERIORMENTE INP. AL CONCLUIR SU PRESENTACIÓN, EL SEÑOR CONTRALOR SE REFIRIÓ AL TEMA DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE LA DELEGACIÓN DE FIRMAS, HACIENDO PRESENTE QUE ELLA ESTÁ TRATADA EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY Nº 18.575, POR LO QUE, EN GENERAL, EN LA DELEGACIÓN PROPIAMENTE TAL RESPONDE EL DELEGADO Y EN LA DELEGACIÓN DE FIRMA RESPONDE EL DELEGANTE. SIN EMBARGO, AÑADIÓ, EN TODOS LOS ACTOS DE DELEGACIÓN QUE HAY EN ESTE TEMA, EXISTEN DOS NORMAS QUE ESTÁN SIENDO INVOCADAS EN LOS DECRETOS DE DELEGACIÓN, QUE SON LA LEY N° 16.436 Y LA LEY N° 16.480, DE LA DÉCADA DEL 60, QUE SU ORGANISMO SIGUE ENTENDIENDO VIGENTES. AGREGÓ EL SEÑOR CONTRALOR GENERAL QUE LA DELEGACIÓN DE FIRMA PARTE EN 1909, CON LA ENFERMEDAD DEL PRESIDENTE MONTT, QUE LO LLEVA A LA PÉRDIDA DE VISIÓN, POR LO CUAL SE DICTÓ UNA LEY ESPECIAL QUE LE PERMITIÓ DELEGAR LA FIRMA EN EL MINISTRO RESPECTIVO QUIÉN FIRMA “POR ORDEN DE”. LA CONSTITUCIÓN DE 1925, AÑADIÓ, NO DICE NADA RESPECTO DE LA DELEGACIÓN DE FIRMA. DE HECHO, LA ÚNICA NORMA DE LA DELEGACIÓN QUE TIENE LA CONSTITUCIÓN DE 1925 ES UNA REGLA QUE DICE RELACIÓN CON LA FIRMA Y QUE ESTÁ EN SU ARTÍCULO 75, QUE DICE: “TODAS LAS ÓRDENES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEBERÁN FIRMARSE POR EL MINISTRO DEL DEPARTAMENTO RESPECTIVO, Y NO SERÁN OBEDECIDAS SIN ESTE ESENCIAL REQUISITO.”. DICHA NORMA, HIZO PRESENTE, PASÓ A LA CONSTITUCIÓN DE 1980 EN DONDE HAY DOS PRECEPTOS QUE SON IMPORTANTES: LOS ARTÍCULOS 35 Y 36. EL ARTÍCULO 35 ES EL PRIMERO QUE TRATA DE LA DELEGACIÓN DE FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. EL INCISO PRIMERO DICE: “LOS REGLAMENTOS Y DECRETOS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEBERÁN FIRMARSE POR EL MINISTRO RESPECTIVO Y NO SERÁN OBEDECIDOS SIN ESTE ESENCIAL REQUISITO.”. ASIMISMO, HIZO PRESENTE QUE EL INCISO SEGUNDO SEÑALA: “LOS DECRETOS E INSTRUCCIONES PODRÁN EXPEDIRSE CON LA SOLA FIRMA DEL MINISTRO RESPECTIVO, POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN CONFORMIDAD A LAS NORMAS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA LA LEY.”. POR SU PARTE, LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DICE QUE EN LA DELEGACIÓN DE FIRMA LA RESPONSABILIDAD ES DEL DELEGANTE. ENTONCES, SEÑALÓ, LA PRIMERA PREGUNTA QUE UNO DEBE HACERSE ES SI ESA NORMA SE LE APLICA “IN TOTUM” AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PORQUE ÉL TIENE UNA NORMA DE DELEGACIÓN EXPRESA EN EL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN. AGREGÓ QUE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN SU ARTÍCULO 1º, DICE QUE ESA LEY SE REFIERE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y REGLA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, Y EL TÍTULO II SÓLO SE REFIERE A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. LA LEY N° 18.575 NO SE REFIERE EN NADA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SALVO EN RECONOCER QUE ES EL JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE EL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN. DE AHÍ QUE SACAR COMO CONSECUENCIA QUE EL TÍTULO II, QUE SE REFIERE AL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS MINISTERIOS Y SERVICIOS, SE LE APLICA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ES QUIZÁ UN GRAN DESAFÍO. PORQUE, INSISTIÓ, LA CONSTITUCIÓN PERMITE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DELEGUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35, Y HAY OTRA NORMA, EL ARTÍCULO 36, QUE