El país ha sido testigo de la discusión que se ha producido desde ya varios años, acerca de la distribución de la “píldora del día después”, en que diversos órganos del Estado (Tribunales de Justicia, Tribunal Constitucional) han dictado resoluciones acerca de la decisión del Gobierno de distribuir dicho fármaco en establecimientos públicos de salud y consultorios municipales para permitir el acceso a ella a personas que carecen de los medios económicos para adquirirla directamente en las cadenas farmacéuticas de nuestro país. Lo resuelto por estos órganos ha sido la prohibición de la distribución.
Es verdad que en un estado de derecho es indispensable que las resoluciones de los Tribunales sean respetadas, pero ello no obsta que tengamos al respecto una opinión distinta. En efecto, el argumento que pretendió dar mayor consistencia a los recursos judiciales y ante el Tribunal Constitucional a la petición de prohibir su distribución, es que se trata de un medicamento que tiene o “podría tener”efectos abortivos. Con dicho argumento (no acreditado científicamente aún), se logró que dicha prohibición se materializara, es decir, se prohibió la distribución por parte del Sistema Público de Salud. Se dio también abundante argumentación de carácter moral y ético para pedir dicha prohibición. Lo paradojal, es que quienes así lo solicitaron, sólo estimaron que debía prohibirse al Estado distribuir la píldora, no así a las cadenas de farmacias, que, por un buen precio, hoy la venden indiscriminadamente y en todo el país, por supuesto a quienes la pueden pagar.
Es en este escenario entonces que resultan de dudosa credibilidad tanto los fundamentos científicos de ser abortiva como los de carácter moral y ético que se invocan, si dichos criterios sólo son aplicables a las mujeres modestas que no tienen medios para comprar el medicamento, mientras las que disponen de ingresos suficientes pueden adquirirlo sin dificultad alguna en cualquier farmacia en Chile.
Estamos en presencia de un tipo de segregación que a los ojos de cualquier persona resulta irritante. Seguimos construyendo en nuestro país verdaderos guetos que dividen la sociedad chilena según sea la situación socioeconómica de cada uno. Al ya doloroso “tanto tienes, tanto vales”, se agrega ahora una nueva realidad avalada por catones de la moral que dan mayor o menor valor a sus “principios”, según sea el volumen de los ingresos que tengan las personas a quienes se quieren aplicar.
*Catón: censor severo.
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