MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL INICIA UN PROYECTO
SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Santiago, 24 de noviembre de 2016.
MENSAJE Nº 307-364/
Honorable Cámara de
Diputados:
|
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.
|
Tengo el honor de
someter a vuestra consideración un proyecto de ley sobre el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.
I. ANTECEDENTES
1. La violencia
contra las mujeres como un desafío social que nos convoca a todos y todas
La violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo en
nuestro país. Muy por el contrario, es quizás el reflejo más duro de una
cultura discriminatoria que valida relaciones históricamente asimétricas entre
hombres y mujeres, marcadas por el abuso. Debemos, como país, enfrentar con
fuerza este problema largamente arrastrado y de difícil solución.
Por muchos años, no solo nuestro país, sino el mundo, no
identificó la violencia que sufren las mujeres como un problema de derechos
humanos. La violencia en el espacio doméstico se explicaba como un problema
aislado de cada pareja, propio de las dificultades de la convivencia. Aquélla
experimentada en el espacio público, por otra parte, no era visibilizada como
tal. No solo eso, las mujeres eran identificadas como causantes de ésta.
No es de extrañar, por tanto, que la violencia contra las
mujeres, su magnitud y conexión con un problema cultural de mayor envergadura
se mantuviera en la opacidad, o bien, naturalizada.
De acuerdo a ONU Mujeres, el 35% de las mujeres en el mundo ha
sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Esto no es
distinto en nuestro país. En efecto, la última Encuesta Nacional de
Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, llevada a cabo el
2013 por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dio cuenta que el
31,9% de las mujeres ha sido víctima, alguna vez en su vida, de violencia
perpetrada por sus familiares, su pareja o ex pareja. Es decir, cerca de tres
millones de mujeres son o han sido víctimas de violencia.
Por otro lado, de acuerdo a las cifras de denuncia del delito de
violación registradas por la Subsecretaría de Prevención del Delito (Sistema
AUPOL), el total de víctimas del año 2015 fue de 1.970 personas, de las cuales
1.743 corresponden a mujeres, lo que equivale a un 88,47%.
La forma más extrema de violencia contra las mujeres, evidencia
de la discriminación que históricamente han sufrido, es el femicidio. El
Circuito Intersectorial de Femicidio, integrado por las Policías, el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, registró 45 casos de femicidio
consumado el año 2015, 40 el 2014 y 40 el 2013. Esto no puede dejarnos
indiferentes, pues la promesa de vivir en un país libre, próspero y justo se ve
contradicha por el asesinato de estas mujeres.
Un cambio a esta mirada es, precisamente, la que este proyecto
busca, haciéndose cargo de la creciente sensibilidad que la ciudadanía ha
manifestado en torno a la violencia contra las mujeres. Hoy, hombres y mujeres
condenan públicamente actos que antes no eran considerados como manifestaciones
de violencia. Este aprendizaje social, que cimenta un proceso de cambio
cultural, debe tener un correlato en la legislación.
Nuestra legislación necesita tener una mirada más amplia de la
violencia contra las mujeres y dejar en evidencia que éste no es un problema
entre particulares, sino más bien el reflejo de una estructura social y
cultural discriminatoria contra las mujeres. Su condición estructurante
determina que la violencia contra ellas las afecta a todas, sin distinguir
clase social, capacidad económica, nivel educacional, edad, pertenencia a
pueblo originario, orientación sexual, religión u otra condición territorial o
social.
De igual manera, el proyecto de ley hace explícito que la
violencia contra las mujeres no solo se limita a su manifestación física, sino
que adopta formas de control de naturaleza psicológica, económica, sexual e
incluso simbólica. Todas estas formas de violencia las afectan y les impiden
gozar plenamente de sus derechos fundamentales.
La superación de la dicotomía entre lo público y lo privado es
otro de los desafíos que este proyecto busca enfrentar. Con esta consideración
en mente, se hace clara referencia a que la violencia contra las mujeres se
ejerce dentro del ámbito público y el privado y que en ambos debe reconocerse y
abordarse como tal.
Además, este proyecto de ley se hace parte del diagnóstico que
releva la prevención de la violencia contra las mujeres como una tarea
fundamental en la transformación de las condiciones culturales que la sustentan,
transversalizando esta temática. Por lo mismo, involucra la participación de
diversos organismos del Estado para que éstos la incorporen como un criterio
relevante en su gestión.
2. Respuestas
institucionales y legislativas en Chile desde la vuelta a la democracia
Luego del retorno a la democracia, el país dio un decidido paso
adelante en 1994, con la publicación de la ley N° 19.325, que constituyó el
primer cuerpo legal dotado del objetivo expreso de enfrentar la violencia
intrafamiliar. Esta ley se originó en una moción presentada por la entonces
diputada Adriana Muñoz y el diputado Sergio Aguiló en 1991 y, fuera de toda duda,
constituyó un avance. Por primera vez se contó con una definición de violencia
intrafamiliar, lo que contribuyó a visibilizar el fenómeno. No obstante, cabe
mencionar que esta normativa era débil en el establecimiento de sanciones, pues
su enfoque era más bien terapéutico, los casos eran sustanciados ante los
tribunales civiles y cubría un espectro muy limitado de relaciones entre
personas.
Fruto
de este diagnóstico, y con la voluntad de avanzar en la materia, el año 2005 se
dictó la ley N° 20.066. Originada en una moción presentada en 1999 por las
entonces diputadas Adriana Muñoz y María Antonieta Saa, incorporó decididas
mejoras en la regulación de esta materia. Entre las innovaciones más
importantes incorporadas por este cuerpo normativo, cabe destacar la ampliación
de quienes podrían ser autores de actos constitutivos de violencia
intrafamiliar, la posibilidad de sustanciar estos procedimientos en tribunales
especializados (debido a la creación, un año antes, de los tribunales con
competencia en materias de familia, por medio de la publicación de la ley N°
19.968, y a la dictación, el año 2000, del Código Procesal Penal, que
establecía un nuevo sistema de justicia en la materia) y la creación de un
nuevo tipo penal: el delito de “maltrato habitual”, que se hacía cargo de la
protección de un bien jurídico que nuestra legislación hasta entonces había
descuidado, puesto que las figuras existentes (como las lesiones, por ejemplo),
eran insuficientes para dar cuenta de las particularidades de la violencia ejercida
al interior de la familia.
Junto a las leyes indicadas, en nuestro país han existido
valiosos esfuerzos legislativos orientados a ofrecer soluciones a aspectos
particulares de la violencia. Entre éstas se encuentran la ley N° 19.617 de
1999, que penalizó, por vez primera, la violación ocurrida al interior del
matrimonio; la ley N° 20.005, de 2005, que tipificó y sancionó el acoso sexual
en el marco de las relaciones laborales; la ley N° 20.357, de 2009, que
tipificó crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de
guerra, incluyendo actos realizados en contra de las mujeres en estos
contextos; la ley N° 20.480, de 2010,
que modificó la ley N° 20.066 y el Código Penal, creando el tipo penal del
femicidio; y la ley N° 20.507, de 2011, referida al tráfico ilícito de
migrantes y trata de personas, delitos en que la mayoría de las víctimas son
mujeres. Por último, cabe destacar la
recientemente publicada ley N° 20.968 que tipifica delitos de tortura y de
tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Las leyes hasta aquí nombradas dan cuenta de un esfuerzo de
larga data para enfrentar un fenómeno de tanta complejidad como la violencia en
contra de las mujeres.
Junto al esfuerzo realizado por el Poder Legislativo y por los
distintos actores institucionales, cabe destacar el importante rol que han
tenido las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar la violencia
contra las mujeres y erradicarla, cuya experiencia ha sido considerada en la
elaboración de este proyecto.