DICE QUE LOS MINISTROS QUE FIRMAN SE HACEN RESPONSABLES DEL ACTO. ES DECIR, A SU JUICIO, LOS MINISTROS QUE FIRMAN UN ACTO POR DELEGACIÓN SE HACEN RESPONSABLES ADMINISTRATIVA, CIVILMENTE Y PENALMENTE DEL ACTO. CIVIL, PORQUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO PUEDE FIRMAR SIN EL MINISTRO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REQUIERE QUE FIRME UNO O VARIOS MINISTROS, DEPENDIENDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PORQUE EL PRESIDENTE NO RESPONDE CIVIL NI PATRIMONIALMENTE DURANTE SU PERIODO Y, EN CONSECUENCIA, NECESITA LA FIRMA DE UN MINISTRO O DE LOS MINISTROS, Y SI FIRMAN MÁS DE UNO RESPONDEN SOLIDARIAMENTE. POR ELLO, CONCLUYE, LA RESPONSABILIDAD ES DEL MINISTRO QUE FIRMA. FINALMENTE, LA COMISIÓN RECIBIÓ, EN SU SESIÓN DE FECHA 28 DE DICIEMBRE RECIÉN PASADO, AL SEÑOR RODRIGO ALVAREZ ALARCÓN, ABOGADO DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, QUIÉN LO HIZO EN REPRESENTACIÓN DE SU PRESIDENTE, Y A LA SEÑORA JULIA PANEZ PÉREZ, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL CALIFICADORA DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL EXONERADO POLÍTICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. EL SEÑOR ALVAREZ ALARCÓN HIZO PRESENTE QUE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, COMO LOS ABOGADOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTE, ESTÁN REGIDOS POR EL PRINCIPIO ÉTICO DEL SECRETO PROFESIONAL EL QUE CRISTALIZA EN UNA NORMA DE SU LEY ORGÁNICA QUE LES IMPONE RESERVA DE LOS ANTECEDENTES QUE CONOZCAN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. EN CONSECUENCIA, LO QUE PUDO EXPRESAR A LA COMISIÓN ES MUY POCO Y ES QUE EL CONSEJO CUENTA CON UN CONJUNTO DE ANTECEDENTES QUE LES HAN PROPORCIONADO DIVERSAS FUENTES DE INFORMACIÓN, COMO LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, CONCRETAMENTE, LA OFICINA DE EXONERADOS POLÍTICOS, Y HAN SOSTENIDO COMUNICACIONES CON EL IPS, EX INP, ADEMÁS DE INDAGAR EN LOS DOS PROCESOS CRIMINALES EN CURSO: UNO, SEGUIDO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y, OTRO, ANTE LA JUSTICIA ANTIGUA EN EL 34° JUZGADO DEL CRIMEN DE SANTIAGO, RESPECTO DEL CUAL EL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO SE HIZO PARTE. POR SU PARTE, LA SEÑORA PANEZ PÉREZ, HIZO PRESENTE QUE ACTUALMENTE ES ABOGADA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y QUE DESDE OCTUBRE DE 2006 HASTA MARZO DE 2010 FUE MIEMBRO DE LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE EXONERADOS POLÍTICOS. CONTINUÓ SU EXPOSICIÓN, LA QUE SE CONTIENE EN FORMA ÍNTEGRA EN LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA QUE SE ACOMPAÑA A ESTE INFOME, EXPLICANDO EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA COMISIÓN, EN EL CUAL EXISTIÁN TRES ETAPAS EN EL TEMA DE LA CALIFICACIÓN. EN UNA PRIMERA ETAPA, LOS ANALISTAS FORMABAN LA CARPETA DEL SOLICITANTE QUE QUERÍA QUE SE LE RECONOCIERA COMO EXONERADO POLÍTICO. ESE ANALISTA EXAMINABA QUE TUVIERA LOS PAPELES QUE CORRESPONDÍA, QUE LOS DOCUMENTOS ACREDITARAN LA VINCULACIÓN LABORAL, LOS MOTIVOS POLÍTICOS DE LA EXONERACIÓN, QUE EL RELATO POLÍTICO QUE ENTREGABA LA PERSONA FUERA COHERENTE, DENTRO DEL MARCO DE LA LEY. CON ESE INSUMO, SE ELABORABA UNA CARPETA DE CADA SOLICITANTE CON LOS DOCUMENTOS PERTINENTES DE CADA UNO DE ELLOS. LA COMISIÓN, AGREGÓ, FUNCIONABA UNA VEZ A LA SEMANA O, DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE HABÍA QUE REVISAR, DOS VECES O MÁS A LA SEMANA, ES DECIR, DEPENDÍA DEL VOLUMEN DE TRABAJO. A