MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA PARA TODOS
La DC ha sido siempre una fuerza democrática y democratizadora. Sus parlamentarios se opusieron a la ley maldita (1948). Un diputado suyo -Jorge Rogers- es el padre de la cedula única (1958), que puso fin al cohecho. Frei Montalva promovió una profudización de la participación ciudadana y democrática que se expresó en las reformas constitucionales de 1970, incluyendo un verdadero sufragio universal.
Durante la dictadura militar, los liderazgos más significativos del partido asumieron una posición de defensa de los derechos humanos y de lucha por la recuperación democrática. La DC, además, jugó un papel decisivo en la creación de espacios para pensar y discutir la redemocratización (Grupo de los 24, Acuerdo Nacional, CED, CIEPLAN, entre otros).
Fue en el gobierno de Patricio Aylwin que transitamos a la democracia en un clima de paz y concordia, y fue en los 20 años de gobiernos de la Concertación que este país se hizo más democrático e inclusivo.
Estamos conscientes, sin embargo, que nuestra democracia puede y debe ser perfeccionada para que más personas se sientan identificadas con ella, para que el debate político tenga mayor calidad y las políticas públicas beneficien a todos, especialmente a los grupos más vulnerables. Llamamos a no conformarnos con la democracia que tenemos, y a abrir más espacios de participación y libertad.
Hay que decirlo derechamente: la actual Constitución, a pesar de todas las reformas democráticas que hemos introducido desde 1989, no tiene una legitimidad suficiente. Manifestamos, pues, nuestra voluntad de concordar una agenda de reformas políticas e institucionales con los demás partidos de la Concertación y la oposición, para proponerla al país y ser discutida en forma amplia y participativa. Esta no es una bandera para tiempos electorales, sino que responde a un imperativo de responsabilidad y de coherencia ética.
Nuestra institucionalidad política enfrenta hoy varias crisis evidentes. En primer lugar, una crisis de legitimidad de los partidos y de las principales instituciones de la democracia representativa; en segundo lugar, una crisis que podríamos denominar de legalidad, en cuanto la ley debe ser la expresión de la mayoría, lo que la Constitución no asegura; en tercer lugar, una crisis de representación, tanto por el sistema electoral como por los mecanismos de reemplazo en caso de vacancia y, en cuarto lugar, una crisis de igualdad, no sólo entre los ciudadanos sino también entre las distintas regiones del país.
Estamos convencidos de que la reforma política es una necesidad urgente, que debemos enfrentar con decisión antes de que se convierta en crónica y destruya nuestro régimen democrático. Aquella debe fundarse en los siguientes principios fundamentales:
1. Fortalecimiento de la base democrática
2. Revalorización del principio democrático en el origen del poder
3. Eliminación de los obstáculos para el correcto funcionamiento del principio de mayoría
4. Respeto por las minorías
5. Transparentcia y probidad
6. Descentralización efectiva y eficiente.
Nuestra propuesta de hoy comienza por reafirmar nuestra voluntad de facilitar el ejercicio del derecho a sufragio a todos aquellos compatriotas a quienes nuestra Constitución reconoce como ciudadanos. Por lo mismo, nos interesa asegurar tanto una pronta puesta en marcha del sistema de inscripción automática como la aprobación de un mecanismo expedito y no excluyente para el voto de los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero. Aunque en nuestro último Congreso partidario adoptamos una clara posición a favor del voto obligatorio, entendemos que existe un acuerdo político en favor del voto voluntario. Como siempre, vamos a honrar ese acuerdo.
Abiertos al diálogo, proponemos al país las siguientes reformas político-institucionales en una perspectiva de perfeccionamiento y profundización de nuestra democracia:
1. Sustituir el actual sistema electoral binominal por uno de representación proporcional. Queremos desempatar una democracia empatada, en que la mayoría vale igual que la minoría. Queremos afirmar el principio de mayoría que es inherente a la democracia, con pleno respeto por las minorías. Se trata de acometer una reforma electoral de verdad que permita una representación razonable de todas las corrientes de opinión importantes del país. No estamos disponibles para una reforma electoral que consista, pura y simplemente, en agregar 2, 4, o 6 nuevas circunscripciones o distritos binominales adicionales.
Queremos un sistema electoral que, sin propender a la proliferación y atomización de los partidos, genere condiciones para una competencia efectiva entre las fuerzas políticas. Queremos que haya ganadores y perdedores. Nos parece nefasto prolongar el empate institucionalizado del binominal. Esa estructura de incentivos crea condiciones para una política elitista e inmovilista, la cual, a su vez, abona el terreno para el surgimiento de liderazgos personalistas y populistas y desprestigia el sistema democrático, el que no aparece como realmente competitivo.
El informe de la Comisión Boeninger y las múltiples iniciativas que hemos introducido desde 1990 en adelante, en esta materia, pueden servir de base para este cambio fundamental.
2. Avanzar hacia una efectiva descentralización política y administrativa del país. En este terreno, la ley de reforma constitucional N° 20.390, impulsada por el gobierno de la Presidenta Bachelet, y aprobada hace un año, constituye un avance innegable (incluye aspectos importantes como la elección de Consejeros Regionales por voluntad popular). Nos parece indispensable, sin embargo, que las posibilidades democratizadoras de esa reforma se materialicen pronto en cambios legales, traspaso de competencias y transferencia de recursos.
Impulsaremos en el Congreso Nacional las modificaciones legales que aseguren que los próximos consejeros regionales sean elegidos efectivamente en forma directa por los ciudadanos de las distintas regiones.
Junto con ello, impulsaremos una profunda reforma política y administrativa que contemple los siguientes aspectos:
2.1. Elección de un Gobernador Regional en reemplazo de las actuales Intendencias. Cabe recordar que estas últimas tienen su origen en las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII, que establecieron una estructura político-administrativa fuertemente centralista, cuyas características fundamentales perduran hasta nuestros días.
Manteniendo las características de un estado unitario, sin que aparezcan –al menos hasta ahora- razones que justifiquen avanzar hacia la creación de un estado federal, somos partidarios que tanto los Gobernadores Regionales como los Consejeros Regionales sean elegidos por voluntad popular.
En cuanto al argumento comúnmente –y legítimamente- esgrimido, en cuanto al estatus que ello implicaría en relación a las fuerzas de orden y seguridad, y los temas relacionados de orden público y seguridad ciudadana, somos partidarios de crear una figura de delegado regional a cargo de las mismas, dependiente del recientemente creado Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
2.2. Transformar a los Municipios en auténticos gobiernos municipales autónomos. A pesar de que estos han experimentado numerosos cambios en una perspectiva de modernización, y que ya no son los Municipios del “aseo y ornato” que conocimos hasta los años 70, es necesaria una verdadera modernización que implique plantearse derechamente la autonomía de los gobiernos municipales. Ello implica una verdadera autonomía administrativa y financiera, dotando de facultades a dicho Municipio para fijar la planta administrativa, las remuneraciones de su personal, y el presupuesto comunal. Todo ello, en el contexo de una sana política fiscal, que vele adecuadamente por los equilibrios macro económicos básicos, que logre la compatibildad y armonía entre la autoridad nacional y comunal respectivas.
La Ley de la Comuna Autónoma (1891) fue un gran paso en la dirección de la descentralización del país. Sin embargo, nuestra estructura política y administrativa sigue siendo fuertemente centralizada. Es hora de avanzar hacia un gobierno municipal verdaderamente autónomo.