II. FUNDAMENTOS
DEL PROYECTO DE LEY
Este proyecto de ley responde al compromiso del Estado de Chile
con los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida como “Convención Belém do Pará”.
Esta convención se ha tenido a la vista no solo en aspectos
sustantivos que se incorporan a este Proyecto de ley, sino que se ha
considerado que ella exige a los Estados Partes “incluir en su legislación
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso”
(artículo 7, c)). Es el propio cumplimiento de la norma de derecho
internacional de adecuación de la legislación interna, que emana de la máxima pacta sunt servanda, la que determina
que este tratado, que enmarca las obligaciones del Estado, deba hacerse
efectivo mediante la incorporación de sus estándares a nuestro derecho
doméstico.
Se ha considerado, también, la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, la cual, aprobada por
la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1979, ha sido un
instrumento pionero en alertar a la comunidad internacional sobre las múltiples
formas de discriminación que sufren las mujeres, y en marcar una hoja de ruta
para avanzar hacia una igualdad real entre hombres y mujeres.
Asimismo, se han tenido en cuenta las recomendaciones y
observaciones de los organismos internacionales especializados. Respecto del
cumplimiento de estas obligaciones, el Comité CEDAW formuló en 2012 sus
observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile. En
estos señaló, respecto del delito de maltrato habitual, que “al Comité preocupa
que la aplicación de este requisito adicional (es decir, que deba ser conocido
primero por el tribunal con competencia en materias de familia) a actos
constitutivos de delito represente una barrera procesal que impida que se
persigan”. El Comité también manifestó su preocupación por el hecho de que “la
legislación no contenga una tipificación concreta de la violencia doméstica
como delito que abarque tanto la violencia psicológica como la violencia
física.” (Párrafo 18, CEDAW/C/CHL/CO/5-6). Otro asunto que preocupó al Comité
fue la carencia de “medidas para hacer frente a otras formas de violencia, como
el feminicidio fuera del entorno familiar y la violencia sexual”. (Párrafo 20,
CEDAW/C/CHL/CO/5-6).
Igualmente, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas examinó en 2014 el sexto informe periódico presentado por
Chile. En éste mostró su preocupación por el “delito de maltrato habitual”, el
cual “impone una barrera procesal a la víctima que no puede denunciar los
hechos directamente al órgano persecutor, en particular en casos de violencia
psicológica” (Párrafo 16, CCPR/C/CHL/6). A mayor abundamiento, indicó que Chile
debe “acelerar la adopción de la nueva ley de eliminación de la violencia
contra las mujeres, de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar
que ésta abarque todas las formas y manifestaciones de violencia” (Párrafo 16,
CCPR/C/CHL/6).
Por otra parte, en 2015, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, en el marco del
cuarto examen periódico rendido por Chile, manifestó su preocupación por “la
alta incidencia de violencia doméstica en el Estado parte y las limitaciones
que la legislación actual contiene para que las víctimas tengan acceso a la
justicia” (Párrafo 23, E/C.12/CHL/CO/4). En el mismo sentido, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó al Estado de Chile a acelerar
“el proceso de elaboración y aprobación de una legislación integral para
eliminar todas las formas de violencia doméstica, en la que todos los tipos y
grados de violencia doméstica y de género sean tipificados como delito e
incluyan sanciones adecuadas” (Párrafo 23, E/C.12/CHL/CO/4).
Hemos observado detenidamente, también, el derecho comparado. Es
menester referirse a la historia reciente de América Latina, pues son varios
los Estados que han dictado leyes con el propósito de poner fin a la violencia
contra las mujeres. A modo ejemplar, encontramos los casos de Argentina (2009),
Brasil (2006), Colombia (2008), Costa Rica (2007), Guatemala (2008), México
(2007), Nicaragua (2012) y Venezuela (2007). En Europa, especialmente
significativa ha resultado la Ley 5/2008 de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
Asimismo, en la elaboración de este proyecto se consideraron los
análisis que distintos organismos han efectuado del funcionamiento de la ley N°
20.066. En este marco, cabe destacar el trabajo realizado por el “Plan Nacional
de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014 – 2018”, el cual fue creado en
julio del 2014, bajo la coordinación del entonces Servicio Nacional de la Mujer
y la participación de 41 instituciones del Estado, la sociedad civil y
organismos internacionales. Otro aporte relevante a este respecto ha sido el
informe elaborado por el Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara de
Diputados, publicado en el año 2015, que ha hecho un análisis de las
principales deficiencias prácticas de la ley en comento.
Por último, también se consideraron las más de 70 iniciativas
legislativas ingresadas a tramitación desde la entrada en vigencia de la ley N°
20.066, las que han constituido un valioso insumo al presente proyecto de ley.
A este respecto cabe resaltar el proyecto de ley boletín N°
8851-18, que “Modifica Ley de Violencia Intrafamiliar y otros cuerpos legales
y, establece ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin
convivencia”, presentado por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera Echeñique,
que reconocía y tipificaba la violencia ocurrida al interior de las parejas,
aun cuando entre ellas no existiera convivencia; el proyecto de ley boletín N°
10.045-18, que “Modifica las leyes N°s 19.968 y 20.066, con el objeto de
perfeccionar las normas sobre violencia intrafamiliar”, autoría de los
diputados Guillermo Ceroni (PPD), Romilio Gutiérrez (UDI), Hugo Gutiérrez (PC),
Pablo Lorenzini (DC), Manuel Monsalve (PS), Leopoldo Pérez (RN), Alberto Robles
(PRSD), y de la diputada Alejandra Sepúlveda (IND), que reconoce las distintas
realidades presentes al interior de la familia; el proyecto de ley boletín N°
10.748-07 que “Modifica el Código Penal con el objeto de introducir el concepto
de violencia y odio de género en la tipificación del delito de femicidio, y el
Código Procesal Penal para conceder acción penal pública en estos casos”,
presentado por las senadoras Isabel Allende (PS), Carolina Goic (DC), Adriana
Muñoz (PPD), Lily Pérez (Amplitud) y por el senador Felipe Harboe (PPD); el proyecto
de ley boletín N° 10.609-18 que “Modifica el Código Penal con el objeto de
impedir que la infidelidad sea considerada como circunstancia atenuante de la
responsabilidad penal en el delito de femicidio”, autoría de las diputadas
Marcela Hernando (PRSD), María José Hoffman (UDI), Andrea Molina (UDI), Claudia
Nogueira (UDI), Paulina Núñez (UDI), Denise Pascal (PS), Marcela Sabat (RN),
Marisol Turres (UDI); el proyecto de ley boletín N° 10.551-03, que “Modifica la
ley N° 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, con el objeto de sancionar la promoción de estereotipos negativos
hacia la mujer, a través de mensajes publicitarios”, autoría de las diputadas
María José Hoffmann (UDI), Andrea Molina (UDI), Claudia Nogueira (UDI), Paulina
Núñez (RN), Karla Rubilar (IND), Marcela Sabat (RN), Marisol Turres (UDI); el proyecto
de ley boletín N° 7.314-18, que “Modifica Ley de Violencia Intrafamiliar, la
que crea los Tribunales de Familia y otros cuerpos legales, en casos que indica,
autoría de los diputados Guillermo Ceroni (PPD), Gaspar Rivas (IND), y René
Saffirio (IND) y de las diputadas Cristina Girardi (PPD), Carolina Goic (DC),
Adriana Muñoz (PPD), María Antonieta Saa (PPD), Marcela Sabat (RN); y el proyecto
de ley boletín N° 5.979-18 que “Establece inhabilidad para desempeñar cargos
públicos, por haber sido condenado por delito contemplado en la ley N° 20.066,
de violencia intrafamiliar”, autoría de los entonces diputados Francisco
Chahuán (RN), Alfonso De Urresti (PS), Marcelo Díaz (PS), Marco Enríquez
Ominami (PRO), Álvaro Escobar (IND), y las diputadas Clemira Pacheco (PS),
María Antonieta Saa (PPD).