ELLOS, AÑADIÓ, SE LES ENVIABA UN INFORME DE CADA UNO DE LOS SOLICITANTES. Y EN ESE INFORME SE SEÑALABA LA EDAD DE LA PERSONA, EN QUÉ AÑOS HABÍA TRABAJADO, EN QUÉ FECHA SE SUPONÍA QUE HABÍA SIDO EXONERADA, SI LA PETICIÓN LA HACIA LA MISMA PERSONA, SU VIUDA O VIUDO, SU CONVIVIENTE O SUS HIJOS, QUIÉN ESTABA REPRESENTÁNDOLO EN EL TRÁMITE; A QUÉ INSTITUCIÓN HABÍA PERTENECIDO, SI HABÍA SIDO FUNCIONARIO PÚBLICO, DE UNA EMPRESA O DE LAS FUERZAS ARMADAS. TAMBIÉN QUÉ DOCUMENTOS SE ACOMPAÑABAN, CON CUÁLES SE ACREDITABA SU RELACIÓN LABORAL, SU EXONERACIÓN, SU DESPIDO POR RAZONES POLÍTICAS; LA ÉPOCA EN QUE SE HABÍA PRODUCIDO LA EXONERACIÓN, Y CUALQUIER OTRO ANTECEDENTE QUE PUDIERA SER PERTINENTE O IMPORTANTE PARA LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN. AGREGÓ QUE CON ESOS INFORMES QUE LES MANDABAN UNA SEMANA ANTES, CONCURRÍAN LOS COMISIONADOS A LA SESIÓN DE LA COMISIÓN, EN DONDE TENÍAN LAS CARPETAS CON TODOS LOS DOCUMENTOS. ADEMÁS, CONCURRÍA LA PERSONA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO, QUE TENÍA LA RESPONSABILIDAD DE LLEVAR LAS CARPETAS. ASÍ ES QUE ELLAS ESTABAN A LA MANO Y LOS COMISIONADOS PODÍAN PEDIRLAS. DE HECHO, GENERALMENTE, SE HACÍA, PARA VER LA DOCUMENTACIÓN QUE CONTENÍA Y ANALIZAR LOS CASOS RESPECTO DE LOS CUALES HABÍA DUDAS. ES DECIR, AÑADIÓ, EXISTÍA UNA ESTRUCTURA QUE CONTABA CON UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITÍA QUE LOS COMISIONADOS TOMARAN LA DECISIÓN, CONOCIENDO CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN EL INFORME DE CADA UNO DE LOS CASOS, ASÍ ES QUE PEDÍAN LOS ANTECEDENTES DE LAS SOLICITUDES QUE CONSIDERABAN MÁS RELEVANTES. HIZO PRESENTE, ASIMISMO, QUE EN ESTA SEGUNDA ETAPA LO QUE EL MINISTERIO DEL INTERIOR HACE ES DECLARAR SI LA EXONERACIÓN DE UNA PERSONA TUVO EL CARÁCTER DE POLÍTICA O NO, SI SE DEBIÓ A CAUSAS POLÍTICAS. SIN EMBARGO, ESO, POR SÍ MISMO, NO DA DERECHO A UNA PENSIÓN DE EXONERADO; ES SÓLO UNA CALIFICACIÓN EN CUANTO A QUE LA PERSONA TIENE EL CARÁCTER DE EXONERADO POLÍTICO Y, POR TANTO, ESA PERSONA QUEDA EN LA POSIBILIDAD DE OBTENER UNO DE LOS BENEFICIOS PREVISIONALES ESTABLECIDOS EN LA LEY. PERO ESE BENEFICIO SE ENTREGA DE ACUERDO CON LA HISTORIA PREVISIONAL DEL SOLICITANTE. ES DECIR, LA PERSONA TENDRÁ DERECHO A UN ABONO DE TIEMPO POR GRACIA O A UNA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISIONALES ESTABLECIDOS EN LA LEY. POR EJEMPLO, AGREGÓ, UNA PERSONA QUE SE HUBIESE CAMBIADO AL SISTEMA DE AFP, EN GENERAL, NO OBTENÍA PENSIONES DE NINGÚN TIPO POR ESTA VÍA. AÑADIÓ, LA SEÑORA PANEZ, QUE ES EN LA TERCERA ETAPA DEL PROCESO, LA QUE SE TRAMITA EN EL IPS, EX INP, CUANDO SE DETERMINA SI LA PERSONA TIENE DERECHO A UN BENEFICIO, Y SÍ PUEDE INTERVENIR EL ORGANISMO CONTRALOR. EL IPS REVISABA LOS ANTECEDENTES PREVISIONALES DEL SOLICITANTE PARA CORROBORAR SU HISTORIA PREVISIONAL, SI ES QUE ELLO ERA POSIBLE. EN ESTA ETAPA LA CONTRALORÍA, SI BIEN NO REVISA LA CALIFICACIÓN DE EXONERADO POLÍTICO, SÍ PODÍA EXAMINAR, POR EJEMPLO, UN ASPECTO QUE SIEMPRE FUE MUY COMPLICADO, QUE ERA LA VINCULACIÓN LABORAL, YA QUE A VECES TENÍA UN CRITERIO PARA CALIFICAR Y A VECES OTRO. CONCLUYÓ SEÑALANDO QUE LO MISMO SUCEDIÓ CON EL PROBLEMA DE LAS INTERVENCIONES DE EMPRESAS, PUESTO QUE, EN CONJUNTO CON CONTRALORÍA, SE ELABORABA UN LISTADO CON EMPRESAS QUE CALIFICABAN, DURANTE UN TIEMPO, COMO INTERVENIDAS, PERO, A VECES, ESTA ÚLTIMA LO CAMBIABA. POR ESO, SI BIEN LA CONTRALORÍA NO TOCÓ LA CALIFICACIÓN DE UNA PERSONA COMO EXONERADO POLÍTICO, SÍ RECHAZÓ COMPLETAMENTE