2.3. Creación de nuevos Gobiernos Metropolitanos en aquellos casos de gran densidad o concentración poblacional cuyas características hacen insuficiente las estructuras de gobiernos regionales y comunales. Tal es el caso el Gran Santiago, Valparaíso-Viña del Mar y Concepción-Talcahuano.
2.4. Al mismo tiempo que los fortalecemos, necesitamos establecer mecanismos eficaces de control y fiscalización de las Municipalidades, para evitar la aparición de actos reñidos con la probidad y hacer más eficiente y más cercana su relación con los ciudadanos. Lo anterior significa reforzar y modernizar facultades fiscalizadoras de los Concejos Municipales y Contraloría General de la República. Ello permitirá avanzar, además, en el mejoramiento de sus mecanismos y estructuras de financiamiento, de manera que sea posible dejar atrás su dependencia del Estado central, lo que obviamente reduce sus márgenes de autonomía.
3. Revisión profunda del sistema de quórum –o “super-mayorías”- para reformas legales. No nos parece que para regular cualquier asunto de mediana importancia sea necesario reunir los 4/7 de los votos en ejercicio de diputados y senadores. Tras el aparente objetivo de promover consensos, se ha terminado consagrando el veto de las minorías. En esas condiciones, los ganadores de las elecciones no pueden llevar a cabo los cambios requeridos por el electorado. Proponemos, por tanto, modificar el artículo 66 de la Carta Fundamental para sustituir la expresión cuatro séptimos por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.
Resulta indispensable, además, revisar las potestades del Tribunal Constitucional, especialmente respecto del control preventivo, que lo convierte en un verdadero poder colegislador y contramayoritario, así como respecto de los mecanismos de elección de los jueces constitucionales.
4. Reforma del estatuto de los partidos políticos, asegurando una efectiva representación de los mismos. Queremos profundizar, revitalizar y modernizar la democracia, haciéndola más abierta y participativa. Eso significa, muy principalmente, mayor participación ciudadana.
4.1. Proponemos dictar una ley de primarias públicas, abiertas y vinculantes.
4.2. Somos partidaios de asegurar la democracia interna de los partidos políticos, garantizando a todos los militantes el derecho de incidir de manera regular y efectiva en la definición de las autoridades y de la línea política.
4.3. Para el logro de lo anterior proponemos crear una Superintendencia de Partidos Políticos y dotar de una efectiva autonomía al Servicio Electoral. Hay que robustecer los mecanismos de supervigilancia que, respetando la autonomía de estas asociaciones, aseguren la limpieza de los procedimientos electorales internos y la corrección en el uso de los recursos.
4.4. Proveer fuentes de financiamiento directo o indirecto, público y privado, para que estas colectividades puedan cubrir adecuadamente con su misión de contribuir a la formación de la voluntad colectiva y representar adecuadamente a la ciudadanía. Dicho financiamiento debe contemplar recursos para la tarea indispensable da la formación ciudadana, como un aspecto básico de la educación cívica.
4.5. Dotar al Servicio Electoral y a la ciudadanía de herramientas efectivas de fiscalización y control del gasto electoral, que constituye una fuente de desigualdad y una fuerte de barrera de entrada para nuevos actores políticos.
5. Eliminación del Consejo de Seguridad Nacional, y del título correspondiente de la Constitución Política del Estado. De alguna manera, dicha institución es una manfestación de la ideología que inspiró a la Constitución de 1980. Adicionalmente, un estado democrático de derecho cuenta con instituciones adecuadas para velar por la seguridad nacional, que es responsabilidad de todos.
6. Creación de un Consejo Económico-Social con rango constitucional, que permita una vinculación permanente del gobierno y el parlamento con la sociedad organizada, de manera que se enriquezca el debate democrático y se mejore la representación de la sociedad en el proceso de toma de las grandes decisiones políticas, sociales y económicas del país.
7. Creemos indispensable el establecimiento de una acción de protección de todos los derechos garantizados por la Constitución, de carácter contencioso- administrativo, ante un órgano dotado de suficiente autonomía e imperio, y con un procedimiento que haga posible amplios procesos de mediación entre la Administración y los ciudadanos.
8. Somos partidarios de fortalecer derechos sociales fundamentales actualmente recogidos en la Constitución, como los de Educación, Salud, Seguridad Social, y Derechos Laborales como el fortalecimiento de la sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, incorporando algunos nuevos, como la protección de los consumidores y de los usuarios. Lo anterior supone desideologizar un orden púbico económico que, en la Constitución que nos rige, da cuenta de una marcada impronta neoliberal. Junto con ello, debe establecerse el carácter de bienes públicos de algunos de los derechos sociales fundamentales que hemos mencionado.
Soledad Alvear Jorge Burgos
Patrico Walker Aldo Cornejo
Ignacio Walker
Santiago, 24 de Julio de 2011
Documentos y comentarios relacionados con mi función legislativa, de representación y fiscalizadora en la Cámara de Diputados de Chile.
25 julio 2011
20 julio 2011
POSICION DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA SOBRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN CHILE.
POSICION DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA SOBRE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN CHILE.
18 de julio de 2011
1. El Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano celebra y valora la movilización estudiantil, social y ciudadana que ha puesto en la agenda pública el tema de la educación superior, media y básica.
2. Frente a esta demanda, legítima y justificada, el gobierno central ha sido intolerante e indolente. Tras largas semanas, ha respondido con una propuesta que no se hace cargo de la exigencia nacional de alcanzar una educación de calidad y equidad para todos. Por lo anterior, para la Democracia Cristiana un eventual acuerdo en materia de educación sólo es posible si se actúa en Concertación y en coordinación con el movimiento social.
3. La Democracia Cristiana ratifica la plena vigencia de los acuerdos alcanzados en su V Congreso que define una visión integral de la educación. Para nosotros la educación es la piedra angular de nuestro futuro como país es fundamental para el desarrollo integral de cada persona en todas sus dimensiones. Consideramos que el desafío de esta etapa es dar un salto cualitativo que consolide una base educativa sólida de efectiva equidad y calidad garantizada para todos.
4. En particular, reafirmamos hoy nuestra posición en el tema del lucro: “Como humanistas cristianos entendemos que el lucro no contribuye al verdadero espíritu de la labor educativa, que no es otra que colaborar a la formación integral de las personas y comunidades, y para ello es necesario que los recursos que se destinen a la educación sean usados integralmente para ese fin”.
5. Para el PDC la familia es la primera educadora, la educación es un bien pública que el Estado debe garantizar para todos al tiempo que asegura la libertad de enseñanza. “Para la DC es central establecer un sistema educacional que otorgue garantías a las cuales tendrá derecho todo niño y niña que viva en Chile”. Consideramos vital el papel de las comunidades escolares y buscamos promover la autonomía de las instituciones educativas.
6. Promovemos una educación pública de calidad. Estimamos que la educación privada, incluida la subvencionada, es expresión de la libertad, riqueza y diversidad cultural de nuestra nación. Los privados deben responder con responsabilidad e idoneidad a la confianza que las familias y la sociedad les entregan.
7. El Consejo Nacional del PDC ratifica el acuerdo alcanzado por los presidentes de partidos de la Concertación, en relación a la necesidad de convocar “a todos los sectores del país a lograr un Pacto Social y Político por la Educación Chilena” abierto a la discusión ciudadana. En contraposición, nos parece que la propuesta oficialista denominada GANE, de mal nombre y débil contenido, no apunta al fondo del problema.