III. OBJETIVOS
DEL PROYECTO DE LEY
Un doble objetivo anima este proyecto de ley y subyace a cada una
de las modificaciones que comprende. En primer lugar, busca mejorar las
respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las víctimas de violencia en
contexto intrafamiliar, tanto a las mujeres, que constituyen el grupo a que
este proyecto va fundamentalmente dirigido, como a otras personas que se
encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Para cumplir este
objetivo se refuerza el trabajo intersectorial, propiciando acciones
coordinadas entre los distintos actores involucrados en la prevención,
protección y atención de las personas que por su condición de vulnerabilidad se
encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia.
También se regulan nuevas
figuras tendientes a reconocer las distintas formas que adopta la violencia
ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas
mayores y personas en situación de discapacidad, y se mejoran aspectos
procedimentales cuyas limitaciones han redundado en un déficit de protección de
los derechos de las personas víctimas de violencia, entre otras cuestiones
relevantes.
En segundo lugar, este proyecto busca contribuir a la generación
de un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres y
el fin de las relaciones de subordinación que éstas padecen, raíz de la
violencia de género. No solamente ha de ser visto, entonces, como una respuesta
al presente, sino también como una hoja de ruta para un futuro en que prime el
respeto del derecho inalienable de las mujeres a una vida libre de violencia.
Este proyecto de ley no solucionará todos los desafíos que
genera la violencia contra las mujeres, pero como Gobierno nos asiste la
convicción de que es un paso importante en el camino correcto.
IV. CONTENIDO
DEL PROYECTO DE LEY
Este proyecto contiene, en primer lugar, una ley sobre el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que consta de cuatro
títulos: (i) Objeto de la ley y definiciones generales; (ii) De la Prevención
de la violencia contra las mujeres; (iii) De la protección y atención de las
mujeres víctimas de violencia; y (iv) Acceso a la justicia.
En este cuerpo legal se recogen los estándares indicados por los
instrumentos internacionales, adoptándose una definición de violencia contra
las mujeres acorde a lo prescrito por la Convención Belém do Pará, que reconoce
que esta violencia es una “manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres” . Esta ley avanza, también,
en el reconocimiento de las distintas formas que adopta la violencia contra las
mujeres y los distintos ámbitos en que puede ejercerse, ampliando las
concepciones actuales que recoge nuestro ordenamiento jurídico.
Contiene, también, un amplio catálogo de deberes para distintos
órganos del Estado, con el fin de que, siempre que desarrollen iniciativas
relacionadas con la violencia contra las mujeres y sus formas, adopten, dentro
de sus competencias y en el marco de su disponibilidad presupuestaria, las
medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de
esta ley.
Se regulan deberes de prevención de la violencia contra las
mujeres para todos los órganos del Estado en la medida en que desarrollen
iniciativas relacionadas con la violencia contra las mujeres y sus formas,
mandatándolos a que, dentro de sus competencias, adopten medidas conducentes a
la prevención de esta violencia. Se enfatizan las medidas de prevención en el
ámbito de la educación, las que dicen relación con la labor de los medios de
comunicación y, en general, aquellas que favorecen un cambio cultural conducente
a superar la violencia contra las mujeres.
La protección y atención de las mujeres frente a la violencia
genera obligaciones generales y particulares. En estas últimas se enfatizan los
deberes en el ámbito de la salud, la educación y los deberes de protección que
tienen policías y fiscales. El título referente al acceso a la justicia establece
normas aplicables a una pluralidad de procedimientos en que las mujeres tienen
la condición de víctimas de violencia, tanto en el contexto intrafamiliar como
fuera de éste.
Por último, se amplía la facultad del Servicio Nacional de la
Mujer y la Equidad de Género en dos sentidos: aumenta el abanico de casos en
que puede asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de
violencia y se le permite deducir querella en casos de femicidio.
En segundo lugar, el artículo 28 de este proyecto contiene una
serie de modificaciones a la ley N° 20.066, que Establece la ley de violencia
intrafamiliar. Se amplía su objeto a prevenir, sancionar y erradicar la violencia
intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen
dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y
otorgar protección efectiva a quienes la sufren.
Se amplía también la competencia de los ministerios para
participar, de modo prioritario, en el cumplimiento de los objetivos de esta
ley, transversalizando así las acciones referidas a violencia intrafamiliar.
Asimismo, se amplía la definición de violencia intrafamiliar.
Se agregan normas destinadas a quienes ejercen jurisdicción. En
este marco, se incluyen reglas conducentes a considerar el interés superior del
niño o niña, especialmente las vulneraciones que sufre cuando ocurren hechos de
violencia entre los integrantes de la familia, aunque no tengan como víctima
directa a los niños o niñas. Se modifican, también, las normas que reglan la
suspensión condicional del procedimiento, adoptando una serie de medidas cuyo
objetivo principal es cautelar la seguridad de la víctima antes de arribar a
esta decisión.
Esto es coherente con lo propuesto por el Ejecutivo en la
tramitación legislativa de los proyectos refundidos (Boletines N°s 9279-07, 9849-07,
9877-07, 9904-07, 9908-07 y 9435-18) que modifican el Código Penal, el Código
Procesal Penal y el decreto ley N° 645, del año 1925, Sobre el Registro General
de Condenas, destinados a aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables
para el caso de delitos cometidos en contra de menores y demás personas en
estado vulnerable.
El artículo 29 contiene las modificaciones a la ley N° 19.968,
que Crea los tribunales de familia. Se introducen modificaciones a la ley con
el objetivo de dar un correlato, en el ámbito procedimental, a las
modificaciones de carácter sustantivo efectuadas a la ley N° 20.066 y de
aumentar la efectividad en la protección de las víctimas de violencia
intrafamiliar.
Con este propósito, el proyecto de ley modifica el artículo 21
de la ley, estableciendo que, de no concurrir las partes a alguna de las
audiencias, el juez tiene el deber de citarlas a una nueva audiencia. Solo si
no concurren a ésta, ordenará el archivo provisional de los antecedentes. Con
esto se busca que la continuación del proceso no sea una carga excesiva para la
víctima, la cual se encuentra en una situación de tal vulnerabilidad que esto
puede transformarse en un peso desmedido.
En el artículo 90, se elimina la norma que actualmente regula
las contiendas de competencia que pueden tener lugar entre un tribunal de
familia y el Ministerio Público o un juzgado de garantía.
Otro aspecto en el que se introducen mejoras sustantivas a esta
ley es la regulación de la comunicación y notificación de las medidas
cautelares. Tal como en el caso anterior, constituye éste otro ámbito en que la
celeridad se torna un valor de primera importancia. En consecuencia, se
introduce un nuevo inciso segundo al artículo 93 para establecer el expreso
deber del tribunal con competencia en materias de familia de comunicar de
inmediato, y por los medios más expeditos posibles, a Carabineros de Chile y al
Ministerio Público, de las medidas cautelares decretadas. Además, según dispone
el nuevo artículo 93 bis el tribunal deberá notificar de la medida cautelar al
ofensor, debiendo cautelar que se resguarde la seguridad de la víctima, para lo
cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
Finalmente, se establecen limitaciones para el sometimiento de
las partes a mediación en determinados casos en que ha existido violencia.
Tampoco se someterán a mediación los asuntos en que existan medidas de
protección o cautelares vigentes entre las partes.
El artículo 30 modifica el Código Penal. En primer lugar, con el
fin de subsanar las deficiencias detectadas en la actual tipificación del
delito de femicidio, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico el año 2010
por medio de la ley N° 20.480, el proyecto de ley propone extender el delito de
femicidio a aquellas situaciones en las cuales existe o ha existido un acuerdo
de unión civil o relación de pareja sin convivencia.
