Mi intervención el pasado Martes 21 de septiembre 2.010, con motivo del debate sobre la modificación de la Ley Sobre Conductas Terroristas.

Señora Presidenta:
Estamos en presencia de un proceso legislativo que nunca debió realizarse bajo la presión que implica hacerlo para impedir la muerte de jóvenes comuneros mapuches que se encuentran en prisión preventiva por períodos de hasta casi dos años, quienes se han negado a ingerir alimentos por más de 70 días. Creo que hay consenso en cuanto a que son las peores condiciones para legislar, sin embargo, la realidad supera con creces nuestros tiempos legislativos, y debemos abordar con prontitud y sabiduría esta suerte de dilema ético, jurídico y político que estamos enfrentando.
No está de más reiterarlo: No compartimos el camino elegido por los comuneros en huelga para hacer valer sus derechos y reivindicaciones si en realidad se acredita que son autores de los hechos que se les imputa. NO validamos el uso de la violencia como método de acción política ni el inferirse un perjuicio irreparable a la salud y poner el peligro su vida por medio de la negativa a ingerir alimentos.
Formo parte de una generación que ya ha sufrido demasiado por el uso de la violencia política para imponer o prohibir ideas.
Está muy presente en nuestra conciencia el impacto de la fuerza por sobre la razón, de la intolerancia por sobre el diálogo y de la inflexibilidad por sobre el análisis con rigor.
b) Hemos sido autores y testigos a la vez de recriminaciones recíprocas acerca de la aplicación de la ley que estamos modificando: por una parte, mi coalición, la Concertación de Partidos por la Democracia, representada por un Ministro del Interior de mi propio partido, Jefe de Gabinete de una Presidenta Socialista, invoca esta ley e inicia el proceso en contra de estos comuneros en huelga.
La derecha, hoy en el Gobierno, señala reiteradamente que esta situación no se habría producido si no se hubiere iniciado, por la Concertación, este proceso.
Y por la otra, nosotros, la Concertación recordamos al país que el actual Jefe de Estado, en plena campaña presidencial, expresaba su molestia y disconformidad por no haberse actuado por el pasado Gobierno, con más dureza, aplicando en más ocasiones esta misma ley sobre conductas terroristas. Continuar con este intercambio de recriminaciones parece no ser el camino apropiado y lo lógico y coherente hoy es resolver esta crisis con inteligencia y generosidad.
Podemos concluir entonces que lo más razonable es reconocer, desde este hemiciclo, que todos tenemos, por acción u omisión, responsabilidad política en que las cosas estén desarrollándose de esta forma, tal vez no buscada, pero tampoco prevista y analizada con la rigurosidad que el caso exigía, al momento de iniciarse la acción. A QUIENES HEMOS COMPARTIDO GRAN PARTE DE NUESTRA VIDA CON EL PUEBLO MAPUCHE, NUNCA SE NOS ESCUCHÓ… Y EL ACTUAL GOBIERNO ESTA COMETIENDO LOS MISMOS ERRORES QUE OBSERVÉ DURANTE 12 DE LOS 20 AÑOS DE GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN COMO ALCALDE DE LA CAPITAL DE LA ARAUCANIA.
Reconocer y asumir el error sin pretender sacar provecho de aquello, nos hace más nobles, más humanos y más dignos de confianza de quienes nos eligieron.
Podemos incluso aspirar a ser honorables.
d) Ahora bien, nos enfrentamos a la paradoja que bajo el imperio de esta ley, que establece sanciones elevadísimas, se cometiera eventualmente, los actos de violencia política que – precisamente – estaba llamada a evitar.
Ello ocurre a mi juicio, por la naturaleza del proceso y el monto de las penas: normas de procedimiento inaceptables en democracia, y penas que por su magnitud llevan a los jueces a dictar sentencias absolutorias después de largos períodos de prisión preventiva, al elevar el estándar de las pruebas rendidas por el órgano persecutor.
Repugna a la conciencia jurídica de muchos jueces aplicar dichas penas con pruebas, por decir lo menos, de dudosa procedencia y valor.
UNA LEY QUE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO INICUO QUE PUEDE CONCLUIR CON LA APLICACIÓN DE UNA SANCION ESTABLECIDA EN EL CODIGO PENAL, AUMENTADA EN UNO DOS O TRES GRADOS, TERMINA SIENDO IRREMEDIABLEMENTE Y EN LA MAYORIA DE LOS CASOS, INAPLICABLE.
Aspiramos a encontrar el justo equilibrio entre la necesidad de contar con una ley que sancione los actos de terrorismo y otorgue seguridad a la población, con un procedimiento que respete las normas del debido proceso y, según sea el caso, concluya con sanciones justas, ejemplificadoras y proporcionales al daño causado por el delito cometido.