ALGUNAS RESOLUCIONES POR CONSIDERAR QUE NO ESTABA SUFICIENTEMENTE PROBADA LA VINCULACIÓN LABORAL DE LA PERSONA CON UNA DETERMINADA EMPRESA, QUE ERA, EN DEFINITIVA, LO MÁS DIFÍCIL DE PROBAR, A CAUSA DE HECHOS PÚBLICAMENTE CONOCIDOS. POR SU PARTE, LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS QUE INTEGRARON ESTA INSTANCIA, YA SEA COMO MIEMBROS PERMANENTES DE VUESTRA COMISIÓN, COMO QUIENES LOS REEMPLAZARON TEMPORALMENTE, ADEMÁS DE FORMULAR CONSULTAS A SUS INVITADOS, DISCUTIERON LATAMENTE LOS ALCANCES DE ESTE COMETIDO EN CADA UNA DE LAS SESIONES CELEBRADAS CON EL SÓLO PROPÓSITO, EXPRESADO EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES, DE TRANSPARENTAR EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL EXONERADO POLÍTICO COMO, ASIMISMO, EL FUNCIONAMIENTO DE SU COMISIÓN ESPECIAL, A FIN DE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PREVISIONALES A EXONERADOS POLÍTICOS, QUE PERMITIERA AL FISCO RESARCIRSE DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS POR PERSONAS QUE NO TENIENDO TAL CALIDAD OBTUVIERON, DE MANERA ILÍCITA, BENEFICIOS DE LAS LEYES DICTADAS AL EFECTO. CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES SE INSERTAS LITERALMENTE EN LAS VERSIONES TAQUIGRÁFICAS DE DICHAS SESIONES QUE SE ACOMPAÑAN A ESTE INFORME. COMO CONSECUENCIA DE LO PRECEDENTEMENTE EXPUESTO, DE LOS TESTIMONIOS Y ANTECEDENTES RECOGIDOS DURANTE EL CURSO DE ESTA INVESTIGACIÓN QUE CONSTAN EN EL INFORME QUE MIS COLEGAS TIENEN EN SU PODER Y, PRINCIPALMENTE, DEL DEBATE HABIDO EN SU SENO, VUESTRA COMISIÓN SOMETE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES QUE SIRVIERON DE BASE A SUS CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES QUE VERSAN SOBRE LAS MATERIAS SEÑALADAS EN LA SOLICITUD QUE LE DIO ORIGEN, LAS QUE FUERON APROBADAS POR LA UNANIMIDAD (13) DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS GOIC, DOÑA CAROLINA; MUÑOZ, DOÑA ADRIANA, Y VIDAL, DOÑA XIMENA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE; JIMÉNEZ; LETELIER (EN REEMPLAZO DEL SEÑOR BALTOLU); HASBÚN (EN REEMPLAZO DEL SEÑOR SALABERRY); MONCKEBERG, DON NICOLÁS; NORAMBUENA (EN REEMPLAZO DEL SEÑOR VILCHES); PÉREZ, DON LEOPOLDO (EN REEMPLAZO DEL SEÑOR BERTOLINO); SAFFIRIO; SILVA (EN REEMPLAZO DEL SEÑOR KORT) Y VAN RYSSELBERGHE (EN REEMPLAZO DE LA SEÑORA NOGUEIRA, DOÑA CLAUDIA), Y QUE SE ENCUENTRAN INSERTAS EN EL INFORME QUE MIS COLEGAS TIENEN EN SU PUPITRE ELECTRÓNICO, POR LO QUE OMITIRÉ SU LECTURA. EN SÍNTESIS: VUESTRA COMISIÓN COMPARTE LAS CONCLUSIONES DE CARÁCTER GENERAL A LAS QUE HA ARRIBADO EL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN CUANTO A QUE EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A EXONERADOS POLÍTICOS SE HAN DETECTADO IRREGULARIDADES QUE AMERITAN SU CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, LA INVALIDACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE AQUELLOS DE LOS QUE HOY SE ENCUENTRAN GOZANDO FALSOS EXONERADOS Y LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO PARA PROCURAR EL RESARCIMIENTO DE LOS RECURSOS INDEBIDAMENTE PERCIBIDOS POR ELLOS. ASIMISMO, ESTIMA QUE LA COMISIÓN CALIFICADORA, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, COMO ÓRGANO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE EXONERADOS POLÍTICOS, INCURRIÓ, ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2006, EN CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN FALTA DE DILIGENCIA O CUIDADO EN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, COORDINACIÓN, PROPIA INICIATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN Y CONTROL JERÁRQUICO, ESTABLECIDOS EN LOS ART. 3, 5, 8 Y 11 DE LA N° 18.575 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, LO QUE, LAMENTABLEMENTE, HA PERSISTIDO EN EL TIEMPO, A LO MENOS, HASTA EL AÑO 2011. DEL MISMO MODO, CONSIDERA QUE LA CITADA COMISIÓN CALIFICADORA, AUN EXISTIENDO AUDITORIAS QUE DENUNCIABAN IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS, NO SUBSANÓ LAS DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS DETECTADAS POR ELLA, PERMITIÉNDOSE POR OMISIÓN LA CONTINUACIÓN DE UNA PRÁCTICA ILEGAL DE CONCESIÓN DE BENEFICIOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 19.234, QUE ESTABLECE BENEFICIOS PREVISIONALES POR GRACIA A PERSONAS EXONERADAS POR MOTIVOS POLÍTICOS. RESPECTO DE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS QUE ACREDITABAN LA CALIDAD DE EXONERADOS POLÍTICOS POR PARTE DE AUTORIDADES CUYA COMPETENCIA PARA OTORGARLOS NO ES CLARA EN LA LEY Y LA FALTA DE RIGUROSIDAD, EN CUANTO A CONSTARLES LO QUE ACREDITABAN EN FORMA ESCRITA, CONSTITUYE EN EL PARECER DE ESTA COMISIÓN INVESTIGADORA UNA ACCIÓN LAMENTABLE QUE, EN EL FUTURO, DEBE EVITARSE. LA COMISIÓN LAMENTA, ASIMISMO, QUE ESTA SITUACIÓN HUBIERA AFECTADO LA HONRA Y DIGNIDAD DE AQUELLAS PERSONAS QUE, TENIENDO LA CALIDAD DE EXONERADO POLÍTICO, ACCEDIERON LEGÍTIMA Y LÍCITAMENTE AL PROGRAMA DE EXONERADOS POLÍTICOS DE LA LEY 19.234. DEL MISMO MODO, ESTA COMISIÓN ESTIMA QUE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS DEBIERON ABSTENERSE, POR RAZONES DE PRUDENCIA Y EQUIDAD DE OTORGAR ESTAS CERTIFICACIONES SI NO LES CONSTABA FEHACIENTEMENTE LA CERTEZA DE LO QUE CERTIFICABAN. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, VUESTRA COMISIÓN NO PUEDE DEJAR DE EXPRESAR QUE, DADA LA PROPIA NATURALEZA DE LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLARON CON EL OBJETO DE PERMITIR QUE LAS PERSONAS QUE CONSIDERARAN QUE SU EXONERACIÓN HUBIERE TENIDO COMO CAUSA CONSIDERACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO, PERMITIÓ QUE SE CREARA UNA RED DE GESTORES QUE –A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN EN DINERO- SE COMPROMETIERAN A QUE CIERTAS PERSONAS PODRÍAN ACCEDER A LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR DICHA CALIDAD A SABIENDAS QUE ELLO ERA DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL IMPOSIBLE. POR ÚLTIMO, VUESTRA COMISIÓN ESTIMA QUE, EN EL CASO DE LAS DELEGACIONES DE FACULTADES REFERIDAS EN ESTE INFORME, ERA ESPERABLE UN MAYOR GRADO DE CONTROL DEL DELEGANTE RESPECTO DE SU DELEGADO, CON LO CUAL ES ALTAMENTE PROBABLE QUE SE HUBIESE EVITADO UN NÚMERO IMPORTANTE DE SITUACIONES ANÓMALAS NO DESEADAS POR LA LEY. POR TODO ELLO, LA COMISIÓN PROPONE A ESTA SALA SOLICITAR AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, LA REVISIÓN DE TODAS LAS RESOLUCIONES QUE OTORGARON BENEFICIOS NO CONTRIBUTIVOS EN EL MARCO DE LAS LEYES DE REPARACIÓN A LOS EXONERADOS POLÍTICOS A FIN DETERMINAR LAS EVENTUALES IRREGULARIDADES QUE PUDIERAN PRESENTAR, COMO ASIMISMO, AL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, LA ADOPCIÓN DE TODAS LAS MEDIDAS CONDUCENTES A PERSEGUIR TANTO LA RESPONSABILIDAD PENAL COMO CIVIL DE TODAS AQUELLOS FALSOS EXONERADOS QUE OBTUVIERON BENEFICIOS ILÍCITAMENTE CON EVIDENTE PERJUICIO FISCAL Y, POR ÚLTIMO, AL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA ADOPCIÓN DE TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA LA INVALIDACIÓN DE AQUELLAS RESOLUCIONES QUE OTORGARON BENEFICIOS INDEBIDOS A LOS EXONERADOS POLÍTICOS. HE DICHO René Saffirio E. Diputado Informante Comisión Investigadora.