Uno de los aspectos en que la regulación de los delitos sexuales
que realiza el Código Penal se ha mostrado deficiente es en la posibilidad de
que los procedimientos incoados para perseguir este tipo de delitos terminen a
requerimiento del ofendido, cuando el ofensor sea de él cónyuge o conviviente.
Tal regla ha mostrado ser inconveniente, pues al requerimiento del ofendido
suelen subyacer presiones o temores, por lo cual es eliminada, derogando el
inciso final del artículo 369, sometiendo este tipo de procedimientos a las
reglas generales de terminación.
Otro aspecto relevante del proyecto de ley vinculado a la
protección de los derechos de los y las adolescentes, se encuentra en la
sanción del abuso sexual. Actualmente el abuso sexual cometido contra personas
mayores de 14 años es objeto de reproche penal solo cuando se cometen los
delitos de estupro o violación. Esta tipificación excluye hechos de frecuente
ocurrencia, como los actos de connotación sexual de que las mujeres son
víctimas en el ámbito de la educación o en los espacios públicos, que
actualmente quedan impunes. Ante esta situación, el proyecto de ley propone
sancionar, agregando un inciso tercero al artículo 366, las acciones sexuales
cuando éstas se realicen con una persona mayor de 14 años, sin necesidad de que
haya existido violación o estupro.
Por último, se agregan al Código Penal figuras que dan cuenta de
realidades hasta hoy no cubiertas por nuestro ordenamiento jurídico. Así, en un
nuevo artículo 494 ter, se regula como falta el acoso sexual sin contacto corporal.
Bajo esta descripción penal cabe la captación de registros audiovisuales de
alguna parte del cuerpo de otra persona, sin su consentimiento y con fines
primordialmente sexuales, así como el hostigamiento mediante actos o
expresiones verbales de carácter sexual.
Con el mismo propósito se introduce, en un nuevo artículo 161-C,
la sanción de la difusión por cualquier medio, sea físico o electrónico, de
imágenes o videos de otra persona mayor de 18 años, sin autorización de ésta y
que hubieren sido obtenidos con su anuencia en un lugar que no sea de libre
acceso al público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de
la víctima. Estas modificaciones buscan dar cuenta, como se ha dicho, de
fenómenos que afectan masivamente a las mujeres y que hasta el día de hoy no
reciben sanción.
Por último, el artículo 31 del proyecto de ley modifica el
artículo 5 del decreto ley N° 3.500, puesto que la legislación vigente no
regula adecuadamente algunos aspectos relacionados con la pensión de
sobrevivencia. Así, se introduce un
nuevo inciso tercero al artículo 5 del referido decreto, que quita la calidad
de beneficiario o beneficiaria a la persona que, perteneciendo al grupo
familiar del o la causante, haya sido condenado o condenada por el homicidio de
éste o ésta.
Por lo anterior, someto a vuestro conocimiento el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO
I
OBJETO
DE LA LEY Y DEFINICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto de la
ley. Esta ley
tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, raza, etnia, idioma, religión o
creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, origen nacional o
social, filiación, situación socioeconómica, orientación sexual, identidad de
género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de
discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición. Para ello, regula
mecanismos de protección, acceso a la justicia y atención a quienes sean
víctimas de ella, a fin de garantizarles el derecho a una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2.- Definición de
violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que
tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y
ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que
emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que cause o
pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra
clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas.
Artículo 3.- Formas de
violencia. La violencia contra las mujeres comprende:
a) Violencia física: cualquier agresión dirigida contra el cuerpo de la mujer y que vulnera,
perturba o amenaza la integridad física de la mujer o su derecho a la vida.
b) Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que vulnere, perturbe o amenace su integridad
psíquica, tales como tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, coacción,
exigencia de obediencia, explotación, limitación de la libertad ambulatoria de
la mujer.
c) Violencia sexual: toda vulneración, perturbación o amenaza al derecho de las mujeres a la
libertad sexual y reproductiva o al derecho de las niñas a la indemnidad
sexual.
Entre otras manifestaciones, la violencia sexual incluye el acoso sexual,
que para los efectos de esta ley corresponde a cualquier comportamiento no
consentido y con connotación sexual, que se puede manifestar en conductas
físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contextos de
subordinación, ya sea en el empleo, la educación, la salud, las actividades
deportivas y otros ámbitos, tanto en espacios públicos como privados.
d) Violencia económica: toda acción u omisión, intencionada y arbitraria, ejercida en el contexto
de relaciones afectivas o familiares, que tenga como efecto directo la
vulneración de la autonomía económica de la mujer, que se lleve a cabo con afán
de ejercer un control sobre ella y que se manifiesta en un menoscabo injusto de
sus recursos económicos o patrimoniales o el de sus hijas o hijos.
e) Violencia simbólica: mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten,
reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y
discriminación de las mujeres en la sociedad.
Artículo 4.- Ámbitos en que
se ejerce la violencia contra las mujeres.
a)
Violencia en el ámbito
privado: Se refiere a las
formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que
tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni
haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede.
b)
Violencia en el ámbito
público: Se refiere a la
violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya
relación no esté comprendida en el ámbito privado. Ésta comprende, entre otras,
aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el
lugar de trabajo y los espacios públicos; la que es perpetrada o tolerada por
el Estado o sus empleadas y empleados públicos donde quiera que ésta ocurra, ya
sea en períodos de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente
aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal.
Artículo 5.- Deberes de los
órganos del Estado. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u
otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el
marco de sus competencias, propenderán a la adopción de las medidas apropiadas
para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco,
deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y en los demás tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de
conformidad con lo establecido en los artículos 1, inciso segundo, y 3 de la
ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y
modifica normas legales que indica, y dentro del marco de sus competencias,
velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes
y programas en materias de violencia contra las mujeres.
Artículo 6.- Deberes particulares
del Estado. Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de
Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y
Derechos Humanos, de Educación y de Salud, promover dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, medidas tendientes a la protección de los derechos de
las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y
otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su
ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la
normativa que le sea aplicable.
Los Ministerios referidos en el inciso anterior
procurarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las
mujeres víctimas de violencia.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones, sobre
violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra c) del
artículo 3 de la ley N° 20.820. El Poder Judicial, el Ministerio Público,
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación
de Asistencia Judicial considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones
para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas.
Artículo 7.- Deberes del
personal. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios
y funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de
violencia contra las mujeres.
TÍTULO II
DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Artículo 8.- Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas,
planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas
manifestaciones, en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las
medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el
ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la
erradicación de ésta y de sus causas.
Las medidas que se adopten de conformidad con el
inciso anterior podrán incluir, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Promover el conocimiento y
el respeto de los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su
derecho a una vida libre de violencia, consagrados en las leyes, la
Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en esta
materia que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes.
b) Promover la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de
discriminación basada en el género.
c) Promover la modificación de
las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y
perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres.
d) Promover una cultura
ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a
ésta.
El Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo
dispuesto en este título, de conformidad con el artículo 1 de la ley N° 20.820.
Artículo 9.- Medidas de
prevención. Las medidas que se adopten de conformidad con el deber de prevención
podrán incluir, entre otras:
a)
Actividades y campañas de difusión y sensibilización
sobre los derechos humanos de las mujeres, su derecho a una vida libre de
violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.
b)
La incorporación en los programas de formación o
capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones de conducta
sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género que generan
violencia contra las mujeres.
c)
La sensibilización de los medios de comunicación con
el fin de promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las
mujeres y de total rechazo a ésta.
Estas actividades serán
particularmente relevantes en los ámbitos de salud, educación, justicia y
seguridad ciudadana.