8. En coincidencia con la planteado por los presidentes de la Concertación, estimamos que una propuesta sobre calidad y equidad de la educación parvularia, básica y media, requiere tener un proyecto educativo nacional, que priorice el fortalecimiento de la educación pública; la definición de una nueva carrera docente; el disponer de más y mejor Estado para una educación de calidad y equidad; y el aumento de la cobertura y calidad de la educación preescolar. En particular, concordamos en que “debe entregarse garantía estatal a los derechos educativos de los pueblos indígenas, incorporando interculturalidad en el sistema educativo”.
9. Respecto de la educación superior y a diferencia de la propuesta gubernamental, nos parece que un Pacto Social y Político por la Educación Chilena debe incluir todos los temas en debate, sin que falte ninguna materia importante: la necesidad de reformar la Constitución para establecer el carácter de la educación como bien público, garantizando el desarrollo de la educación pública que, a nivel universitario, permita el aumento de su cobertura; desarrollar un sistema nacional, autónomo y descentralizado, dependiente del Estado, que reemplace el modelo de educación municipal; establecer un nuevo régimen de trato para las universidades del Estado que garantice su financiamiento basal; hacer cumplir la ley que prohíbe la realización de actividades lucrativas en el ámbito universitario y rechazar cualquier intento de legalizarlo.
10. Asimismo, aspiramos a reformar el sistema de acceso a la educación superior, entregando mayor preponderancia al rendimiento escolar; nivelar y reformar el sistema de subvenciones escolares, al tiempo que se analiza la revisión del financiamiento compartido; alcanzar una nueva carrera docente; establecer un nuevo sistema de ayudas estudiantiles con derechos garantizados para los jóvenes; posibilitar la participación de estudiantes y funcionarios en los procesos de decisión universitaria; crear una Superintendencia de Educación Superior; crear una agencia aseguradora de la calidad de la educación superior; establecer una red de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter público; y, retomar la prioridad nacional por la educación parvularia y de la primera infancia.
11. La Democracia Cristiana promovemos decididamente una reforma tributaria orientada a conseguir un financiamiento suficiente y permanente para el logro de una educación pública equitativa y de calidad.
18 de julio de 2011
1. El Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano celebra y valora la movilización estudiantil, social y ciudadana que ha puesto en la agenda pública el tema de la educación superior, media y básica.
2. Frente a esta demanda, legítima y justificada, el gobierno central ha sido intolerante e indolente. Tras largas semanas, ha respondido con una propuesta que no se hace cargo de la exigencia nacional de alcanzar una educación de calidad y equidad para todos. Por lo anterior, para la Democracia Cristiana un eventual acuerdo en materia de educación sólo es posible si se actúa en Concertación y en coordinación con el movimiento social.
3. La Democracia Cristiana ratifica la plena vigencia de los acuerdos alcanzados en su V Congreso que define una visión integral de la educación. Para nosotros la educación es la piedra angular de nuestro futuro como país es fundamental para el desarrollo integral de cada persona en todas sus dimensiones. Consideramos que el desafío de esta etapa es dar un salto cualitativo que consolide una base educativa sólida de efectiva equidad y calidad garantizada para todos.
4. En particular, reafirmamos hoy nuestra posición en el tema del lucro: “Como humanistas cristianos entendemos que el lucro no contribuye al verdadero espíritu de la labor educativa, que no es otra que colaborar a la formación integral de las personas y comunidades, y para ello es necesario que los recursos que se destinen a la educación sean usados integralmente para ese fin”.
5. Para el PDC la familia es la primera educadora, la educación es un bien pública que el Estado debe garantizar para todos al tiempo que asegura la libertad de enseñanza. “Para la DC es central establecer un sistema educacional que otorgue garantías a las cuales tendrá derecho todo niño y niña que viva en Chile”. Consideramos vital el papel de las comunidades escolares y buscamos promover la autonomía de las instituciones educativas.
6. Promovemos una educación pública de calidad. Estimamos que la educación privada, incluida la subvencionada, es expresión de la libertad, riqueza y diversidad cultural de nuestra nación. Los privados deben responder con responsabilidad e idoneidad a la confianza que las familias y la sociedad les entregan.
7. El Consejo Nacional del PDC ratifica el acuerdo alcanzado por los presidentes de partidos de la Concertación, en relación a la necesidad de convocar “a todos los sectores del país a lograr un Pacto Social y Político por la Educación Chilena” abierto a la discusión ciudadana. En contraposición, nos parece que la propuesta oficialista denominada GANE, de mal nombre y débil contenido, no apunta al fondo del problema.
8. En coincidencia con la planteado por los presidentes de la Concertación, estimamos que una propuesta sobre calidad y equidad de la educación parvularia, básica y media, requiere tener un proyecto educativo nacional, que priorice el fortalecimiento de la educación pública; la definición de una nueva carrera docente; el disponer de más y mejor Estado para una educación de calidad y equidad; y el aumento de la cobertura y calidad de la educación preescolar. En particular, concordamos en que “debe entregarse garantía estatal a los derechos educativos de los pueblos indígenas, incorporando interculturalidad en el sistema educativo”.
9. Respecto de la educación superior y a diferencia de la propuesta gubernamental, nos parece que un Pacto Social y Político por la Educación Chilena debe incluir todos los temas en debate, sin que falte ninguna materia importante: la necesidad de reformar la Constitución para establecer el carácter de la educación como bien público, garantizando el desarrollo de la educación pública que, a nivel universitario, permita el aumento de su cobertura; desarrollar un sistema nacional, autónomo y descentralizado, dependiente del Estado, que reemplace el modelo de educación municipal; establecer un nuevo régimen de trato para las universidades del Estado que garantice su financiamiento basal; hacer cumplir la ley que prohíbe la realización de actividades lucrativas en el ámbito universitario y rechazar cualquier intento de legalizarlo.
10. Asimismo, aspiramos a reformar el sistema de acceso a la educación superior, entregando mayor preponderancia al rendimiento escolar; nivelar y reformar el sistema de subvenciones escolares, al tiempo que se analiza la revisión del financiamiento compartido; alcanzar una nueva carrera docente; establecer un nuevo sistema de ayudas estudiantiles con derechos garantizados para los jóvenes; posibilitar la participación de estudiantes y funcionarios en los procesos de decisión universitaria; crear una Superintendencia de Educación Superior; crear una agencia aseguradora de la calidad de la educación superior; establecer una red de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter público; y, retomar la prioridad nacional por la educación parvularia y de la primera infancia.
11. La Democracia Cristiana promovemos decididamente una reforma tributaria orientada a conseguir un financiamiento suficiente y permanente para el logro de una educación pública equitativa y de calidad.
19 julio 2011
PROYECTO DE ACUERDO PRESENTADO HOY 19 DE JULIO 2011,SOBRE CONTAMINACIÓN EN TEMUCO Y PADRE LAS CASAS.