MINUTA EXPLICATIVA Tratado de Libre Comercio entre Chile – Vietnam Marzo, 2012 La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Vietnam, marca un hito en la relación comercial entre ambos países. Con el TLC se consolida aún más la estrategia de inserción comercial de Chile en Asia y en particular, con los países del bloque Asean. Asimismo, permitirá que productos chilenos se beneficien de un mercado de casi de 89 millones de habitantes con un PIB per cápita (PPP), de $ 3.355 dólares (2010, FMI). En la actualidad, Vietnam es uno de los principales productores de calzados, textiles y café en el mundo y en los últimos años se ha constituido como una de las economías más pujantes y dinámicas dentro del bloques ASEAN y del sudeste asiático. El interés de Chile por concretar un acuerdo comercial con Vietnam nace durante los últimos años previos a la negociación, en donde el intercambio comercial entre ambos países aumentó en más de un 300% (2005-2010). Demostrando un gran potencial para el aumento de exportaciones chilenas frente a la entrada en vigencia de un acuerdo comercial. A su vez, existe gran interés por concretar un acercamiento bilateral con los países del bloque ASEAN. La firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Vietnam se realizó en el marco de la Reunión de Líderes de APEC en Hawái, el 13 de noviembre 2011, con la presencia del Presidente Sebastián Piñera y el Presidente Truong Tan Sang. El Acuerdo es fruto de casi 3 años de negociaciones y 8 rondas, alcanzando un acuerdo que abarca materias de bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros, barreras técnicas al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, salvaguardias, cooperación, transparencia y solución de controversias. Asimismo, se logró en la negociación incluir una “cláusula evolutiva” para negociar servicios e inversiones no más allá de tres años desde la entrada en vigencia del Acuerdo. El TLC otorga preferencias arancelarias a un universo de más de 9.000 productos en diferentes categorías de desgravación. Cabe señalar que pese a la resistencia por parte de Vietnam de incluir un reconocimiento a la indicación geográfica del pisco chileno, esta fue aceptada e incorporada en el acuerdo. En el caso del Vino, estos fueron considerados y terminarán accediendo al mercado vietnamita con un arancel del 20% a los 11 años. Una vez que entre en vigencia el acuerdo, podrán ingresar a Vietnam con preferencias arancelarias productos chilenos tales como; carnes de cerdos, frutas y jugos entre otros, todos con altos aranceles de ingreso. Por el lado vietnamita, fueron favorecidos calzados, arroz, textiles y café. El TLC Chile Vietnam establece que desde el primer día de la entrada en vigencia del Acuerdo, se liberalizará inmediatamente el 73% de las exportaciones bilaterales. Esto se expresa a través de listas de desgravación acordadas entre ambos países las cuales cubren aproximadamente el 98,3% del comercio bilateral. Por otro lado, el Acuerdo incluye un mecanismo de solución de controversias que permitirá resolver las diferencias entre las partes, las inconsistencias e incumplimientos de los compromisos asumidos en el acuerdo a través de consultas y posibles arbitrajes si es necesario. Además, incorpora la institucionalidad del Comité Conjunto que se reunirá periódicamente para revisar