Artículo 10.- Medidas en el ámbito de la educación. El Ministerio de Educación
velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación
arbitraria, y la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando
la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que
entregue al sistema educativo en todos sus niveles.
Los establecimientos
educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad entre hombres
y mujeres y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas.
Asimismo, en el marco de las acciones sobre convivencia escolar promoverán una
cultura de resolución pacífica de conflictos.
Los Planes de Formación
Ciudadana, regulados por la ley N° 20.911, deberán incluir dentro de sus
objetivos la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la
prohibición de cualquier tipo de discriminación y el derecho de todas las
personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia,
considerando además la perspectiva de género.
Artículo 11.- Medidas de prevención orientadas a los medios de
comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios
de comunicación social respeten y fomenten la protección de la igualdad entre
hombres y mujeres. En particular, el Consejo Nacional de Televisión deberá
hacerlo de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la ley N° 18.838.
Los medios de comunicación
social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de
informaciones acerca de la violencia contra las mujeres respete, con la
correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos humanos,
la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e
hijos.
TÍTULO
III
DE LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A
LA VIOLENCIA
Artículo 12.- Deberes de
protección. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u
otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el
marco de sus competencias, adoptarán las medidas conducentes a la protección de
las mujeres frente a la violencia, particularmente, cuando existan hechos anteriores
de esta naturaleza, riesgo de volver a sufrir violencia o amenazas.
Las medidas que se adopten
para la protección de las mujeres frente a la violencia deberán estar
orientadas a la garantía de su derecho a la vida, a la integridad personal, a
la libertad y a la seguridad personal.
Artículo 13.- Deberes en el
ámbito de salud. El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, promoverá la
adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos de salud,
tanto públicos como privados, puedan detectar la existencia de violencia contra
las mujeres en el marco de la atención de salud, especialmente en la atención
primaria.
Igualmente, promoverá la
adopción de medidas necesarias para asegurar una atención de parto humanizada y
respetuosa en el cumplimiento del deber de protección establecido en el artículo
139 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que
fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de
1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y en las normas de la ley N° 20.584,
que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con
acciones vinculadas a su atención en salud.
Procurará, también,
desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las
situaciones de violencia detectadas. Para estos efectos, podrán establecerse
mecanismos coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a
la protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo
aquéllos necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones
pertinentes y su atención oportuna y efectiva en las mismas.
Las personas señaladas en
las letras d) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar
cumplimiento al deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres
información acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de
la violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.
Artículo 14. Deberes en el
ámbito de la educación. El Ministerio de Educación, en el ámbito de sus competencias, pudiendo
además actuar en cooperación con otras instituciones públicas y privadas,
promoverá la adopción de las medidas necesarias para que los establecimientos
educacionales reconocidos por el Estado, puedan detectar las situaciones de
violencia que afecten a los miembros de su comunidad educativa.
El Ministerio de Educación procurará
desarrollar las acciones necesarias para responder oportunamente a las
situaciones de violencia detectadas. Para esto podrá establecer mecanismos
coordinados de actuación con los demás órganos estatales dedicados a la
protección y atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo aquéllos
necesarios para la derivación de las afectadas a las instituciones pertinentes
y su atención oportuna y efectiva en las mismas.
Las personas señaladas en la
letra e) del artículo 175 del Código Procesal Penal deberán dar cumplimiento al
deber de denuncia en él establecido, y entregar a las mujeres información
acerca de las instituciones dedicadas a la protección y atención de la
violencia contra las mujeres referidas en el inciso anterior.
Artículo 15.- Medidas de
protección. Para efectos de la protección de las mujeres frente a la violencia, los
siguientes órganos del Estado, en el marco de sus competencias, procurarán
adoptar las siguientes medidas:
a)
Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia y Derechos
Humanos y de Salud promoverán la implementación de
servicios de apoyo para asistir a las mujeres víctimas de violencia y a las
personas que se encuentren bajo su cuidado.
b)
Los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y
de Justicia y Derechos Humanos promoverán políticas para garantizar el acceso a
la justicia de las mujeres víctimas de violencia.
Artículo 16.-
Deberes de protección en el ámbito de la seguridad. El Ministerio
Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de
Investigaciones de Chile deberán adoptar las medidas necesarias para
garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, actuando
dentro de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en el artículo
78 del Código Procesal Penal, artículos 1, 3 y 4 de la ley N° 18.961, orgánica constitucional
de Carabineros y artículo 4 y 5 del decreto ley N° 2.460 de 1979, del
Ministerio de Defensa Nacional, orgánica de Policía de Investigaciones de
Chile.
La Policía de
Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público,
Gendarmería de Chile y los tribunales con competencia en lo criminal deberán
entregar las facilidades necesarias para que las mujeres víctimas de violencia
puedan informar de forma expedita y oportuna cualquier incumplimiento de las
medidas o diligencias decretadas y recibir la protección que resulte
procedente, según corresponda.
Artículo 17.- Primeras
diligencias. Ante hechos de violencia contra las mujeres, la Policía de Investigaciones
de Chile y Carabineros de Chile deberán proceder, sin previa orden, conforme a
lo dispuesto en el artículo 83 del Código Procesal Penal y el artículo 83 de la
ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia, debiendo prestar ayuda
inmediata y directa a la víctima, y detener, cuando proceda, a quien haya
cometido la agresión, conforme a lo señalado en el inciso segundo del artículo
83 de la ley N° 19.968.
Además, se deberá trasladar
a la mujer al servicio de salud, cuando sea procedente, entregarle información
completa acerca de sus derechos y la oportunidad para ejercerlos y, en caso de
haber denuncia, registrar ésta de forma completa.
Artículo 18.- Medidas de protección y atención para mujeres víctimas de
violencia sexual. El Ministerio de Salud y los Servicios de Salud, en el marco de sus
respectivas competencias, procurarán entregar, según corresponda, medidas de
regulación, gestión y acción clínica orientadas a la atención de salud a las
mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.
La atención de las mujeres
víctimas de violencia sexual, asimismo, procurará resguardar las evidencias
adecuadas para hacerse valer en el eventual proceso judicial. El Servicio
Médico Legal, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias
para efectos de dar cumplimiento a esta disposición.
El Ministerio de Salud
procurará que las medidas, acciones o servicios referidos sean prestados por
personal especializado y formado con perspectiva de género.
TÍTULO
IV
ACCESO
A LA JUSTICIA
Artículo 19.- Ámbito de
aplicación. Las normas contenidas en este título se aplicarán, según corresponda:
a)
A los hechos de violencia intrafamiliar no
constitutivos de delitos regulados por la ley N° 20.066, que establece la ley
de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los
procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
b)
A los hechos constitutivos del delito de maltrato
habitual regulado en el artículo 14 de la ley N° 20.066, que establece la ley
de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea una mujer, y a los
procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
c)
A los hechos ocurridos en contexto de violencia
intrafamiliar de conformidad con la ley N° 20.066, que establece la ley de
violencia intrafamiliar, constitutivos de los delitos contenidos en el párrafo
3 del título III; en el párrafo 11
del título VI; en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII; y en el párrafo 3 del título
VIII, todos del Libro Segundo del Código Penal y a los hechos contenidos en el
artículo 494 número 4 del mismo Código, siempre que la víctima sea una mujer, y
a los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
d)
A los hechos constitutivos de los delitos contenidos
en el párrafo 4 del título III y en los párrafos 5, 6 y 9 del título VII, todos
del Libro Segundo del Código Penal, siempre que la víctima sea una mujer, y a
los procedimientos judiciales a que ellos den lugar.
e)
Al delito de femicidio regulado en el artículo 390
del Código Penal y al procedimiento judicial al que éste dé lugar.