PROYECTO DE ACUERDO
CONSIDERANDO:
1º Que, las comunas de Temuco y Padre Las Casas, de la Región de la Araucanía, constituyen hoy la conurbación urbana con los más altos índices de contaminación atmosférica del país, registrando históricamente episodios críticos de contaminación, tal cual ha sido durante lo que va del otoño e invierno de 2011, en que se han registrado ya 24 superaciones de la norma de calidad de aire para el contaminante MP10 (10 episodios sobre los 195 microgramos por metro cúbico normal de aire (mg/m3N) diario e incluso llegando en algunos casos a los 1.000 mg/m3N), habiendo sido frecuentes promedios que oscilaban entre los 200 y hasta los 300 mg/m3N.
A modo referencial, el Decreto Supremo Nº 59 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, establece en su artículo 2º que: “La norma primaria de calidad del aire para el contaminante Material Particulado Respirable MP10, es ciento cincuenta microgramos por metro cúbico normal (150 mg/m3N) como concentración de 24 horas” (diaria). A modo de referencia, la Organización Mundial de la salud ha establecido como nivel máximo permitido el de 50 mg/m3N, con un máximo de 7 episodios anuales.
Igualmente, el referido artículo, en su inciso 2º, señala que además, “Se considerará sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado respirable cuando el Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período anual en cualquier estación monitora (…) sea mayor o igual a 150 mg/m3N”.
De igual forma, en la mencionada normativa, artículo 3º, se definen como “niveles que originan situaciones de emergencia ambiental para Material Particulado Respirable MP10, aquellos de acuerdo a los cuales el valor calculado para la calidad del aire, en concentración de 24 horas” se encuentre en los siguientes rangos:
Nivel 1º : 195 a 239 mg/m3N
Nivel 2º : 240 a 329 mg/m3N
Nivel 3º : 330 y superior mg/m3N
Por último en este punto, el Ministerio del Medio Ambiente, en su sistema de medición de la calidad del aire para el contaminante MP10, ha definido los estados Regular, Alerta, Preemergencia y Emergencia, de la calidad del aire, de acuerdo a los siguientes parámetros:
Regular : 100 a 199
Alerta : 200 a 299
Preemergencia : 300 a 499
Emergencia : 500 ó superior
2º Que, siendo lo señalado con anterioridad extraordinariamente grave para los habitantes de la conurbación Temuco – Padre Las Casas, lo es aún mucho más cuando se tienen presentes los siguientes antecedentes:
Primero, que para el caso de la comuna de Temuco, se estima que esta ciudad es una de las pocas de nivel mundial donde la contaminación es producto de una sola fuente, esto es, la combustión en base a la leña. Según los estudios, el 93% de las emisiones corresponderían a esta monofuente como lo es la leña.
Segundo, que desde fines de la década del 90, con la instalación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, se ha podido medir la polución provocada por material particulado MP10, y desde 2010 mediciones de MP2,5, partícula de aún mayor peligro para la salud de la personas, registrándose en 2011 (may-jun) más de 30 superaciones a la norma de calidad de aire MP2,5 (en vigencia a partir de 1 enero 2012).
Tercero, que pese a haber sido la conurbación Temuco y Padre Las Casas declarada “Zona Saturada” y a partir de ello cuenta con el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA), aquel no ha reportado resultados concretos en términos de disminución de emisiones en dicha comuna. Es más, el referido PDA se ha propuesto como meta en el plazo de 10 años, disminuir en un 31% las actuales emisiones, lo que es absolutamente insuficiente dadas las actuales tasas de MP10 que se observan durante los episodios críticos.
Cuarto, que en la actualidad solo existen dos estaciónes de monitoreo de la calidad del aire que se encuentran en funcionamiento, mientras que la otra ( en Padre Las Casas) solo podrá ser repuesta en el mes de septiembre, según ha informado el Gobierno Regional de la Araucanía, cuestión que limita significativamente la posibilidad de medir adecuadamente los índices de contaminación.
Y quinto, que debido al fuerte y acelerado proceso migratorio de la población rural de La Araucanía hacia el complejo urbano Temuco - Padre Las Casas y el natural crecimiento vegetativo de la población en tales comunas; así como por la falta de recursos económicos, financieros, legales y humanos para implementar el señalado PDA, es que se estima que el grave problema de la emisión de material particulado MP10 con índices superiores a la norma, lamentablemente seguirá afectando la salud de sus habitantes, con graves enfermedades tales como el aumento en la frecuencia de cáncer pulmonar, muertes prematuras, síntomas respiratorios severos, irritación de ojos y nariz, agravamiento en casos de asma, agravamiento en caso de enfermedades cardiovasculares, entre otras, todo lo cual se agrava especialmente las personas más vulnerables como lo son los niños y niñas, los adultos mayores y las embarazadas.
Además, cabe destacar el alto costo en Salud Pública que irrogan estas enfermedades, que se estima en no menos de US$2.000/año por cada artefacto a leña, estimándose que sólo en Temuco existen 65.000 artefactos funcionando. Pero además hay costos que aunque difíciles de cuantificar, son indudables como el impacto negativo en turismo, comercio, calidad de vida al aire libre, menor actividad deportiva, etc.
Incluso, de acuerdo al estudio “Actualización del Inventario de Emisiones Atmosféricas en las comunas de Temuco y Padre Las Casas”, del año 2008, del DICTUC, se concluye que al comparar las emisiones entre los escenarios 2005, 2010 actual y 2015 actual, se aprecia un aumento en las emisiones, principalmente explicado por el aumento del consumo debido al aumento de la población, considerando que los artefactos que ingresan son calefactores que cumplen con la normativa de emisión.
3º Que, sin perjuicio de seguir con el PDA para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y fortalecer su ejecución, es imprescindible impulsar un pronto, acelerado y amplio proceso de uso y funcionamiento de otras formas de combustible, alternativo a la leña, especialmente para la calefacción residencial de tales comunas, que consumen anualmente una cantidad aproximada de 600.000 metros cúbicos de leña, por lo que ni el más eficiente de los planes de secado de leña o recambio de artefactos permitirían disponer de esa cantidad con porcentajes aceptables de humedad y disminuir las emisiones de MP10 y MP2,5. Ambas gestiones además, implican mucho tiempo, son difíciles de lograr, de alto costo y de muy limitado impacto en reducción de emisiones.
Al respecto, se estima que el uso de gas natural como una alternativa de combustible limpio y de bajo costo, incluso menor al de la propia leña certificada, podría ser una respuesta efectiva al problema en cuestión, sobre todo cuando existe ya la infraestructura disponible y operando en la comuna de Temuco, mediante una red subterránea de 300 kilómetros que tiene conectados actualmente cerca de 10 mil hogares, pero susceptible de ser ampliada a razón de dar cobertura a otros 10 mil hogares adicionales al año.
Lo anterior, además, se ve facilitado por las posibilidades de distribución de gas natural líquido (GNL) que tiene hoy la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), con la inauguración y puesta en marcha del nuevo sistema de transporte en camiones de GNL para llevar este combustible a la nueva Planta Pemuco, localidad que se encuentra a solo 200 Km al norte de la comuna de Temuco.
Es del caso señalar que la mencionada red fue construida para la distribución de GNL de origen argentino, lo que sin embargo no se concretó habida consideración de la decisión de las autoridades de ese país de interrumpir la exportación del producto a Chile en el año 2002, motivo por el cual la red es actualmente ocupada para la distribución de gas propano-aire, pero es una red originalmente construida para ser utilizada con gas natural, de modo que está 100% preparado para recibir este combustible.