el funcionamiento del acuerdo, al igual que los comités específicos (Comercio de Bienes, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y Cooperación, entre otros). Asimismo podrá establecer mejoras al acuerdo a lo largo del tiempo. Es necesario destacar que el TLC con Vietnam trasciende el ámbito económico. Es una gran oportunidad para el país, aprovechar las experiencias del país asiático en innovación tecnológica, mejorando la competitividad chilena, y otros compromisos adquiridos a través del acuerdo u otros convenios paralelos que fomentan la relación entre ambos países. Este acuerdo comercial contribuye a mejorar el clima de negocios con países asiáticos y países miembros de ASEAN, abriendo oportunidades para mayores relaciones comerciales y posicionamiento chileno en esta región. La ubicación de Chile en Latinoamérica, y la posibilidad de actuar como puente entre los países asiáticos y los del Cono Sur permite contribuirá a un mayor empleo y bienestar a los ciudadanos de nuestro país. René Saffirio E Diputado.

Un largo debate de mas de 70 años en el mundo científico se ha producido acerca de los efectos de la inoculación de Timerosal contenido en las vacunas que reciben nuestros niños y madres embarazadas (preservante que contiene un 50% de mercurio que es a la vez el segundo metal pesado mas peligroso del mundo para la salud humana y animal). La discusión científica radica en determinar si el mercurio es o no causante de trastornos neurológicos de tal magnitud como por ejemplo, el síndrome de ASPERGER y el AUTISMO.
Ante esa interminable discusión y profusa literatura, junto a los diputados Cristina Girardi y Enrique Acorssi, el año 2010 presentamos un proyecto de ley que elimina el uso de este preservante, reemplazando las vacunas en Chile por otras que no contengan Timerosal, existentes en el mercado, incluso en nuestro país, para aquellos que puedan pagarlo.
Es decir, los que cuenten con los recursos pueden vacunar a sus hijos sin correr el riesgo de afectarles con múltiples afecciones neurológicas. Tuvimos un respaldo insospechado en la Cámara de Diputados que, en una sesión para nosotros histórica (seríamos el primer país del mundo en eliminar por ley el Timerosal),aprobó por unanimidad este proyecto. Ante la falta de acuerdo en el mundo científico y al existir una duda razonable del daño causado por estas vacunas, fundamentamos nuestra defensa en la aplicación del denominado “principio precautorio” que no es mas que aplicar el viejo dicho de “ante la duda, abstente”.
Mas aún: obtuvimos el patrocinio del Gobierno, hubo de parte del Ministro de Salud sólo reparos formales y logramos a un acuerdo para seguir avanzando. Llegamos al Senado donde el proyecto fue aprobado en general (la idea de legislar) por la Comisión de Salud. Pasó a la Sala del Senado donde también fue aprobado con algunas modificaciones que no nos dejaron satisfechos y debimos la semana pasada nuevamente defenderlo en el mismo Senado ante la Comisión de Salud. GRAN SORPRESA: presente el Ministro de Salud en esa sesión, planteó que no apoyaba el proyecto, que el país no tenía recursos para reemplazar las vacunas y rechazó la aplicación del principio precautorio, negando los compromisos anteriores y estudios que en el mundo entero son considerados de gran consistencia científica y que demuestran la relación de causalidad entre el uso del Timerosal y el Autismo. En fin, se desdijo de todo lo que su propio Ministerio había sostenido antes.