Artículo 20.- Principios de
proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización
secundaria. Los procesos judiciales sobre violencia contra las mujeres ante tribunales
con competencias en materias de familia y penales, según corresponda, y toda
diligencia previa de investigación en materia penal, se regirán por los
principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la
victimización secundaria. Se entenderán por éstos:
a) Proactividad en la
investigación penal. Quienes dirijan una investigación penal procurarán actuar
con la debida diligencia durante la investigación. La recolección de evidencia
y de antecedentes y el impulso de la investigación y de los procesos judiciales
no podrán depender únicamente de la iniciativa procesal de la víctima o de sus
familiares, o de su aporte de otros antecedentes.
b) Prevención de la
victimización secundaria. Las funcionarias
o funcionarios judiciales y policiales y quienes dirijan la investigación penal
procurarán proveer el mayor resguardo posible a las víctimas, con el objeto de
prevenir su victimización secundaria. En particular, procurarán evitar o
disminuir cualquier perturbación que hubieren de soportar con ocasión de sus
actuaciones en el sistema de justicia u otros servicios públicos o los tratos
fundados en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las
mujeres.
Artículo 21.- Derechos y
garantías judiciales. En todo procedimiento judicial penal o de familia, referido a hechos
presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres, se procurará otorgarles
las siguientes garantías:
a) Contar con acceso a
asistencia y representación judicial.
b) Obtener una respuesta
oportuna y efectiva.
c) Ser escuchada al momento de
arribar a una decisión que la afecte. El Ministerio Público y los Tribunales de
Justicia deberán resguardar y dejar constancia del ejercicio de este derecho
tratándose de la procedencia de la facultad de no iniciar la investigación, el
archivo provisional, el ejercicio del principio de oportunidad y en la
suspensión condicional del procedimiento, respectivamente.
d) Recibir protección cuando se
encuentre amenazada o vulnerada su vida o su integridad personal.
e) A la protección de sus datos
personales respecto de terceros y de su intimidad, honor y seguridad, para lo
cual el tribunal que conozca del respectivo procedimiento, podrá disponer, a
petición de partes, las medidas que sean pertinentes, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal.
f) Participar en el
procedimiento recibiendo información de la causa sin la exigencia de
formalidades que entorpezcan el acceso a la misma. En particular, podrán
obtener información de la causa personalmente, sin necesidad de requerir dicha
información a través de un abogado o abogada, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 182 del Código Procesal Penal.
Artículo 22.- Acceso a la información. Quienes dirijan una investigación penal, así como los
jueces o juezas y los funcionarios o funcionarias encargados del Poder Judicial
deberán informar de forma diligente y adecuada a las mujeres que lo requieran
acerca del estado de los procesos judiciales en que sean partes o
intervinientes. El personal de las instituciones antes señaladas, como,
asimismo, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile
deberán informar sobre los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de
protección disponibles para ellas, según corresponda a cada institución.
En particular, los órganos competentes deberán entregar información a las
mujeres acerca de las vías para denunciar el incumplimiento de las medidas
cautelares, de protección, accesorias, de las condiciones de la suspensión del
procedimiento y de las condiciones de la libertad vigilada y la libertad
vigilada intensiva, que se hayan dictado en su favor, así como la modificación
o cese de las mismas, los detalles de los actos relacionados con la causa, la
liberación de quienes se encuentren en prisión preventiva, el eventual derecho
a obtener indemnización y otras materias que las afecten.
Artículo 23.-
Aplicación de atenuante de responsabilidad. En los procedimientos judiciales señalados en el
artículo 19 de esta ley, el juez o jueza no podrá aplicar la atenuante de
responsabilidad regulada en el artículo 11 N° 5 del Código Penal cuando ésta se
funde en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.
Artículo 24.- Deberes de protección del Ministerio Público. En virtud de las facultades
y funciones que les confieren el Código Procesal Penal y la ley N° 19.640,
Orgánica Constitucional del Ministerio Público, quienes dirijan la
investigación penal de delitos de violencia contra las mujeres, y quienes
desempeñen funciones en Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, otorgarán
la debida protección a las víctimas y a las personas que se encuentren bajo su
cuidado, de conformidad al artículo 78 del Código Procesal Penal, tanto a
través de la adopción oportuna de medidas de protección que no impliquen la
restricción de derechos de terceros, como de la solicitud de dictación de medidas
cautelares judiciales.
En los casos de violencia contra las mujeres indicados en el artículo 19 de
esta ley, las fiscalas y fiscales darán prioridad a la adopción y solicitud de
medidas orientadas a la prevención de acciones de represalia en contra de la
víctima y al resguardo de su seguridad antes, durante y después de la
realización de cualquier actuación o diligencia judicial o investigativa que
suponga la presencia simultánea de la víctima y el supuesto agresor o agresora en
el mismo lugar. Para ello, quienes dirijan la investigación penal, cuando
resulte procedente, podrán ordenar el acompañamiento policial de la víctima,
sin perjuicio de otras medidas que resulten idóneas para resguardar
efectivamente su seguridad e integridad personal en atención a la situación de
riesgo en que ésta se encuentre.
Artículo 25.- Medidas cautelares y de protección judicial. El juez o jueza que tome
conocimiento de cualquiera de los hechos o delitos referidos en el artículo 19
deberá adoptar de inmediato las medidas que sean necesarias para garantizar de
manera eficaz y oportuna la protección y seguridad de la mujer.
En caso que la víctima sea menor de edad, el juez o jueza con competencia
en materias de familia podrá adoptar, además, las medidas cautelares contempladas
en el artículo 71 de la ley N° 19.968, que Crea los tribunales de familia,
cumpliendo con todos los requisitos y condiciones previstas en la misma
disposición.
Artículo 26.-
Reglas especiales para los casos de violencia sexual. Durante los procedimientos
judiciales referidos en las letras c) y d) del artículo 19 se observarán las
siguientes reglas:
a) Las conductas sexuales
pasadas de la víctima no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo
cuando el tribunal lo estime estrictamente indispensable para la resolución del
mismo. Cuando esta circunstancia proceda, el tribunal procurará considerarlas
sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres.
b) El tribunal no podrá basarse
exclusivamente en el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la
presentación de la denuncia para fundamentar su decisión, sin perjuicio de las
reglas del artículo 94 del Código Penal. Del mismo modo, no se podrá negar la
dictación de una medida de protección debido al tiempo transcurrido entre los hechos
y la presentación de la denuncia.
c) Las mujeres víctimas de
violencia sexual tienen derecho a que se preserve en todo momento su intimidad
y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al
procedimiento de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de
trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas
allegadas. Esta protección es irrenunciable para las mujeres menores de 18
años.
Artículo 27.- De la
prestación de asesoría judicial en casos de violencia contra las mujeres. El Servicio Nacional de la
Mujer y la Equidad de Género, en los casos calificados por el mismo, podrá
asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de los hechos de
violencia o de los delitos mencionados en el artículo 19 de esta ley, que sean
mayores de edad y que así lo requirieren, para los efectos de lo dispuesto en
el artículo 109 del Código Procesal Penal. Para ello se aplicará lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 20 de la ley N° 20.066, que Establece la ley
de violencia intrafamiliar.
En el caso del delito de femicidio regulado en el
artículo 390 del Código Penal, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género podrá deducir querella.
Artículo 28.- Introdúcense las siguientes
modificaciones a la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar:
1) Sustitúyese el artículo 1 por el siguiente:
“Artículo 1.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y
erradicar la violencia intrafamiliar, todas las formas y manifestaciones de
violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las
relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren.
En la interpretación y aplicación de la presente ley,
las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les
son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la
Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los demás instrumentos
internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”.