4º Que, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, a través de sus Ministros, han expresado su interés por impulsar el uso de nuevos combustibles en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, como medio para disminuir los índices de contaminación atmosférica especialmente GNL para la calefacción residencial, realizando las gestiones necesarias para la venta del producto por parte de ENAP a las empresas dispuestas a distribuir este combustible en Temuco, a un precio competitivo que estimule la conversión desde el uso de leña a GNL, en el corto plazo y por ende iniciar el necesario proceso de regasificación de GNL para la ciudad.
De la misma forma, tales autoridades han manifestado la conveniencia de considerar la reutilización de la actual red de distribución residencial de GNL, obviamente una vez hecha la respectiva evaluación de factibilidad técnica y económica de tal iniciativa
Por otra parte, los parlamentarios abajo firmantes estimamos que es posible que en una segunda etapa el Gobierno de Chile envíe un proyecto de ley al Congreso, que establezca un régimen de subsidios orientados también a disminuir las emisiones contaminantes y en consecuencia, mejorar la calidad de vida de la población. De esta forma, no sólo es posible disminuir los índices de contaminantes, sino también respetar, con la debida fiscalización y cambios que necesita el PDA, la cultura construida durante décadas en materia de consumo de leña para calefacción y otros usos domésticos.
5º Que, tomando como referencia el precio internacional del GNL (US$4-5 por MMBtu), hoy la leña mayormente comercializada en Temuco está en el rango de US$ 6–7 por MMBtu, llegando a US$10 por MMBtu para la leña seca.
En virtud de lo expuesto, los Diputados y las Diputadas abajo firmantes, conscientes de las graves consecuencias para la salud de los habitantes de las comunas de Temuco y Padre Las Casas de la Región de la Araucanía por los altísimos índices de contaminación del aire provocados por la polución de MP10 y MP2,5 generados por el uso de la leña como medio de calefacción residencial; así como esperanzados en reconvertir el mencionado uso por otra fuente de calor como el GNL especialmente en la comuna de Temuco, Chillán y Los Ángeles, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
La H. Cámara de Diputados acuerda solicitar a S.E El Presidente de la República, a fin de que en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, realice las gestiones necesarias e imprescindibles para que dentro del Plan de Descontaminación Ambiental de Temuco – Padres Las Casas, se evalúe, diseñe, implemente y ejecute un Programa de Uso del GNL para Calefacción Residencial de Temuco, que considere a lo menos los siguientes aspectos:
a. Se realicen las gestiones para la venta de GNL por parte de ENAP a las empresas interesadas de la comuna de Temuco, Chillán y Los Ángeles de comercializar tal producto, a un precio de venta competitivo con la leña.
b. Se contemple el aprovechamiento de las redes existentes
para la Distribución de Gas Natural en la comuna de Temuco.
c. Se estudie una subvención de cargo fiscal al uso residencial del GNL para los residentes de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, y a la producción,comercialización y distribución de leña con porcentajes de humedad inferiores al 25%.
d. Se desarrolle una campaña permanente por el uso del GNL y leña seca en las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
e. Y que además se incluyan las siguientes restricciones:
1. Se prohíba el uso de combustibles contaminantes en edificios públicos y establecimientos educacionales y de salud.
2. Se prohíba el uso de leña en nuevas urbanizaciones.
3. Se efectúe una fiscalización efectiva a todo tipo de emisiones para controlar el cumplimiento de los niveles máximos admisibles.
f. Se apliquen las mismas medidas para las ciudades de Chillán y Los Ángeles, en las cuales también ya existen redes para gas natural operando.
RENE SAFFIRIO ESPINOZA
Diputado
CONSIDERANDO:
1º Que, las comunas de Temuco y Padre Las Casas, de la Región de la Araucanía, constituyen hoy la conurbación urbana con los más altos índices de contaminación atmosférica del país, registrando históricamente episodios críticos de contaminación, tal cual ha sido durante lo que va del otoño e invierno de 2011, en que se han registrado ya 24 superaciones de la norma de calidad de aire para el contaminante MP10 (10 episodios sobre los 195 microgramos por metro cúbico normal de aire (mg/m3N) diario e incluso llegando en algunos casos a los 1.000 mg/m3N), habiendo sido frecuentes promedios que oscilaban entre los 200 y hasta los 300 mg/m3N.
A modo referencial, el Decreto Supremo Nº 59 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, establece en su artículo 2º que: “La norma primaria de calidad del aire para el contaminante Material Particulado Respirable MP10, es ciento cincuenta microgramos por metro cúbico normal (150 mg/m3N) como concentración de 24 horas” (diaria). A modo de referencia, la Organización Mundial de la salud ha establecido como nivel máximo permitido el de 50 mg/m3N, con un máximo de 7 episodios anuales.
Igualmente, el referido artículo, en su inciso 2º, señala que además, “Se considerará sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado respirable cuando el Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período anual en cualquier estación monitora (…) sea mayor o igual a 150 mg/m3N”.
De igual forma, en la mencionada normativa, artículo 3º, se definen como “niveles que originan situaciones de emergencia ambiental para Material Particulado Respirable MP10, aquellos de acuerdo a los cuales el valor calculado para la calidad del aire, en concentración de 24 horas” se encuentre en los siguientes rangos:
Nivel 1º : 195 a 239 mg/m3N
Nivel 2º : 240 a 329 mg/m3N
Nivel 3º : 330 y superior mg/m3N
Por último en este punto, el Ministerio del Medio Ambiente, en su sistema de medición de la calidad del aire para el contaminante MP10, ha definido los estados Regular, Alerta, Preemergencia y Emergencia, de la calidad del aire, de acuerdo a los siguientes parámetros:
Regular : 100 a 199
Alerta : 200 a 299
Preemergencia : 300 a 499
Emergencia : 500 ó superior
2º Que, siendo lo señalado con anterioridad extraordinariamente grave para los habitantes de la conurbación Temuco – Padre Las Casas, lo es aún mucho más cuando se tienen presentes los siguientes antecedentes:
Primero, que para el caso de la comuna de Temuco, se estima que esta ciudad es una de las pocas de nivel mundial donde la contaminación es producto de una sola fuente, esto es, la combustión en base a la leña. Según los estudios, el 93% de las emisiones corresponderían a esta monofuente como lo es la leña.
Segundo, que desde fines de la década del 90, con la instalación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, se ha podido medir la polución provocada por material particulado MP10, y desde 2010 mediciones de MP2,5, partícula de aún mayor peligro para la salud de la personas, registrándose en 2011 (may-jun) más de 30 superaciones a la norma de calidad de aire MP2,5 (en vigencia a partir de 1 enero 2012).
Tercero, que pese a haber sido la conurbación Temuco y Padre Las Casas declarada “Zona Saturada” y a partir de ello cuenta con el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA), aquel no ha reportado resultados concretos en términos de disminución de emisiones en dicha comuna. Es más, el referido PDA se ha propuesto como meta en el plazo de 10 años, disminuir en un 31% las actuales emisiones, lo que es absolutamente insuficiente dadas las actuales tasas de MP10 que se observan durante los episodios críticos.
Cuarto, que en la actualidad solo existen dos estaciónes de monitoreo de la calidad del aire que se encuentran en funcionamiento, mientras que la otra ( en Padre Las Casas) solo podrá ser repuesta en el mes de septiembre, según ha informado el Gobierno Regional de la Araucanía, cuestión que limita significativamente la posibilidad de medir adecuadamente los índices de contaminación.
