MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA PARA TODOS.

MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA PARA TODOS
La DC ha sido siempre una fuerza democrática y democratizadora. Sus parlamentarios se opusieron a la ley maldita (1948). Un diputado suyo -Jorge Rogers- es el padre de la cedula única (1958), que puso fin al cohecho. Frei Montalva promovió una profudización de la participación ciudadana y democrática que se expresó en las reformas constitucionales de 1970, incluyendo un verdadero sufragio universal.
Durante la dictadura militar, los liderazgos más significativos del partido asumieron una posición de defensa de los derechos humanos y de lucha por la recuperación democrática. La DC, además, jugó un papel decisivo en la creación de espacios para pensar y discutir la redemocratización (Grupo de los 24, Acuerdo Nacional, CED, CIEPLAN, entre otros).
Fue en el gobierno de Patricio Aylwin que transitamos a la democracia en un clima de paz y concordia, y fue en los 20 años de gobiernos de la Concertación que este país se hizo más democrático e inclusivo.
Estamos conscientes, sin embargo, que nuestra democracia puede y debe ser perfeccionada para que más personas se sientan identificadas con ella, para que el debate político tenga mayor calidad y las políticas públicas beneficien a todos, especialmente a los grupos más vulnerables. Llamamos a no conformarnos con la democracia que tenemos, y a abrir más espacios de participación y libertad.
Hay que decirlo derechamente: la actual Constitución, a pesar de todas las reformas democráticas que hemos introducido desde 1989, no tiene una legitimidad suficiente. Manifestamos, pues, nuestra voluntad de concordar una agenda de reformas políticas e institucionales con los demás partidos de la Concertación y la oposición, para proponerla al país y ser discutida en forma amplia y participativa. Esta no es una bandera para tiempos electorales, sino que responde a un imperativo de responsabilidad y de coherencia ética.
Nuestra institucionalidad política enfrenta hoy varias crisis evidentes. En primer lugar, una crisis de legitimidad de los partidos y de las principales instituciones de la democracia representativa; en segundo lugar, una crisis que podríamos denominar de legalidad, en cuanto la ley debe ser la expresión de la mayoría, lo que la Constitución no asegura; en tercer lugar, una crisis de representación, tanto por el sistema electoral como por los mecanismos de reemplazo en caso de vacancia y, en cuarto lugar, una crisis de igualdad, no sólo entre los ciudadanos sino también entre las distintas regiones del país.
Estamos convencidos de que la reforma política es una necesidad urgente, que debemos enfrentar con decisión antes de que se convierta en crónica y destruya nuestro régimen democrático. Aquella debe fundarse en los siguientes principios fundamentales:
1. Fortalecimiento de la base democrática
2. Revalorización del principio democrático en el origen del poder
3. Eliminación de los obstáculos para el correcto funcionamiento del principio de mayoría
4. Respeto por las minorías
5. Transparentcia y probidad
6. Descentralización efectiva y eficiente.
Nuestra propuesta de hoy comienza por reafirmar nuestra voluntad de facilitar el ejercicio del derecho a sufragio a todos aquellos compatriotas a quienes nuestra Constitución reconoce como ciudadanos. Por lo mismo, nos interesa asegurar tanto una pronta puesta en marcha del sistema de inscripción automática como la aprobación de un mecanismo expedito y no excluyente para el voto de los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero. Aunque en nuestro último Congreso partidario adoptamos una clara posición a favor del voto obligatorio, entendemos que existe un acuerdo político en favor del voto voluntario. Como siempre, vamos a honrar ese acuerdo.
Abiertos al diálogo, proponemos al país las siguientes reformas político-institucionales en una perspectiva de perfeccionamiento y profundización de nuestra democracia:
1. Sustituir el actual sistema electoral binominal por uno de representación proporcional. Queremos desempatar una democracia empatada, en que la mayoría vale igual que la minoría. Queremos afirmar el principio de mayoría que es inherente a la democracia, con pleno respeto por las minorías. Se trata de acometer una reforma electoral de verdad que permita una representación razonable de todas las corrientes de opinión importantes del país. No estamos disponibles para una reforma electoral que consista, pura y simplemente, en agregar 2, 4, o 6 nuevas circunscripciones o distritos binominales adicionales.