2) Intercálase en el artículo 2 el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la
Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de
Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, en el ámbito de sus
competencias, integrar en forma transversal en su actuar los objetivos de
prevención, sanción y erradicación de todas las formas y manifestaciones de la
violencia que se ejerce dentro del espacio doméstico, de las familias y de las
relaciones de pareja.”.
3) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3:
a)
Sustitúyese en el
inciso primero, la frase “la mujer, los adultos mayores y los niños,”, por “las
mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños
y las niñas,”.
b)
Agrégase en la
letra e) de su inciso segundo, entre la expresión “Niño,” e “y”, la oración “la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
4) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4:
a)
Sustitúyese el
inciso primero por el siguiente: “Corresponderá conjuntamente a los Ministerios
de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de
Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud,
proponer al Presidente o Presidenta de la República las políticas públicas para
el cumplimiento de los objetivos de esta ley.”.
b)
Sustitúyese el
inciso segundo por el siguiente:
“Para los efectos del inciso anterior los referidos Ministerios,
coordinados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, formularán
anualmente un plan nacional de acción, en colaboración con los organismos
públicos y privados pertinentes.”.
c)
Sustitúyese en el
inciso tercero, en su letra c), la expresión “contra la mujer”, por la
siguiente frase: “intrafamiliar y la violencia contra las mujeres”.
5) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 5:
a)
Sustitúyese el
inciso primero por el siguiente:
“Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que
afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad
sexual, o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya
tenido la calidad de cónyuge o conviviente civil o de hecho de quien agrede,
sea del mismo o de diferente sexo, o que sea pariente por consanguinidad o por
afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado
inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.”.
b)
Sustitúyese el
punto final del inciso segundo por la siguiente expresión: “, o tenga lugar
entre personas que tienen o han tenido una relación de pareja con o sin
convivencia.”.
6) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 7:
a)
Sustitúyese el
inciso segundo por el siguiente:
“Para efectos de determinar si existe riesgo inminente
para la víctima de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar,
el juez o jueza deberá atender especialmente a la situación en que se encuentra
la víctima, considerando, por ejemplo, su dependencia económica respecto del
ofensor u ofensora.”.
b)
Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Se presumirá que existe una
situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando
concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Que haya
precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor u ofensora.
2. Que, además
de lo descrito en el número 1, concurran respecto del ofensor u ofensora
circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más
denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia
intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple
delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los
párrafos 5 y 6 del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal o por
infracción a la ley N° 17.798, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que
denoten características de personalidad violenta.
3. Que la
persona denunciada oponga o haya opuesto, de manera violenta, su negativa a
aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima.
4. Que una
persona adulta mayor, dueña o poseedora, a cualquier título, de un inmueble que
ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se
le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por
alguna de las personas señaladas en el artículo 5.”.
c)
Sustitúyese el
inciso tercero por el siguiente:
“Además, el tribunal cautelará especialmente los casos
en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño o niña, una persona
adulta mayor, una persona en situación de discapacidad o que tenga una
condición que la haga vulnerable.”.
7) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 8, la frase “de
la notificación de la sentencia”, por la expresión “en que la sentencia quede
firme y ejecutoriada”.
8) Agrégase el siguiente artículo 11 bis, nuevo:
“Artículo 11 bis.- Otras materias de familia. El juez o jueza de familia que deba
resolver cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, especialmente
aquéllas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 8 de la ley N°
19.968, dará la debida consideración al hecho de existir antecedentes de
violencia intrafamiliar entre las partes involucradas o entre una de las partes
involucradas y cualquiera de las personas señaladas en el artículo 5 de esta ley.
En particular, la determinación del régimen de cuidado
personal de un niño o niña, respecto de la persona a quien se confiará éste,
tomará en especial consideración el hecho de existir una o más condenas por
actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al
artículo 5 de esta ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el
artículo 14 de esta ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del
Título VI,; los Párrafos 5, 6 y 9 del Título VII; en el Párrafo 3 del Título
VIII, todos del libro segundo del Código Penal. Estas consideraciones se realizarán
con independencia de que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña
en cuestión o de otra persona del mismo grupo familiar. La resolución judicial
que establezca tal régimen, sea provisorio o definitivo, deberá sustentarse en
razones muy calificadas que lo hagan procedente, las cuales el juez o jueza
deberá fundamentar debidamente en su sentencia. Para determinar dicho régimen,
el juez o jueza deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión
del niño o niña y velar por la protección de su seguridad e interés superior.
Del mismo modo, la fijación de un régimen de relación
directa y regular entre una persona y sus hijos o hijas menores de edad tomará
en especial consideración el hecho de habérsele condenado por actos de violencia
intrafamiliar que no constituyen delito, de conformidad al artículo 5 de esta
ley; por el delito de maltrato habitual, regulado en el artículo 14 de esta
ley; y por los delitos contenidos en el Párrafo 11 del Título VI; los Párrafos
5, 6 y 9 del Título VII; en el Párrafo 3 del Título VIII, todos del libro
segundo del Código Penal. Estas condenas se considerarán con independencia de
que la agresión se haya ejercido en contra del niño o niña en cuestión o de otra persona del mismo grupo
familiar.
La fijación del régimen, sea provisional o definitivo,
no podrá, en caso alguno, implicar la infracción o incumplimiento de cualquier
medida de protección, cautelar, accesoria o condición decretada para suspender
el procedimiento penal que se encuentre vigente respecto de cualquier miembro
del grupo familiar.
En caso de que por motivos estrictamente justificados
resulte procedente la regulación de un régimen de relación directa y regular,
éste deberá resguardar el interés superior del niño o niña y la seguridad de la
persona víctima de violencia. Para determinar dicho régimen, el juez o jueza
deberá escuchar y otorgar la debida consideración a la opinión del niño o niña
y velar por la protección de su seguridad e interés superior.
Para efectos de lo dispuesto en los incisos
anteriores, el juez o jueza deberá dar especial consideración al hecho de que
la violencia ejercida en contra de cualquier integrante del grupo familiar
vulnera gravemente el interés superior del niño o niña, aun cuando dicha
violencia no se haya dirigido específicamente en contra de él o ella.
9) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 14 bis:
a)
Agrégase como
encabezado el siguiente título “Aplicación de atenuantes de responsabilidad
penal”.
b)
Agrégase luego de
la palabra “considerar”, el adverbio “especialmente”.
10) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 15:
a)
Sustitúyase la
expresión “y las aludidas en el artículo 7 de esta ley.” por la siguiente, “,
las contempladas en el Código Procesal Penal y en esta ley.”.
b)
Agréguese el
siguiente inciso segundo, nuevo:
“En caso de decretarse la medida contemplada en el
número 2 del artículo 92 de la ley N° 19.968 o cualquier otra que comprenda el
ingreso o presencia de la víctima en un lugar donde pueda encontrarse el
ofensor, el juez o jueza podrá decretar, además, de oficio o a petición de
parte, y cuando esto fuere necesario para resguardar la seguridad de la
víctima, que la víctima sea acompañada por personal de Carabineros de Chile
durante el retiro o entrega de sus efectos personales.”.
c)
Agrégase el
siguiente inciso tercero, nuevo:
“En
el caso de la prisión preventiva, deberá atenderse a las reglas del párrafo 4
del Título V del Libro Primero del Código Procesal Penal.”.
11) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto al artículo 17, pasando su inciso único a ser inciso primero:
“En ningún caso podrá decretarse la suspensión del
procedimiento imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida
de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar.
Para decretar la suspensión condicional del
procedimiento deberá tenerse en especial consideración la seguridad de la
víctima, apreciándose situaciones tales como la existencia de riesgo inminente
en los términos del artículo 7 de esta ley, el comportamiento del ofensor u
ofensora y la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros.
