PROYECTO DE RESOLUCIÓN

FUNDAMENTOS

1. La institucionalidad de protección de la Infancia en nuestro país está en crisis y lo ha estado por mucho tiempo. Sin embargo, pareciera que nuestro sistema político no le tomó el peso hasta el develamiento de las muertes de muchos niños, niñas y adolescentes en dependencias de los centros que tenían el deber de protegerlos. A la fecha son varias las iniciativas legales que se han propuesto para enmendar el rumbo del Servicio Nacional de Menores y ya se han constituido dos comisiones investigadoras para estudiar el problema y las distintas soluciones.

2. Sin embargo, creemos que no se ha  logrado dar en el clavo con las soluciones de este problema porque ha faltado poner el foco adecuado que es poner por encima de toda consideración, el bienestar de quienes merecen la protección la sociedad en su conjunto, sobre todo aquéllos a los que les hemos fallado y que han visto violados sus Derechos Humanos más fundamentales.

3. Cuando la indiferencia, el abuso, la ineficiencia e ineficacia invade y se expande de forma generalizada en la institucionalidad pública en materia de infancia, sólo queda como un imperativo ético y de Estado, remover de raíz la razón de muerte, abusos, tortura y lucro, donde las víctimas son los niños más vulnerables de nuestro país. Creemos que ningún aparente estado de “avance” en materia de infancia en Chile, es realmente tal, cuando lo que hemos detectado y denunciado es una de las más graves violaciones a los derechos humanos en democracia, que dada la desidia del Estado, y que por acción u omisión de órganos públicos, se siguen produciendo día a día.

4. Existen tres grandes áreas que a nuestro juicio constituyen los aspectos más críticos en la materia:
1. En primer lugar, la crisis en el modelo de financiamiento del SENAME y de organismos colaboradores, en materia de hogares o residencias que atienden a niños.
2. En segundo lugar, las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos en contra de niños, niñas y adolescentes cometidas por el Estado, incluyendo fallecimientos, torturas, violaciones y explotación sexual, cuyas víctimas se encontraban bajo “el cuidado” del Estado en centros dependientes del SENAME.
3. Por último, estamos convencidos del rotundo fracaso de las políticas públicas en materia de infancia, cuyas causas se relacionan con el errado enfoque del Estado, que por décadas marginó, segregó y castigó brutalmente a los niños más postergados y vulnerables de nuestro país.

5. Respecto al primero de los ejes, hoy el modelo de gestión y financiamiento del sistema SENAME se sustenta en la existencia de organismos colaboradores. En la práctica, el Servicio es sólo un órgano subsidiario de los “Organismos Colaboradores”, son entidades privadas sin fines de lucro que administran el 96% de la oferta. El financiamiento de estas instituciones se realiza a través de subvenciones a la cantidad de niños, niñas y adolescentes que reciban. Uno de los problemas de este sistema es que fomenta la internación, independiente de las necesidades de los niños que atienden. Por otro lado, el sistema no posee lineamientos que regulen la ejecución de los recursos entregados por el Estado a las instituciones privadas y el SENAME carece de facultades para fiscalizar la labor de las OCAs más allá de la rendición de cuentas de los dineros recibidos. Lo anterior impide que la calidad de los establecimientos pueda ser garantizada por el Estado. Las debilidades de los controles legales ha permitido incluso el lucro por parte de alguna de las instituciones benefactoras. Se ha acreditado que un grupo de éstas invierte los fondos entregados por el Estado en instrumentos financieros, apropiándose de las utilidades de su transacción. Finalmente, la utilización excesiva del artículo 80 bis de la Ley N° 19.986 por parte de los jueces de familia, ha fomentado la internación con recursos asegurados por ley y el crecimiento inorgánico de organismos colaboradores. Se requiere así, de forma urgente, un plan que articule la oferta con la demanda que generan las medidas que decretan los jueces de familia.

6. Por otro lado, se han constatado graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contra de los niños, niñas y adolescentes cometidas por el Estado.

Durante el desarrollo de la Comisión Investigadora SENAME II, se acreditó que durante el período 2005-2016, 1.313 niños, niñas y adolescentes fallecieron en centros dependientes del SENAME o de organismos colaboradores (información entregada por la Directora Nacional del SENAME, Solange Huerta). Así también, existen antecedentes sobre torturas y apremios ilegítimos ocurridos al interior del sistema SENAME. A propósito de la muerte de Lissette Villa y a través de la investigación penal dirigida por el Fiscal regional de Los Lagos Marcos Emilfork, el Ministerio Público formalizó a ocho personas por los delitos de tortura y apremios ilegítimos. La investigación penal actualmente sigue su curso, decretándose por el séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, un plazo de investigación de siete meses, a partir del mes de marzo pasado. En la misma línea, en diciembre pasado, se dio a conocer el caso de 25 niños internados en el CREAD de Playa Ancha de Valparaíso. En este centro dependiente del SENAME, estos niños fueron víctimas de fuertes maltratos y golpes, cometidos por funcionarios de dicha institución. Por ello,el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querellas contra quienes resulten responsables.