Queremos un sistema electoral que, sin propender a la proliferación y atomización de los partidos, genere condiciones para una competencia efectiva entre las fuerzas políticas. Queremos que haya ganadores y perdedores. Nos parece nefasto prolongar el empate institucionalizado del binominal. Esa estructura de incentivos crea condiciones para una política elitista e inmovilista, la cual, a su vez, abona el terreno para el surgimiento de liderazgos personalistas y populistas y desprestigia el sistema democrático, el que no aparece como realmente competitivo.
El informe de la Comisión Boeninger y las múltiples iniciativas que hemos introducido desde 1990 en adelante, en esta materia, pueden servir de base para este cambio fundamental.
2. Avanzar hacia una efectiva descentralización política y administrativa del país. En este terreno, la ley de reforma constitucional N° 20.390, impulsada por el gobierno de la Presidenta Bachelet, y aprobada hace un año, constituye un avance innegable (incluye aspectos importantes como la elección de Consejeros Regionales por voluntad popular). Nos parece indispensable, sin embargo, que las posibilidades democratizadoras de esa reforma se materialicen pronto en cambios legales, traspaso de competencias y transferencia de recursos.
Impulsaremos en el Congreso Nacional las modificaciones legales que aseguren que los próximos consejeros regionales sean elegidos efectivamente en forma directa por los ciudadanos de las distintas regiones.
Junto con ello, impulsaremos una profunda reforma política y administrativa que contemple los siguientes aspectos:
2.1. Elección de un Gobernador Regional en reemplazo de las actuales Intendencias. Cabe recordar que estas últimas tienen su origen en las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII, que establecieron una estructura político-administrativa fuertemente centralista, cuyas características fundamentales perduran hasta nuestros días.
Manteniendo las características de un estado unitario, sin que aparezcan –al menos hasta ahora- razones que justifiquen avanzar hacia la creación de un estado federal, somos partidarios que tanto los Gobernadores Regionales como los Consejeros Regionales sean elegidos por voluntad popular.
En cuanto al argumento comúnmente –y legítimamente- esgrimido, en cuanto al estatus que ello implicaría en relación a las fuerzas de orden y seguridad, y los temas relacionados de orden público y seguridad ciudadana, somos partidarios de crear una figura de delegado regional a cargo de las mismas, dependiente del recientemente creado Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
2.2. Transformar a los Municipios en auténticos gobiernos municipales autónomos. A pesar de que estos han experimentado numerosos cambios en una perspectiva de modernización, y que ya no son los Municipios del “aseo y ornato” que conocimos hasta los años 70, es necesaria una verdadera modernización que implique plantearse derechamente la autonomía de los gobiernos municipales. Ello implica una verdadera autonomía administrativa y financiera, dotando de facultades a dicho Municipio para fijar la planta administrativa, las remuneraciones de su personal, y el presupuesto comunal. Todo ello, en el contexo de una sana política fiscal, que vele adecuadamente por los equilibrios macro económicos básicos, que logre la compatibildad y armonía entre la autoridad nacional y comunal respectivas.
La Ley de la Comuna Autónoma (1891) fue un gran paso en la dirección de la descentralización del país. Sin embargo, nuestra estructura política y administrativa sigue siendo fuertemente centralizada. Es hora de avanzar hacia un gobierno municipal verdaderamente autónomo.
2.3. Creación de nuevos Gobiernos Metropolitanos en aquellos casos de gran densidad o concentración poblacional cuyas características hacen insuficiente las estructuras de gobiernos regionales y comunales. Tal es el caso el Gran Santiago, Valparaíso-Viña del Mar y Concepción-Talcahuano.
2.4. Al mismo tiempo que los fortalecemos, necesitamos establecer mecanismos eficaces de control y fiscalización de las Municipalidades, para evitar la aparición de actos reñidos con la probidad y hacer más eficiente y más cercana su relación con los ciudadanos. Lo anterior significa reforzar y modernizar facultades fiscalizadoras de los Concejos Municipales y Contraloría General de la República. Ello permitirá avanzar, además, en el mejoramiento de sus mecanismos y estructuras de financiamiento, de manera que sea posible dejar atrás su dependencia del Estado central, lo que obviamente reduce sus márgenes de autonomía.