La víctima y el querellante deberán ser siempre
notificados de la citación a la audiencia en que se ventile la solicitud de
suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la
víctima o el querellante estuviesen presentes, serán oídos por el juez o jueza
y su opinión será debidamente considerada.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso
anterior, el juez o la jueza deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de
emitir su opinión en audiencia reservada, a fin de cautelar su seguridad y
evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada.
En todo lo demás se aplicarán las reglas establecidas
en el Código Procesal Penal.”.
12) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 18, pasando su
inciso único a ser inciso primero:
“En caso de incumplimiento sin justificación, grave o
reiterado de las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 17,
además de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez o la jueza de garantía
revocará la suspensión condicional del procedimiento de conformidad con lo
establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo
anterior, el juez o jueza deberá considerar especialmente la seguridad de la
víctima.”.
Artículo 29.- Introdúcense las siguientes
modificaciones a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia:
1) Agrégase en el inciso tercero del artículo 21, entre las palabras “juez” y
“ordenará” la frase “o jueza citará a las partes, en forma inmediata, a una
nueva audiencia. Si a ésta no concurriere ninguna de las partes, el juez o
jueza”.
2) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 90:
a)
Sustitúyese en el inciso tercero
la expresión “el fiscal no solicite”, por la siguiente, “el juez o jueza de
garantía no decrete”.
b)
Suprímese el inciso cuarto.
3) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 93:
a)
Agrégase el siguiente inciso
segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:
“Además, el juez o jueza deberá comunicar de inmediato, en la forma y por
los medios más expeditos posibles, las medidas cautelares decretadas a
Carabineros de Chile, en los casos que corresponda.”.
b)
Agrégase en el actual inciso
segundo, que pasa a ser inciso tercero, luego de la palabra “decretadas”, la
siguiente expresión “y para resguardar la seguridad de la víctima”.
4) Agrégase el siguiente artículo 93 bis, nuevo:
“Artículo 93 bis.- Notificación de las medidas
cautelares. Junto con lo dispuesto en el artículo anterior, al decretar las
medidas cautelares el juez o jueza ordenará su notificación al ofensor y
ofensora y cautelará especialmente que se resguarde la seguridad de la víctima,
para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. De las medidas que
se adopten para cautelar la seguridad de la víctima y del seguimiento de las
mismas se dejará registro expreso en la causa.
Una vez practicada la notificación se deberá comunicar
de inmediato, en la forma y por los medios más expeditos posibles, esta
circunstancia al Tribunal que hubiere decretado la medida, a Carabineros de
Chile y a la fiscalía local que corresponda.”.
5) Agrégase en el artículo 96 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando su
actual inciso tercero a ser inciso cuarto:
“El sometimiento de las partes a mediación no se aplicará en aquellos casos
en que la violencia haya sido ejercida en contra de una persona con quien el
ofensor u ofensora tenga hijos o hijas, o haya tenido una relación de pareja
con o sin convivencia. En tales casos, el juez o jueza deberá cautelar
personalmente que las obligaciones que se establezcan en virtud de la letra a)
del inciso primero ofrezcan una satisfacción efectiva a la víctima y sus hijos
e hijas, en caso que corresponda, y resguarden su bienestar. Para ello, el juez o jueza deberá citar a una
audiencia para efectos de acordar las condiciones de la suspensión de la
dictación de la sentencia, para cuya realización la víctima deberá comparecer
con su abogado o abogada.”.
6) Sustitúyese el inciso sexto del artículo 106 por el siguiente, nuevo:
“Tampoco se someterán a mediación los asuntos, incluidos aquéllos
mencionados en el inciso primero, en que una de ellas haya sido condenada por
delitos constitutivos de violencia intrafamiliar o tenga anotaciones en el
Registro Especial establecido en el artículo 12 de la ley N° 20.066, por
agredir a la otra. Asimismo, no se someterán a mediación los asuntos en que
exista una medida cautelar o de protección vigente entre las partes.”.
Artículo 30.- Introdúcense las siguientes
modificaciones al Código Penal:
1) Agrégase el siguiente artículo 161-C, nuevo:
“Artículo 161–C.- Será sancionado con multa de diez a
veinte unidades tributarias mensuales, el que, sin la autorización de la
persona afectada, difunda por cualquier medio, sea físico o electrónico,
imágenes o vídeos de una persona mayor de 18 años, que hubiere obtenido con su
anuencia en un recinto particular o en lugares que no sean de libre acceso al
público, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa
persona.
Si la difusión de las imágenes o videos señalados en
el inciso primero incluye o se acompaña de información personal de la víctima
tal como su nombre, domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier otro dato
de carácter personal, se impondrá la pena de multa de quince a veinte unidades
tributarias mensuales.
Las sanciones de los incisos precedentes se aplicarán tanto a la persona
que realice la publicación o difusión del material, como a quien haya
suministrado a éste las imágenes o videos.”.
2) Agrégase en el artículo 366 el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Si el delito a que se refiere el inciso primero se realizare con una
persona mayor de catorce años, sin la concurrencia de alguna de las
circunstancias enumeradas en los artículos 361 y 363, será sancionado con
presidio menor en su grado mínimo.”.
3) Suprímese el inciso final del artículo 369.
4) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 390:
a) Agrégase, en el inciso primero, entre las palabras “conviviente” y “será”,
la frase “, civil o de hecho,”.
b) Agrégase, en el inciso segundo, entre las palabras “conviviente” y “de” la
frase “civil o de hecho”.
c) Agrégase, en el inciso segundo, entre las palabras “autor” y “el”, la frase
“o tiene o ha tenido con éste una relación de pareja sin convivencia.”.
5) Agrégase el siguiente artículo 494 ter, nuevo:
“Artículo 494 ter.- Comete acoso sexual y será
castigado con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales el que
incurriere en alguna de las siguientes conductas:
1° Captar imágenes, videos o cualquier registro
audiovisual del cuerpo o alguna parte del cuerpo de otra persona, sin su
consentimiento y con fines primordialmente sexuales, salvo que los hechos sean
constitutivos de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo
la pena asignada por la ley a éste.
2° Hostigar a otra persona mediante la exhibición de
sus genitales o realización de acciones de masturbación en lugares públicos.
También comete acoso sexual el que hostigare a otra
persona mediante gestos o expresiones verbales de carácter sexual explícito. En
este caso, la pena será de una Unidad Tributaria Mensual.”.
Artículo 31.- Introdúcese en el artículo 5
del decreto ley N° 3.500, el siguiente inciso tercero, nuevo:
“No tendrá la calidad de beneficiario de la pensión de
sobrevivencia quien, perteneciendo al grupo familiar mencionado en el inciso
primero, haya sido condenado o condenada por el homicidio o femicidio del o la
causante.”.
DISPOSICIÓN
TRANSITORIA
Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la
aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en
vigencia, se financiará con cargo al presupuesto de las Partidas del Ministerio
de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Salud y del Ministerio
Público, según corresponda y, en lo que faltare, con recursos provenientes de
la Partida Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los
recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público.”.
Dios guarde a V.E.
MICHELLE
BACHELET JERIA
Presidenta
de la República
MARIO FERNÁNDEZ BAEZA
Ministro del Interior
y Seguridad Pública
RODRIGO VALDÉS
PULIDO
Ministro de Hacienda
MARCOS BARRAZA GÓMEZ
Ministro de Desarrollo Social
ADRIANA DELPIANO PUELMA
Ministra de
Educación
JAIME CAMPOS QUIROGA
Ministro de
Justicia
y Derechos Humanos
ALEJANDRA
KRAUSS VALLE
Ministra del Trabajo
y Previsión Social
CLAUDIA
PASCUAL GRAU
Ministra de la Mujer
y Equidad de Género
CARMEN
CASTILLO TAUCHER
Ministra de Salud
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