Y quinto, que debido al fuerte y acelerado proceso migratorio de la población rural de La Araucanía hacia el complejo urbano Temuco - Padre Las Casas y el natural crecimiento vegetativo de la población en tales comunas; así como por la falta de recursos económicos, financieros, legales y humanos para implementar el señalado PDA, es que se estima que el grave problema de la emisión de material particulado MP10 con índices superiores a la norma, lamentablemente seguirá afectando la salud de sus habitantes, con graves enfermedades tales como el aumento en la frecuencia de cáncer pulmonar, muertes prematuras, síntomas respiratorios severos, irritación de ojos y nariz, agravamiento en casos de asma, agravamiento en caso de enfermedades cardiovasculares, entre otras, todo lo cual se agrava especialmente las personas más vulnerables como lo son los niños y niñas, los adultos mayores y las embarazadas.
Además, cabe destacar el alto costo en Salud Pública que irrogan estas enfermedades, que se estima en no menos de US$2.000/año por cada artefacto a leña, estimándose que sólo en Temuco existen 65.000 artefactos funcionando. Pero además hay costos que aunque difíciles de cuantificar, son indudables como el impacto negativo en turismo, comercio, calidad de vida al aire libre, menor actividad deportiva, etc.
Incluso, de acuerdo al estudio “Actualización del Inventario de Emisiones Atmosféricas en las comunas de Temuco y Padre Las Casas”, del año 2008, del DICTUC, se concluye que al comparar las emisiones entre los escenarios 2005, 2010 actual y 2015 actual, se aprecia un aumento en las emisiones, principalmente explicado por el aumento del consumo debido al aumento de la población, considerando que los artefactos que ingresan son calefactores que cumplen con la normativa de emisión.
3º Que, sin perjuicio de seguir con el PDA para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y fortalecer su ejecución, es imprescindible impulsar un pronto, acelerado y amplio proceso de uso y funcionamiento de otras formas de combustible, alternativo a la leña, especialmente para la calefacción residencial de tales comunas, que consumen anualmente una cantidad aproximada de 600.000 metros cúbicos de leña, por lo que ni el más eficiente de los planes de secado de leña o recambio de artefactos permitirían disponer de esa cantidad con porcentajes aceptables de humedad y disminuir las emisiones de MP10 y MP2,5. Ambas gestiones además, implican mucho tiempo, son difíciles de lograr, de alto costo y de muy limitado impacto en reducción de emisiones.
Al respecto, se estima que el uso de gas natural como una alternativa de combustible limpio y de bajo costo, incluso menor al de la propia leña certificada, podría ser una respuesta efectiva al problema en cuestión, sobre todo cuando existe ya la infraestructura disponible y operando en la comuna de Temuco, mediante una red subterránea de 300 kilómetros que tiene conectados actualmente cerca de 10 mil hogares, pero susceptible de ser ampliada a razón de dar cobertura a otros 10 mil hogares adicionales al año.
Lo anterior, además, se ve facilitado por las posibilidades de distribución de gas natural líquido (GNL) que tiene hoy la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), con la inauguración y puesta en marcha del nuevo sistema de transporte en camiones de GNL para llevar este combustible a la nueva Planta Pemuco, localidad que se encuentra a solo 200 Km al norte de la comuna de Temuco.
Es del caso señalar que la mencionada red fue construida para la distribución de GNL de origen argentino, lo que sin embargo no se concretó habida consideración de la decisión de las autoridades de ese país de interrumpir la exportación del producto a Chile en el año 2002, motivo por el cual la red es actualmente ocupada para la distribución de gas propano-aire, pero es una red originalmente construida para ser utilizada con gas natural, de modo que está 100% preparado para recibir este combustible.
4º Que, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, a través de sus Ministros, han expresado su interés por impulsar el uso de nuevos combustibles en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, como medio para disminuir los índices de contaminación atmosférica especialmente GNL para la calefacción residencial, realizando las gestiones necesarias para la venta del producto por parte de ENAP a las empresas dispuestas a distribuir este combustible en Temuco, a un precio competitivo que estimule la conversión desde el uso de leña a GNL, en el corto plazo y por ende iniciar el necesario proceso de regasificación de GNL para la ciudad.
De la misma forma, tales autoridades han manifestado la conveniencia de considerar la reutilización de la actual red de distribución residencial de GNL, obviamente una vez hecha la respectiva evaluación de factibilidad técnica y económica de tal iniciativa
Por otra parte, los parlamentarios abajo firmantes estimamos que es posible que en una segunda etapa el Gobierno de Chile envíe un proyecto de ley al Congreso, que establezca un régimen de subsidios orientados también a disminuir las emisiones contaminantes y en consecuencia, mejorar la calidad de vida de la población. De esta forma, no sólo es posible disminuir los índices de contaminantes, sino también respetar, con la debida fiscalización y cambios que necesita el PDA, la cultura construida durante décadas en materia de consumo de leña para calefacción y otros usos domésticos.
5º Que, tomando como referencia el precio internacional del GNL (US$4-5 por MMBtu), hoy la leña mayormente comercializada en Temuco está en el rango de US$ 6–7 por MMBtu, llegando a US$10 por MMBtu para la leña seca.
En virtud de lo expuesto, los Diputados y las Diputadas abajo firmantes, conscientes de las graves consecuencias para la salud de los habitantes de las comunas de Temuco y Padre Las Casas de la Región de la Araucanía por los altísimos índices de contaminación del aire provocados por la polución de MP10 y MP2,5 generados por el uso de la leña como medio de calefacción residencial; así como esperanzados en reconvertir el mencionado uso por otra fuente de calor como el GNL especialmente en la comuna de Temuco, Chillán y Los Ángeles, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
La H. Cámara de Diputados acuerda solicitar a S.E El Presidente de la República, a fin de que en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, realice las gestiones necesarias e imprescindibles para que dentro del Plan de Descontaminación Ambiental de Temuco – Padres Las Casas, se evalúe, diseñe, implemente y ejecute un Programa de Uso del GNL para Calefacción Residencial de Temuco, que considere a lo menos los siguientes aspectos:
a. Se realicen las gestiones para la venta de GNL por parte de ENAP a las empresas interesadas de la comuna de Temuco, Chillán y Los Ángeles de comercializar tal producto, a un precio de venta competitivo con la leña.
b. Se contemple el aprovechamiento de las redes existentes
para la Distribución de Gas Natural en la comuna de Temuco.
c. Se estudie una subvención de cargo fiscal al uso residencial del GNL para los residentes de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, y a la producción,comercialización y distribución de leña con porcentajes de humedad inferiores al 25%.
d. Se desarrolle una campaña permanente por el uso del GNL y leña seca en las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
e. Y que además se incluyan las siguientes restricciones:
1. Se prohíba el uso de combustibles contaminantes en edificios públicos y establecimientos educacionales y de salud.
2. Se prohíba el uso de leña en nuevas urbanizaciones.
3. Se efectúe una fiscalización efectiva a todo tipo de emisiones para controlar el cumplimiento de los niveles máximos admisibles.
f. Se apliquen las mismas medidas para las ciudades de Chillán y Los Ángeles, en las cuales también ya existen redes para gas natural operando.
RENE SAFFIRIO ESPINOZA
Diputado
06 julio 2011
Algunas opiniones preliminares acerca del discurso del Presidente sobre la educación en Chile.
Algunas consideraciones acerca del
Discurso presidencial sobre la educación
Materias abordadas por el Presidente de la República.