3. Revisión profunda del sistema de quórum –o “super-mayorías”- para reformas legales. No nos parece que para regular cualquier asunto de mediana importancia sea necesario reunir los 4/7 de los votos en ejercicio de diputados y senadores. Tras el aparente objetivo de promover consensos, se ha terminado consagrando el veto de las minorías. En esas condiciones, los ganadores de las elecciones no pueden llevar a cabo los cambios requeridos por el electorado. Proponemos, por tanto, modificar el artículo 66 de la Carta Fundamental para sustituir la expresión cuatro séptimos por mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.
Resulta indispensable, además, revisar las potestades del Tribunal Constitucional, especialmente respecto del control preventivo, que lo convierte en un verdadero poder colegislador y contramayoritario, así como respecto de los mecanismos de elección de los jueces constitucionales.
4. Reforma del estatuto de los partidos políticos, asegurando una efectiva representación de los mismos. Queremos profundizar, revitalizar y modernizar la democracia, haciéndola más abierta y participativa. Eso significa, muy principalmente, mayor participación ciudadana.
4.1. Proponemos dictar una ley de primarias públicas, abiertas y vinculantes.
4.2. Somos partidaios de asegurar la democracia interna de los partidos políticos, garantizando a todos los militantes el derecho de incidir de manera regular y efectiva en la definición de las autoridades y de la línea política.
4.3. Para el logro de lo anterior proponemos crear una Superintendencia de Partidos Políticos y dotar de una efectiva autonomía al Servicio Electoral. Hay que robustecer los mecanismos de supervigilancia que, respetando la autonomía de estas asociaciones, aseguren la limpieza de los procedimientos electorales internos y la corrección en el uso de los recursos.
4.4. Proveer fuentes de financiamiento directo o indirecto, público y privado, para que estas colectividades puedan cubrir adecuadamente con su misión de contribuir a la formación de la voluntad colectiva y representar adecuadamente a la ciudadanía. Dicho financiamiento debe contemplar recursos para la tarea indispensable da la formación ciudadana, como un aspecto básico de la educación cívica.
4.5. Dotar al Servicio Electoral y a la ciudadanía de herramientas efectivas de fiscalización y control del gasto electoral, que constituye una fuente de desigualdad y una fuerte de barrera de entrada para nuevos actores políticos.

5. Eliminación del Consejo de Seguridad Nacional, y del título correspondiente de la Constitución Política del Estado. De alguna manera, dicha institución es una manfestación de la ideología que inspiró a la Constitución de 1980. Adicionalmente, un estado democrático de derecho cuenta con instituciones adecuadas para velar por la seguridad nacional, que es responsabilidad de todos.
6. Creación de un Consejo Económico-Social con rango constitucional, que permita una vinculación permanente del gobierno y el parlamento con la sociedad organizada, de manera que se enriquezca el debate democrático y se mejore la representación de la sociedad en el proceso de toma de las grandes decisiones políticas, sociales y económicas del país.
7. Creemos indispensable el establecimiento de una acción de protección de todos los derechos garantizados por la Constitución, de carácter contencioso- administrativo, ante un órgano dotado de suficiente autonomía e imperio, y con un procedimiento que haga posible amplios procesos de mediación entre la Administración y los ciudadanos.
8. Somos partidarios de fortalecer derechos sociales fundamentales actualmente recogidos en la Constitución, como los de Educación, Salud, Seguridad Social, y Derechos Laborales como el fortalecimiento de la sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, incorporando algunos nuevos, como la protección de los consumidores y de los usuarios. Lo anterior supone desideologizar un orden púbico económico que, en la Constitución que nos rige, da cuenta de una marcada impronta neoliberal. Junto con ello, debe establecerse el carácter de bienes públicos de algunos de los derechos sociales fundamentales que hemos mencionado.
Soledad Alvear Jorge Burgos
Patrico Walker Aldo Cornejo
Ignacio Walker


Santiago, 24 de Julio de 2011