Nuestra indicación busca que se establezca como delito terrorista sólo aquel que afecte la vida, la libertad, la integridad física y la salud de las personas, es decir, la protección de bienes jurídicos de primer nivel o valor.
En el caso de los delitos de incendio y estragos y los atentados de los números 2 y 4 del art. 2° de la ley, pretendemos se sancionen con las penas de la ley común, con la sola excepción de aquellos que se ejecuten en lugares de uso público, afecten redes de transporte o la distribución de servicios de agua, alcantarillado, energía, combustible o comunicaciones, y que la finalidad de cometerlos SEA LA DE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES A PERSONAS O PROVOCAR DESTRUCCION SIGNIFICATIVA en cuyo caso, les será aplicable esta Ley Sobre Conductas Terroristas.
Revisemos entonces cuáles son las sanciones de la ley común para este tipo de delitos:
1.- La del art. 474 del Código Penal, que sanciona con la pena de presidio mayor en su grado máximo (15 años y un día) a presidio perpetuo el delito de incendio con resultado de muerte, mutilación de miembro importante o lesiones graves.
2.- La del art. 475 del Código Penal, que sanciona con la pena de presidio mayor en su grado medio (10 años y un día a presidio perpetuo), al que incendiare edificios, trenes de ferrocarril, buque u otro lugar habitado, buques mercantes cargados con explosivos, buques de guerra, depósitos de pólvora, etc.
3.- La del art. 476 del Código Penal, que sanciona con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados (5 años y un día a 20 años), al que incendie edificio no destinado a la habitación, bosques, mieses, pastos, montes, cierros o plantíos, y
4.- La del art. 480 del Código Penal que sanciona, con las mismas penas los estragos causados por medio de sumersión o varamiento de nave, destrucción de puentes, explosión de minas o que utilice cualquier agente de destrucción poderoso.
No es justo entonces que se nos quiera atribuir intentos de impunidad para quienes cometan estos delitos, cuando estamos proponiendo para ellos sanciones que van desde 5 años y un día a presidio perpetuo, con la sola aplicación de las normas comunes aplicables a este tipo de delitos por la Ley 19.029 de 10 de enero de 1991.
CNCLUYO SEÑALANDO QUE con la finalidad de poner término a la huelga de hambre se ha dado curso a varias iniciativas:
a) La modificación de la judicatura Militar, que sólo la hace aplicable a los militares que cometen delitos militares,
b) La constitución de una Mesa de Diálogo con el objeto de definir la forma como el Estado de Chile abordará la temática indígena desde el punto de vista cultural, social y político y cómo responderá a los compromisos contraídos en virtud de la entrada en vigencia, desde hace un año, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y
c) La modificación de esta ley sobre conductas terroristas que la haga compatible con nuestra institucionalidad democrática y nuestros compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.
ES POR ELLO ENTONCES QUE DEBEMOS TENER CLARO QUE, SIN CUMPLIRSE COPULATIVAMENTE ESTOS TRES REQUISITOS, LOS COMUNEROS MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE NO DEPONDRAN SU DECISION DE CONTINUAR CON ELLA.
SE, ENTIENDO Y ASUMO QUE TENEMOS ENTRE MANOS UN TEMA COMPLEJO, DE DIFICIL DECISION, PERO NINGUNA DE NUESTRAS DECISIONES ES MAS COMPLEJA QUE LA DE DEJAR QUE EL TIEMPO PASE Y ALGUNO DE ELLOS SE ENFRENTE DEFINITIVAMENTE CON SU PROPIA MUERTE. EN LA ACTUAL DISYUNTIVA, PREFIERO ASUMIR CUALQUIER COSTO, MENOS EL DE SER RESPONSABLE DE LA PERDIDA DE UNA VIDA HUMANA…
PORQUE QUERÁMOSLO O NO, SOMOS PARTE DEL TEJIDO CULTURAL, SOCIAL Y POLITICO QUE DURANTE TODO EL DESARROLLO DE NUESTRA REPUBLICA, HA EXCLUIDO Y MARGINADO A NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS.
DESDE ESTA CRISIS, SURGE ENTONCES UNA OPORTUNIDAD HISTORICA DE REENCUENTRO EN EL RESPETO, LA COMPRENSION Y LA VERDAD ACERCA DE NUESTRA HISTORIA Y NUESTRO PRESENTE PARA CON ELLO ASPIRAR A SER PARTE DE LA CONSTRUCCION DEL FUTURO.
He dicho Presidenta. Muchas Gracias.

Diputado (Temuco-Padre Las Casas)