1. “Creación de un Fondo para la Educación (FE), por un monto de 4 mil millones de dólares, que complemente los recursos del presupuesto fiscal y se constituya con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de los excedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del Gran Acuerdo Nacional por la Educación.”
Comentario: No se establece cómo se compone este fondo ni cual es el plazo en que se aplicará. Si son recursos frescos debería significar uno o mas proyectos de ley y, por lo tanto, es menester esperar la presentación de los proyectos, para tener una opinión acerca del punto.
2. En relación al acceso al financiamiento a los estudiantes:
a) aumentar de 70 a 120 mil las becas para la educación técnico-profesional e incremente en un 20% de su monto.
Comentario: Medida en el camino correcto, probablemente insuficiente, pero en la línea adecuada.
b) garantizar al 40% de alumnos más vulnerables, y con mérito académico, una beca para acceder a la institución de Educación Superior acreditada que ellos elijan.
Comentario: Es preciso conocer en que nivel del “mérito académico” se cortará el aporte, ya que está anunciado para un total de 200 mil estudiantes.
En cualquier caso, esto es importante. Sin embargo, es preciso saber cual es el monto de la beca, de manera de determinar si servirá para cualquier carrera y universidad y, sobretodo, si a partir del “merito académico”, no se estaría, nuevamente, favoreciendo a los “excelentes”
c) Tercero, reducir la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado, a cifras cercanas al 4% en un año normal, permitiendo así, a través de mejoras y subsidios del Estado, una rebaja significativa del monto de las cuotas de pago, y una suspensión de éstas en casos de desempleo. Convocar a un grupo de trabajo, para proponer un nuevo sistema que reemplace al actual Crédito con Aval del Estado.
Comentario: Es preciso determinar cual es el costo del dinero para el Estado y que este sea verdaderamente traspasado a las tasas que se le cobra a los estudiantes. En caso contrario el propio Estado y la colocación de recursos de este, a través de la banca privada, se involucraría en un “negocio lucrativo” impropio de su función.
Es preciso definir si este grupo de trabajo será suficientemente amplio desde el punto de vista político y si tendrán, sus conclusiones, alguna naturaleza vinculante.
d) rediseñar el Fondo de Crédito Solidario, para potenciar su recuperación y destinar esos recursos a nuevas becas, y reprogramar a los 110 mil deudores morosos, para permitirles reiniciar sus pagos y salir de Dicom.
Comentario: Es hora de hacerse cargo de la situación de decenas de miles de jóvenes y familias sobre endeudadas por el crédito universitario; especialmente de los alumnos que, por diversas razones no pudieron terminar sus carreras, pertenecientes, en su inmensa mayoría a los sectores socioeconómicos mas bajos.
3. Mejorar los sistemas de admisión, acreditación, información y fiscalización del sistema universitario. Para ello:
a) considerar el ranking y las notas escolares, además de la PSU, en los acerca del sistema de admisión.
Comentario: No es posible ninguna opinión seria, mientras no se conozca el detalle de la iniciativa
b) fortalecer la profundidad y rigurosidad de los sistemas de acreditación, para garantizar mejor la calidad y transparencia.
Comentario: No es posible ninguna opinión seria, mientras no se conozca el detalle de la iniciativa
c) establecer un sistema completo, oportuno y confiable de información de las instituciones de Educación Superior a sus alumnos y postulantes, para que éstos tomen decisiones informadas, incluyendo antecedentes académicos y financieros de la institución, y laborales de sus egresados, como empleabilidad y remuneraciones.
Comentario: Esta es la típica medida que permitirá decir, después de un tiempo, que se cuenta con “un mercado transparente”. Por lo tanto, la responsabilidad es del usuario. Es decir, el estado se desentiende y la relación es solo entre “oferentes y demandantes”, de un bien, como cualquier otro.
d) crear una nueva institucionalidad, a través de la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior.
Comentario: No es posible ninguna opinión seria, mientras no se conozca el detalle de la iniciativa. En todo caso, se trata de iniciativas un tanto añejas.
e) establecer un nuevo trato con las universidades del Estado, mediante un estatuto que modernice el gobierno universitario, desburocratice y flexibilice su gestión, permita el endeudamiento a mayores plazos, cree un fondo basal para su revitalización, y refleje de esta forma el sólido compromiso del Estado con las universidades estatales y de éstas con el Estado y la sociedad.
Comentario: No es posible ninguna opinión seria, mientras no se conozca el detalle de la iniciativa
4. Definir una nueva institucionalidad para el sistema universitario, que diferencie estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales. Distinguir entre estas últimas, las sin y las con fines de lucro. De acordarse la existencia de estas últimas, ellas deberán pagar impuestos por sus utilidades, los que destinaremos íntegramente al financiamiento de becas y préstamos para los alumnos más vulnerables.
Comentario: Esto apunta a blanquear la trasgresión a la ley que señala que no se puede lucrar con la educación superior. Consagra la actividad de educación superior como un negocio como cualquier otro y va, evidentemente, contra la principal propuesta de los ciudadanos movilizados.
5. El financiamiento estatal a las universidades hará las diferenciaciones que corresponden entre los distintos tipos de instituciones. El financiamiento estatal a los alumnos deberá ser en función de su mérito y situación socio-económica, permitiéndoles elegir libremente la entidad en que deseen estudiar, y avanzando hacia un sistema sin estudiantes de primera y de segunda clase.
Comentario: La apelación al “mérito” suele esconder las desigualdades de rendimiento esperado, de acuerdo a la situación socioeconómica de los jóvenes; el entorno cultural donde se desarrollan y el capital social de sus familias y comunidades de origen.
Es necesario una política de “discriminación positiva”, si se quiere beneficiar verdaderamente a los mas carenciados.
6. El Gobierno creará 3 fondos concursables, al cual podrán postular las universidades, orientados a mejorar la calidad de la formación de profesores y directores de la educación escolar, a la creación de centros de excelencia en materia de innovación, ciencia y tecnología y a potenciar el aporte de las universidades regionales al desarrollo de sus respectivas regiones.
Comentario: No es posible ninguna opinión seria, mientras no se conozca el detalle de la iniciativa
Algunos comentarios generales:
1. Prácticamente no hay nada en relación a la educación no superior (de pre básica a media), en temas tales como: tarjeta nacional estudiantil; reconstrucción de liceos; subvención diferenciada para la educación municipal; ampliación de la cobertura pre básica, etc.
2. Es preciso saber de donde salen los “recursos adicionales” y su mantención en el tiempo.
Creo que es necesario poner en discusión la definición de la educación como “un bien público”.
Ello significa salir de la idea de que la educación es un “bien de apropiación y beneficio individual”.
En el primer caso, el Estado, en cuanto representante del bien común, asume la principal responsabilidad. En el segundo caso, prácticamente se desliga, asumiendo como función esencial, la de transparentar el mercado, con la menor cantidad de regulaciones posibles.
En los países de la OECD, la relación del gasto en educación superior es de 80% del estado y 20% las familias (en cifras gruesas). Esa relación es la inversa en el caso de Chile, lo que genera el altísimo endeudamiento de las familias mas pobres, que logran acceder a educación superior, aun cuando mas del 60% de ellas no termine la carrera, pero cargue hasta por décadas con la deuda del proceso.
René Saffirio Espinoza
Diputado.