Tanto quienes abogamos por la aprobación de esta ley como las organizaciones de padres de niños asperger y autistas sufrimos un duro golpe al constatar cómo criterios financieros tienen mas fuerza que la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la Salud Pública y trabajar, precisamente, para mejorarla. Tengo derecho a pensar que estamos siendo víctimas de un intenso lobby de quienes quieren mantener el uso de vacunas con Timerosal en el mundo que son grandes transnacionales de los medicamentos y que ya nos dieron una vez muestras de una colusión inmoral.
De otra forma no se entiende este impactante cambio de opinión del Ministerio de salud en una materia tan sensible para nuestras familias y particularmente para nuestros niños y madres embarazadas. No vamos a bajar los brazos, y seguimos teniendo confianza en el Senado, donde presentaremos las indicaciones necesarias para revertir esta situación. Para ello, el país debe saber lo que está ocurriendo en este tema que merece un tratamiento en los medios que permita a las familias empoderarse de algo que puede, irremediablemente, afectarles.

Prohíbe la existencia de guarderías infantiles en casinos de juego
para personas que indica
Boletín N° 8137-23
1. Fundamentos.- La ley de bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, N° 19.995, establece la prohibición de que menores entren a las salas de juego (artículo 9, letra a) de la ley). Esto tiene por objeto evitar que menores de edad accedan a juegos de azar, atendida su edad.
No obstante, en diversas ocasiones se ha denunciado que casinos de juegos han establecido en sus dependencias, o en la de hoteles vinculados a éstos, guarderías infantiles, que permiten a sus usuarios con hijos (padres u otras personas a su cuidado) utilizar estos servicios para poder ingresar a la salas de juego, atendida la prohibición indicada en el párrafo anterior. Esto trae como consecuencia que los padres descuiden sus obligaciones respecto de sus hijos, lo cual atenta abiertamente contra el interés superior del niño, declarado como uno de los principios del la Convención Internacional de Derechos del Niño, suscrita y ratificada por el Estado de Chile en 1990 y vigente a la fecha.
Que los padres dejen a sus hijos en guarderías infantiles con el único propósito de poder ingresar a salas de juegos es un motivo ruin, que no merece ninguna consideración y debe ser sancionado y prohibido. Asimismo, los operadores de casinos no pueden facilitar mediante estos servicios que sus usuarios privilegien el juego antes que el cuidado personal de sus hijos, ya que aquello vulnera los derechos del niño, los que, atendido la Convención, deben ser siempre preferidos. Esto se ve agravado en aquellos casos en que las guarderías operan durante la noche, lo que afecta el descanso de los menores de edad y, consecuencialmente, su salud.
A mayor abundamiento, en algunos casinos las guarderías tienen horarios que van desde las 12 horas hasta las 22 horas, y permiten que puedan ingresar menores hasta una hora antes del cierre, incluso se establece que un niño puede estar como máximo cuatro horas y que por lo general tienen un
valor de $5.000 pesos como se desprende de reglamentos internos de ciertos operadores_
2. Ideas matrices.- El presente proyecto tiene por objeto establecer la prohibición de utilización de las, guarderías infantiles por parte de los operadores de casino, en beneficio de padres o quienes estén al cuidado de un menor, para asistir coetáneamente a las salas de juego (finalidad), atendido el interés preponderante del menor. En este sentido, siguiendo los criterios sistemáticos en materia de jardines infantiles se fija un marco de funcionamiento diurno para estos servicios, excluyendo de su uso a quienes hagan uso simultaneo de los salones de juego, de ahí que se sancione con la prohibición de ingreso a los infractores.
Es sobre la base de estos antecedentes que venimos en proponer el siguiente:
Proyecto de ley

Artículo único.- Introdúcese la siguiente modificación a la ley 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juegos:
1) Incorpórese al artículo 9 de la ley, la siguiente letra g):
"g) Los padres o quienes tengan a su cuidado menores de edad, que hagan uso de servicios de cuidado de menores de edad en hoteles pertenecientes o relacionados al proyecto integral o general del casino de juego en los casos que señala el inciso final".
2) Agréguese al artículo 9 de la ley, el siguiente inciso final:
"Los hoteles que formen parte del proyecto integral o general del casino de juego podrán ofrecer servicios de cuidado de menores de edad, en horario diurno y para - el uso exclusivo de sus pasajeros. Los padres o quienes tengan a su cuidado menores de edad que utilicen tales servicios, con el objeto de ingresar a salas de juegos serán sancionados con la prohibición de ingreso".

René Saffirio E.
Diputado.