Así también, existe una vulneración en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes dada las pésimas condiciones de infraestructura y personal en que se encuentran estos centros.

7. Finalmente, podemos concluir que todas las políticas públicas en materia de infancia vulnerada han fracasado y ha sido incapaz de abordar correctamente los problemas específicos de los niños, niñas y adolescentes que requieren del apoyo del Estado. Así, en primer lugar, el sistema SENAME carece de estrategias adecuadas para abordar las necesidades específicas de quienes recibe, ya sea porque no cuentan con las herramientas y el personal adecuado o a raíz del tratamiento conjunto de infractores de ley con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, existe un sistema de adopción incapaz de velar por el mejor interés de los niños, niñas y adolescentes, que no considera las circunstancias específicas en que estos se encuentran. Este sistema está conformado incluso por organizaciones chilenas y extranjeras que dan adopción a niños en el extranjero a cambio de una contraprestación, situación que transgrede radicalmente la dignidad de los niños, niñas y adolescentes dados en adopción.

8. En definitiva, existen distintas medidas que se pueden tomar para poder enmendar el rumbo que nuestro sistema ha tenido hasta el momento. Algunas de ellas, creemos que son las siguientes:

1. Reemplazar los curadores ad litem por un Abogado del Niño que se preocupe de defender sus derechos ante los Tribunales.
2. Crear una institución denominada Defensor del Niño que sea un organismo autónomo e independiente del gobierno de turno, que denuncie las situaciones de vulnerabilidad de los derechos de la infancia y actúe en forma preventiva para que los niños se desarrollen en un sistema universal de derechos y garantías.
3. Terminar de tramitar el proyecto que establece una Subsecretaría de la Infancia.
4. Aprobar la ley de Identidad de Género, procurando que resguarde el derecho a la identidad sexual de niños, niñas y adolescentes.
5. Establecer medidas que garanticen el resguardo del Salud Mental de los niños, niñas y adolescentes y de su entorno familiar, a través de programas de psiquiatría y salud mental integrales que propendan a cubrir la totalidad de niños con enfermedades psiquiátricas que se encuentran internos.
6. Terminar de tramitar el proyecto de ley que pone fin al SENAME y que lo sustituya por dos organismos, uno preocupado de los niños, niñas y adolescentes infractores de ley, y otro para los que requieren de protección o tutela del Estado.
7. Derogar la Ley de Menores y sustituirla por un orden legal que entregue suficientes atribuciones de intervención, planificación y coordinación al Estado respecto a los derechos de la Niñez.
8. Cambiar el modelo de financiamiento de organismos colaboradores desde un marco que basado en el pago por niño internado, que genera un incentivo a la institucionalización innecesaria, a otro, de carácter institucional que considere la evaluación y cumplimiento de estándares técnicos, basado en el principio de control del gasto.
9. Crear un sistema de adopción transparente y expedito, que ponga el énfasis en el interés superior del niño.

9. La responsabilidad del Estado con respecto a la infancia es histórica, y constituye una deuda que se arrastra desde la creación del Servicio Nacional de Menores. Las vulneraciones a los Derechos Humanos que ha cometido el Estado en contra de nuestros niños es vergonzosa y empaña nuestro pasado y presente. Por ello, creemos indispensable se tomen medidas urgentes y estructurales para procurar el bienestar de los más vulnerables, los niños que ven amenazados sus derechos día a día.

POR TANTO,

Solicitamos a S.E. la Presidenta de la República lo siguiente:

1.- Se estudie un mecanismo de reparación de las víctimas por la violación sistemática de los derechos humanos en instalaciones del SENAME, de acuerdo a lo concluido por el informe de minoría de la Comisión Investigadora SENAME II.

2.- Se reestructure prontamente la institucionalidad del SENAME y el sistema de financiamiento que hoy existe, implementando las medidas que se señalan en el punto 8 de la fundamentación de este proyecto y que fueron incluidas por el informe de minoría de la Comisión SENAME II.

3.- Se reconozca, a nombre del Estado, esta negligencia sostenida contra las niñas, niños y adolescentes, y la responsabilidad política de todas las autoridades,  directores del organismo y respectivos Ministros y Ministras de Justicia desde su creación.

4.- Se perfeccionen y se pongan plazos reales para la aprobación de los proyectos que protegen los derechos de la Infancia en tramitación hoy en el Congreso, a saber, el Proyecto que crea Subsecretaría de la Niñez (Boletín 10.314-06), el Proyecto de Reforma Constitucional que establece la Defensoría de la Infancia (8.489-07), el Proyecto que suprime el Servicio Nacional de Menores, creando dos nuevos servicios de atención a la Infancia y adolescencia (8.487-07), el Proyecto de Ley que establece el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas (Boletín 11.176-07), y el que establece el sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (Boletín N° 10.315-18).

5.- Se otorgue carácter urgente para 2018, un presupuesto prioritario al Servicio Nacional de Menores y a todos los programas que aborden la materia, cualquiera sea el Ministerio que los administre.