Discurso presidencial sobre la educación
Materias abordadas por el Presidente de la República.
1. “Creación de un Fondo para la Educación (FE), por un monto de 4 mil millones de dólares, que complemente los recursos del presupuesto fiscal y se constituya con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de los excedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del Gran Acuerdo Nacional por la Educación.”
Comentario: No se establece cómo se compone este fondo ni cual es el plazo en que se aplicará. Si son recursos frescos debería significar uno o mas proyectos de ley y, por lo tanto, es menester esperar la presentación de los proyectos, para tener una opinión acerca del punto.
2. En relación al acceso al financiamiento a los estudiantes:
a) aumentar de 70 a 120 mil las becas para la educación técnico-profesional e incremente en un 20% de su monto.
Comentario: Medida en el camino correcto, probablemente insuficiente, pero en la línea adecuada.
b) garantizar al 40% de alumnos más vulnerables, y con mérito académico, una beca para acceder a la institución de Educación Superior acreditada que ellos elijan.
Comentario: Es preciso conocer en que nivel del “mérito académico” se cortará el aporte, ya que está anunciado para un total de 200 mil estudiantes.
En cualquier caso, esto es importante. Sin embargo, es preciso saber cual es el monto de la beca, de manera de determinar si servirá para cualquier carrera y universidad y, sobretodo, si a partir del “merito académico”, no se estaría, nuevamente, favoreciendo a los “excelentes”
c) Tercero, reducir la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado, a cifras cercanas al 4% en un año normal, permitiendo así, a través de mejoras y subsidios del Estado, una rebaja significativa del monto de las cuotas de pago, y una suspensión de éstas en casos de desempleo. Convocar a un grupo de trabajo, para proponer un nuevo sistema que reemplace al actual Crédito con Aval del Estado.
Comentario: Es preciso determinar cual es el costo del dinero para el Estado y que este sea verdaderamente traspasado a las tasas que se le cobra a los estudiantes. En caso contrario el propio Estado y la colocación de recursos de este, a través de la banca privada, se involucraría en un “negocio lucrativo” impropio de su función.
Es preciso definir si este grupo de trabajo será suficientemente amplio desde el punto de vista político y si tendrán, sus conclusiones, alguna naturaleza vinculante.
d) rediseñar el Fondo de Crédito Solidario, para potenciar su recuperación y destinar esos recursos a nuevas becas, y reprogramar a los 110 mil deudores morosos, para permitirles reiniciar sus pagos y salir de Dicom.
Comentario: Es hora de hacerse cargo de la situación de decenas de miles de jóvenes y familias sobre endeudadas por el crédito universitario; especialmente de los alumnos que, por diversas razones no pudieron terminar sus carreras, pertenecientes, en su inmensa mayoría a los sectores socioeconómicos mas bajos.
3. Mejorar los sistemas de admisión, acreditación, información y fiscalización del sistema universitario. Para ello:
a) considerar el ranking y las notas escolares, además de la PSU, en los acerca del sistema de admisión.
Comentario: No es posible ninguna opinión seria, mientras no se conozca el detalle de la iniciativa
b) fortalecer la profundidad y rigurosidad de los sistemas de acreditación, para garantizar mejor la calidad y transparencia.
Comentario: No es posible ninguna opinión seria, mientras no se conozca el detalle de la iniciativa
c) establecer un sistema completo, oportuno y confiable de información de las instituciones de Educación Superior a sus alumnos y postulantes, para que éstos tomen decisiones informadas, incluyendo antecedentes académicos y financieros de la institución, y laborales de sus egresados, como empleabilidad y remuneraciones.
Comentario: Esta es la típica medida que permitirá decir, después de un tiempo, que se cuenta con “un mercado transparente”. Por lo tanto, la responsabilidad es del usuario. Es decir, el estado se desentiende y la relación es solo entre “oferentes y demandantes”, de un bien, como cualquier otro.
d) crear una nueva institucionalidad, a través de la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior.
Comentario: No es posible ninguna opinión seria, mientras no se conozca el detalle de la iniciativa. En todo caso, se trata de iniciativas un tanto añejas.
e) establecer un nuevo trato con las universidades del Estado, mediante un estatuto que modernice el gobierno universitario, desburocratice y flexibilice su gestión, permita el endeudamiento a mayores plazos, cree un fondo basal para su revitalización, y refleje de esta forma el sólido compromiso del Estado con las universidades estatales y de éstas con el Estado y la sociedad.
Comentario: No es posible ninguna opinión seria, mientras no se conozca el detalle de la iniciativa
4. Definir una nueva institucionalidad para el sistema universitario, que diferencie estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales. Distinguir entre estas últimas, las sin y las con fines de lucro. De acordarse la existencia de estas últimas, ellas deberán pagar impuestos por sus utilidades, los que destinaremos íntegramente al financiamiento de becas y préstamos para los alumnos más vulnerables.
Comentario: Esto apunta a blanquear la trasgresión a la ley que señala que no se puede lucrar con la educación superior. Consagra la actividad de educación superior como un negocio como cualquier otro y va, evidentemente, contra la principal propuesta de los ciudadanos movilizados.
5. El financiamiento estatal a las universidades hará las diferenciaciones que corresponden entre los distintos tipos de instituciones. El financiamiento estatal a los alumnos deberá ser en función de su mérito y situación socio-económica, permitiéndoles elegir libremente la entidad en que deseen estudiar, y avanzando hacia un sistema sin estudiantes de primera y de segunda clase.
Comentario: La apelación al “mérito” suele esconder las desigualdades de rendimiento esperado, de acuerdo a la situación socioeconómica de los jóvenes; el entorno cultural donde se desarrollan y el capital social de sus familias y comunidades de origen.
Es necesario una política de “discriminación positiva”, si se quiere beneficiar verdaderamente a los mas carenciados.
6. El Gobierno creará 3 fondos concursables, al cual podrán postular las universidades, orientados a mejorar la calidad de la formación de profesores y directores de la educación escolar, a la creación de centros de excelencia en materia de innovación, ciencia y tecnología y a potenciar el aporte de las universidades regionales al desarrollo de sus respectivas regiones.
Comentario: No es posible ninguna opinión seria, mientras no se conozca el detalle de la iniciativa
Algunos comentarios generales:
1. Prácticamente no hay nada en relación a la educación no superior (de pre básica a media), en temas tales como: tarjeta nacional estudiantil; reconstrucción de liceos; subvención diferenciada para la educación municipal; ampliación de la cobertura pre básica, etc.
2. Es preciso saber de donde salen los “recursos adicionales” y su mantención en el tiempo.
Creo que es necesario poner en discusión la definición de la educación como “un bien público”.
Ello significa salir de la idea de que la educación es un “bien de apropiación y beneficio individual”.
En el primer caso, el Estado, en cuanto representante del bien común, asume la principal responsabilidad. En el segundo caso, prácticamente se desliga, asumiendo como función esencial, la de transparentar el mercado, con la menor cantidad de regulaciones posibles.
En los países de la OECD, la relación del gasto en educación superior es de 80% del estado y 20% las familias (en cifras gruesas). Esa relación es la inversa en el caso de Chile, lo que genera el altísimo endeudamiento de las familias mas pobres, que logran acceder a educación superior, aun cuando mas del 60% de ellas no termine la carrera, pero cargue hasta por décadas con la deuda del proceso.
René Saffirio Espinoza
Diputado.
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